Las vacaciones del Constitucional frenan la actividad del Congreso
El tribunal no estudiar¨¢ el recurso de las Cortes hasta finales de septiembre
La previsi¨®n de que la pr¨®xima semana resulte fallida la investidura de Mariano Rajoy abre de nuevo el debate que se produjo en la pasada legislatura sobre la posibilidad de que el Congreso inicie su actividad plena, especialmente la de control al Gobierno en funciones. Y el debate y las dudas se prolongar¨¢n por falta de nuevo de pautas y precedentes.
En todo caso, la actividad del Congreso, en el periodo de vac¨ªo institucional por falta de Gobierno, quedar¨¢ frenada por las vacaciones del Tribunal Constitucional. Hasta la ¨²ltima semana del mes de septiembre no est¨¢ previsto que los magistrados se re¨²nan en pleno para estudiar el recurso que present¨® el Congreso contra la decisi¨®n del Gobierno de Rajoy de negarse a someterse al control parlamentario que fue admitido a tr¨¢mite el 13 de junio. Y, sin sentencia, la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los representantes del PP en la Mesa no pondr¨¢n en marcha la actividad plena de la C¨¢mara.
De hecho, los dem¨¢s grupos ni siquiera han presentado esta vez tantas iniciativas de control al Gobierno, a la espera de que el Constitucional resuelva el embrollo.
Legislatura a c¨¢mara lenta
La actividad del Congreso avanza a c¨¢mara lenta, incluso en comparaci¨®n con la anterior legislatura. Este juevs se reunir¨¢ la Mesa para cerrar la distribuci¨®n de esca?os y para ordenar y convocar oficialmente el debate de investidura de la semana pr¨®xima. Empezar¨¢ el martes por la ma?ana con la intervenci¨®n de Mariano Rajoy y por la tarde el resto de grupos de mayor a menor para que se vote el mi¨¦rcoles a mediod¨ªa.
No est¨¢ previsto que se califiquen a¨²n las iniciativas de los grupos y todas tendr¨¢n que esperar a dentro de dos semanas, como m¨ªnimo, tras la investidura fallida. Entre las que esperan ese tr¨¢mite de calificaci¨®n se encuentra la petici¨®n del PSOE para crear una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso G¨¹rtel, similar a la que Ciudadanos ha pactado con el PP.
El art¨ªculo 75 de la ley del tribunal establece que el Constitucional ¡°resolver¨¢ dentro del mes siguiente a la expiraci¨®n del plazo de alegaciones¡±. Ese plazo termina a finales de agosto, porque el propio tribunal habilit¨® este mes en una providencia a efectos de c¨®mputo de plazos y de registro, como consecuencia del conflicto con el Parlament de Catalu?a y el proceso soberanista.
A pesar de eso, fuentes oficiales del Tribunal Constitucional dan por hecho que ese plazo de un mes no se va a cumplir en este caso. La consecuencia es que el bloqueo del Parlamento se extender¨¢ al menos durante ese tiempo y, de hecho, el Gobierno en funciones prolongar¨¢ su posici¨®n de negarse a ser sometido a control, sea cual sea la sentencia. El calendario y la casualidad de que coincida con agosto, mes de vacaciones de los magistrados del Constitucional, prolonga el bloqueo y favorece al Gobierno en funciones.
La decisi¨®n de llevar este asunto al Constitucional fue adoptada la pasada legislatura por todos los partidos, salvo el PP, despu¨¦s de que media docena de ministros, encabezados por el presidente del Gobierno, dieran sucesivos plantones al Congreso y a las peticiones de comparecencia. Ahora la diferencia es que ya est¨¢ planteado el conflicto y, por tanto, es necesario esperar a la resoluci¨®n en el Constitucional. Y, adem¨¢s, la presidencia del Congreso est¨¢ en manos del PP y no del PSOE como antes. Por tanto, el partido del Gobierno tiene cierto margen de maniobra para ralentizar la actividad de la C¨¢mara.
De hecho, a¨²n no se han constituido las comisiones parlamentarias, a diferencia de lo que ocurri¨® en la pasada legislatura cuando no se esper¨® al debate de investidura que luego result¨® fallido.
El pasado mes de julio el Constitucional recibi¨® las alegaciones del Congreso, del Senado y del Gobierno. El Ejecutivo en funciones sosten¨ªa que no puede responder ante un Parlamento que no es el que le ha elegido y que, por tanto, no debe someterse a su control.
El Congreso y el Senado coincid¨ªan, pese a que la C¨¢mara Alta est¨¢ en manos del PP, en que el Gobierno en funciones puede ser controlado en las decisiones que adopte en esa condici¨®n y con esas limitaciones legales en sus competencias.
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