Espa?a paga de m¨¢s por sus grandes sistemas de armas
El Tribunal de Cuentas desvela abono de sobrecostes, exceso de financiaci¨®n y renuncia a cobrar penalizaciones por retrasos en programas de Defensa
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anul¨® el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ej¨¦rcito de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa B¨¢rbara Sistemas (GDSBS). En su resoluci¨®n, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitaci¨®n ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la n¨²mero 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 a?os.
Lo que no explicaba la resoluci¨®n es que lo que se buscaba con esta adjudicaci¨®n es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de m¨¢s, aunque para ello se recurriera a una f¨®rmula de dudosa legalidad.
La explicaci¨®n figura en el folio 127 del Informe de Fiscalizaci¨®n de la Financiaci¨®n Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas. El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperaci¨®n ten¨ªa un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones. Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, ¡°un exceso de financiaci¨®n de 18,8 millones¡±; justo el importe de la adjudicaci¨®n anulada por Hacienda. Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: ¡°Esta cantidad se encuentra en tr¨¢mites de regularizaci¨®n, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociaci¨®n¡±. A la postre, sin embargo, la regularizaci¨®n ha resultado irregular.
Santa B¨¢rbara ha recibido 18,8 millones de sobrefinanciaci¨®n
Los t¨¦cnicos se opusieron a pagar? 43,6 millones de gastos no previstos por el carro de combate Leopard
Se paralizaron los expedientes para penalizar con 31,7 millones a Navantia
No es la ¨²nica anomal¨ªa constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ej¨¦rcito espa?ol. Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, b¨¢sicamente, de los problemas que la compa?¨ªa espa?ola SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnol¨®gico alem¨¢n Renk.
El Tribunal de Cuentas considera ¡°indudable¡± que ¡°las circunstancias t¨¦cnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales¡± en programas de estas caracter¨ªsticas ¡°exceden los cauces de contrataci¨®n ordinaria¡±, pero agrega que SAPA conoc¨ªa las condiciones de suministro y las acept¨®, que el contrato ya preve¨ªa un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operaci¨®n cont¨® con un 100% de financiaci¨®n p¨²blica, por lo que el riesgo financiero era cero.
El riesgo de la falta de personal para controlar contratos por 30.000 millones
El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuraci¨®n del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un ¡°importante esfuerzo de centralizaci¨®n y simplificaci¨®n¡± de las estructuras de gesti¨®n de los grandes programas de armamento, hasta entonces ¡°altamente compartimentada y en ocasiones redundante¡±, lo que ¡°derivaba en una dispersi¨®n de competencias e imped¨ªa un seguimiento y control adecuado¡±.
Ahora advierte de otro riesgo: la infradotaci¨®n de medios humanos. Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que m¨¢s del 40% del personal pertenece a la empresa p¨²blica Isdefe. A ello se suma la alta rotaci¨®n de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, de que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional. Como ejemplo, advierte de que la ausencia de representantes espa?oles en la oficina internacional del programa del misil Iris T (en el que Espa?a gasta 282,4 millones) ¡°conlleva una p¨¦rdida significativa, cuando no decisiva, sobre su gesti¨®n y conocimiento¡±.
La Oficina del Programa Leopardo advirti¨® de que los sobrecostes no eran culpa de la Administraci¨®n, ¡°sino de la falta de control del contratista principal (GDSBS)¡±, y se opuso a la pretensi¨®n de que se quisieran cargar beneficios sobre unos gastos sobrevenidos y extraordinarios.
¡°No obstante lo anterior¡±, constata el Tribunal de Cuentas, ¡°ni el Asesor Jur¨ªdico ni el Interventor se han opuesto a la solicitud de extracostes¡±, que han sido reconocidos por Defensa.
El informe llama la atenci¨®n sobre un hecho ins¨®lito: Santa B¨¢rbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas p¨²blicas) que data de 1981 y ¡°contiene un r¨¦gimen jur¨ªdico m¨¢s beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general¡±. Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debi¨® liquidarse hace a?os.
Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como p¨²blicas, no lo es menos que p¨²blicas lo hagan como privadas. El Tribunal de Cuentas se extra?a de que el convenio entre Defensa y el astillero p¨²blico Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan. El informe alega que el ¨¢nimo de lucro, ¡°principal incentivo para el empresario particular¡±, no tiene sentido en una sociedad p¨²blica, que est¨¢ obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podr¨ªa considerarse ¡°un exceso de financiaci¨®n p¨²blica¡±.
Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de ¡°margen industrial¡±, para hacer frente a los ¡°riesgos relativos¡± a la ejecuci¨®n de los programas. En esos riesgos no se incluye la revisi¨®n de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acci¨®n Mar¨ªtima (BAM).
La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros. Sin embargo, ¡°por una causa que no se ha justificado¡±, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanci¨®n alguna.
Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivar¨¢ el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.
Quien no se retras¨® en la entrega fue el consorcio fabricante del avi¨®n de combate europeo Eurofighter. Adem¨¢s de los 47 cazas ya en servicio en el Ej¨¦rcito del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres a?os en la base a¨¦rea de Los Llanos (Albacete), que Espa?a no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el d¨¦ficit p¨²blico.
Adem¨¢s, tres helic¨®pteros NH-90 est¨¢n depositados ¡°temporalmente¡± en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ej¨¦rcito de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.
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