Instituciones Penitenciarias investiga supuestas agresiones a presos en Sevilla
La actuaci¨®n se inicia tras una inspecci¨®n del Defensor del Pueblo a la prisi¨®n de Mor¨®n
La Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias investiga posibles agresiones de funcionarios a internos de la c¨¢rcel de Sevilla II, en la localidad de Mor¨®n de la Frontera. El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, inici¨® esta actuaci¨®n tras la petici¨®n realizada por el Defensor del Pueblo, quien detect¨® estos supuestos casos durante una visita a la prisi¨®n sevillana en 2015. Seg¨²n el informe Mecanismo Nacional de Prevenci¨®n de la Tortura 2015, que elabora el departamento de Soledad Becerril, en dicha inspecci¨®n se encontraron partes de lesiones en los que los presos alegaban haber sido agredidos por los trabajadores.
En el examen de la documentaci¨®n encontrada, el Defensor del Pueblo detalla que, pese a las denuncias formuladas por los internos, no consta que la instituci¨®n penitenciaria realizara actuaciones "para contrastar la veracidad de dichas alegaciones", lo que "fue confirmado por la direcci¨®n del centro, que se limita a remitir los partes de lesiones a la autoridad judicial". Asimismo, y como ocurri¨® en la visita a la prisi¨®n catalana de Brians I, los inspectores entrevistaron "reservadamente" a varios internos que aseguraban haber recibido malos tratos mientras se le aplicaban medios coercitivos.
Ante esta situaci¨®n, la Oficina del Defensor del Pueblo pidi¨® a Instituciones Penitenciarias que realizara una investigaci¨®n con profundidad sobre la prisi¨®n sevillana, sugerencia que, seg¨²n el informe de 2015, "ya ha sido aceptada". De igual modo, el organismo de Becerril propuso que se planificasen acciones integrales en esta prisi¨®n con el objetivo de disminuir "los incidentes y la conflictividad existente" y de que se potenciasen los cursos al personal sobre resoluci¨®n pac¨ªfica de conflictos e intervenci¨®n en crisis y t¨¦cnicas verbales y no verbales para abortar "episodios incipientes de agresividad sin tener que adoptar medios coercitivos".
La defensora del Pueblo tambi¨¦n denuncia que los responsables de la c¨¢rcel de Mor¨®n "no han elaborado ni puesto en pr¨¢ctica ning¨²n programa especial ni medidas concretas para disminuir el n¨²mero de autolesiones", sino que "se consideraban llamadas de atenci¨®n o manipulaciones, se atribu¨ªan al car¨¢cter psicop¨¢tico, antisocial o manipulativo de los reclusos y se les aplicaban medidas regimentales". En este sentido, Becerril sugiere a la direcci¨®n del centro que revise el tratamiento que da a las autolesiones, "de forma que el enfoque sea m¨¢s respetuoso con los derechos de los internos".
En la memoria, la defensora del Pueblo se?ala que estos casos, "en ocasiones", tienen lugar "como expresiones de angustia incoercible que no reciben un adecuado tratamiento m¨¦dico o psiqui¨¢trico y, en otros casos, se trata de una forma de expresar demandas a la instituci¨®n relacionadas con derechos (atenci¨®n en salud, visitas y contactos con familiares, cambios de m¨®dulo o de compa?eros de celda)". Frente a ello, considera que, en el caso de las autolesiones que se realizan como forma de expresar demandas a la administraci¨®n penitenciaria, "es necesario buscar v¨ªas para que estas puedan producirse por canales normales y obtengan respuestas razonables a las demandas que as¨ª lo sean y respuestas justificadas a las que no". Asimismo, a?ade que se podr¨ªan realizar programas psicol¨®gicos especiales y espec¨ªficos para el manejo de la angustia y la impulsividad y el fomento de conductas alternativas y disponer de, al menos, una o dos habitaciones de aislamiento libres de riesgo de autolesi¨®n.
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