Suiza permite usar los datos para probar el fraude fiscal de G¨¹rtel

El Ministerio de Justicia de Suiza ha resuelto, seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas helv¨¦ticas a EL PA?S, permitir a la justicia espa?ola el uso de los datos aportados por las comisiones rogatorias en el caso G¨¹rtel para probar los delitos de defraudaci¨®n fiscal presuntamente cometidos por Luis B¨¢rcenas y los otros cinco acusados en la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto L¨®pez Viejo, Guillermo Ortega y Arturo Gonz¨¢lez Panero.

El juicio de la primera etapa del caso G¨¹rtel (1999-2005) comienza el 4 de octubre de 2016 y la Oficina Federal de la Justicia (OFJ), con sede en Berna, ha tardado 15 meses en resolver la petici¨®n de las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicol¨¢s, quienes desde la Anticorrupci¨®n han llevado la investigaci¨®n de la trama. Esta solicitud fue respaldada por Pablo Ruz el 16 de abril de 2015, ¨²ltimo d¨ªa de su actuaci¨®n al frente del juzgado central de instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional. Ese d¨ªa, el juez firm¨® el auto en el que solicitaba la autorizaci¨®n a trav¨¦s de una nueva comisi¨®n rogatoria dirigida a las autoridades helv¨¦ticas.

Los delitos fiscales son muy relevantes en el auto de apertura de juicio oral del caso G¨¹rtel. En el caso de Luis B¨¢rcenas, por ejemplo, se piden 42 a?os y medio de prisi¨®n, de los cuales 26 a?os se fundamentan en 17 delitos contra la Hacienda p¨²blica. Tanto las fiscales como el juez solicitaron autorizaci¨®n expresa para usar los datos en abril de 2014 como indicios y pruebas en relaci¨®n con los delitos fiscales. Esta solicitud es un requisito de la legislaci¨®n helv¨¦tica que env¨ªa la informaci¨®n a trav¨¦s de comisiones rogatorias donde siempre se hace constar la llamada ¡°reserva de especialidad¡±.

Esta reserva impide usar los datos cuando se trata de probar delitos fiscales entendidos como evasi¨®n (pagar menos impuestos de los que se deber¨ªa). ?Por qu¨¦? Porque en Suiza pagar menos impuestos directos no es un delito. Y para que los datos puedan ser usados, en este caso en Espa?a, debe haber doble incriminaci¨®n: debe ser delito en Espa?a y en Suiza. Por tanto, las autoridades espa?olas pod¨ªan usar la informaci¨®n para todos los delitos (blanqueo, cohecho, y otros), pero no para delitos fiscales. Sin embargo, en Suiza existe el delito de defraudaci¨®n fiscal o escroquerie: el montaje de un esquema con falsedades documentales y sociedades pantallas para defraudar a Hacienda.

En este contexto, la OFJ extendi¨® el 14 de abril de 2014 autorizaci¨®n para utilizar la informaci¨®n tambi¨¦n por delito fiscal. Pero no comunic¨® a las defensas de los encausados la decisi¨®n, por lo que el abogado de B¨¢rcenas recurri¨®, lo que llev¨® a la suspensi¨®n de la autorizaci¨®n. Posteriormente, en noviembre de ese a?o, el Tribunal Penal Federal decidi¨® anular el permiso y orden¨® repetir todo el procedimiento de autorizaci¨®n.

Adem¨¢s de las razones de orden formal, otra cosa que ha debido subsanar la OFJ ha sido la falta de un dictamen para perfilar el delito de defraudaci¨®n fiscal. Se trata de un informe que debe realizar la Administration F¨¦d¨¦rale des Contributions (AFC), agencia tributaria federal. Cuando la OFJ autoriz¨® a usar los datos en 2014, faltaba dicho dictamen. La nueva informaci¨®n aportada por las fiscales y el juez Ruz llev¨® a la AFC a hacer un dictamen en agosto de 2015. Seg¨²n la informaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S, dicho dictamen, firmado por Daniel Ruffi, responsable de asistencia judicial en materia fiscal, y Ra¨²l Su¨¢rez, jurista en la AFC, se?alaba que ¡°las autoridades espa?olas han aportado suficientes elementos para demostrar que las sociedades [utilizadas por los imputados] no eran m¨¢s que sociedades pantalla o testaferros destinados a ocultar el patrimonio y los ingresos de las personas implicadas y asegurarles un tren de vida confortable, evitando la imposici¨®n por parte de las autoridades fiscales¡±.

Asimismo, advert¨ªa que ¡°la amplitud del fraude fiscal¡± permite calificar los hechos cometidos por B¨¢rcenas, los l¨ªderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo; el exconsejero de Madrid Alberto L¨®pez Viejo; y los exalcaldes de Majadahonda, Guillermo Ortega, y de Boadilla del Monte, Arturo Gonz¨¢lez Panero, de defraudaci¨®n fiscal ¡°en el sentido de los art¨ªculos 14 de la ley federal sobre el derecho penal administrativo¡±.

La OFJ, seg¨²n ha sabido este peri¨®dico, ha asumido en su resoluci¨®n dicho punto de vista. La comunicaci¨®n ya ha salido con destino a la Audiencia Nacional. La defensa de los acusados ha podido hacer alegaciones ante la OFJ, al igual que la Fiscal¨ªa helv¨¦tica y la justicia espa?ola antes de adoptarse esta resoluci¨®n.

Una vez comunicada la decisi¨®n, las defensas tienen 10 d¨ªas para recurrir. La decisi¨®n adoptada puede ser recurrida por los acusados ante el Tribunal Penal Federal (TPF) y finalmente ante el Tribunal Federal helv¨¦tico (tribunal supremo). Fuentes juridicas se?alan que el tema podr¨ªa quedar zanjado en coincidencia con el inicio del juicio del caso G¨¹rtel el pr¨®ximo 4 de octubre o un poco despu¨¦s. Ser¨¢ el TPF el que tendr¨¢ que resolver si suspende la nueva autorizaci¨®n hasta resolver el tema de fondo.