Jueces y fiscales piden m¨¢s concreci¨®n al pacto de PP y Ciudadanos
Las asociaciones creen que el cese del fiscal general por el Congreso puede encajar en la Constituci¨®n
La posibilidad, contemplada en el acuerdo de investidura firmado el domingo entre el PP y Ciudadanos, de que el Congreso de los Diputados pueda reprobar y, en su caso, cesar al fiscal general del Estado ha sido acogida con tibieza en el ministerio p¨²blico. La Asociaci¨®n de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de signo conservador, considera que la medida puede suponer una mayor desconexi¨®n entre el fiscal general y el Gobierno que lo nombra, lo que en principio contemplan como algo positivo. La Uni¨®n Progresista de Fiscales, por su parte, entiende que la propuesta pactada por ambos partidos, es de una "indefinici¨®n absoluta y desconcertante".
El punto 143 de los 150 que componen el acuerdo entre PP y Ciudadanos se refiere a la hipot¨¦tica reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal? "para fortalecer su autonom¨ªa y eficacia". Los partidos firmantes del pacto pretenden aumentar de 15 a 20 a?os el tiempo de ejercicio profesional del jurista de reconocido prestigio nombrado por el Ejecutivo para dirigir la Fiscal¨ªa y regular un "mecanismo de reprobaci¨®n y posterior cese" del fiscal general por la C¨¢mara baja. Este punto, muy gen¨¦rico, no detalla ni las mayor¨ªas parlamentarias requeridas ni los motivos para la revocaci¨®n del jefe de los fiscales.
El actual Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento del ministerio p¨²blico, contempla que el Consejo de Ministros pueda revocar el mandato del fiscal general por "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". ?lvaro Garc¨ªa, portavoz de la asociaci¨®n progresista, afirma que el texto pactado por PP y Ciudadanos "es tan absolutamente gen¨¦rico que no se sabe a qu¨¦ se refiere". Seg¨²n ¨¦l, habr¨ªa que ver qu¨¦ desarrollo legislativo tiene la medida. "Si la raz¨®n del cese es una mera p¨¦rdida de confianza del parlamento, ser¨ªa atacar la independencia de la Fiscal¨ªa", afirma.
Emilio Fr¨ªas, portavoz de la Asociaci¨®n de Fiscales, insiste en que su prioridad es "potenciar las funciones del Consejo Fiscal para controlar las decisiones jur¨ªdicas del fiscal general", aunque considera que el control parlamentario puede suponer "desconectar al fiscal general del Ejecutivo", lo que consideran un avance para la independencia del Ministerio P¨²blico. Fr¨ªas reclama tambi¨¦n ¡°separar el mandato temporal del fiscal general del mandato del Gobierno¡± que lo nombra.
El paso de la ¡°derogaci¨®n¡± al ¡°seguimiento¡±
El pacto de investidura que firmaron el pasado febrero el secretario general del PSOE, Pedro S¨¢nchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, contemplaba la ¡°derogaci¨®n¡± inmediata de la limitaci¨®n a seis meses del plazo para la investigaci¨®n de causas penales que el PP incluy¨® en su ¨²ltima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en diciembre de 2015.
En su nuevo pacto con el PP, Ciudadanos omite la derogaci¨®n de ese art¨ªculo ¡ªel 324¡ª y acuerda ¡°realizar un seguimiento¡± de los efectos de la norma que recorta el plazo de instrucci¨®n judicial con car¨¢cter general a medio a?o. Este seguimiento de la criticada ¡°ley de punto final¡±, que obligaba a revisar casi 540.000 causas penales antes del 6 de junio, servir¨¢, seg¨²n el nuevo pacto para ¡°tener una visi¨®n objetiva de la eficacia de la norma¡± antes de ¡°cualquier decisi¨®n sobre su modificaci¨®n¡±.
En el acuerdo con el PP, Ciudadanos tampoco plantea, como s¨ª hizo con el PSOE en febrero, la derogaci¨®n de la prisi¨®n permanente revisable.
Ninguna de las asociaciones ve inconveniente constitucional en el cese parlamentario del fiscal general. La Constituci¨®n ¨²nicamente prev¨¦ que este sea nombrado por el Gobierno, pero no impide que pueda ser separado del cargo por el Congreso.
Ignacio Gonz¨¢lez Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, tambi¨¦n de car¨¢cter progresista, no ve en principio una mala idea la posibilidad de que el Congreso pueda revocar al fiscal general, aunque opina que la propuesta de PP y Ciudadanos no es m¨¢s que una generalidad y habr¨ªa que especificar las causas de reprobaci¨®n y las mayor¨ªas necesarias para el cese.
Gonz¨¢lez Vega se ha referido a la posibilidad, tambi¨¦n pactada entre ambos partidos, de que 12 de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los propios jueces. El representante de JpD ha abogado por un pacto de Estado entre las principales fuerzas parlamentarias para lograr un sistema que ¡°integre a las diferentes sensibilidades de la carrera judicial¡± y en el que las minor¨ªas se vean representadas.
La conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, en declaraciones a Europa Press, reclama tambi¨¦n que se especifique en qu¨¦ casos y con qu¨¦ mayor¨ªas se podr¨ªa reprobar al fiscal general. Este grupo, mayoritario en la judicatura, ha aplaudido la elecci¨®n directa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y lo consideran la vuelta al sistema "m¨¢s acorde" con el esp¨ªritu de la Constituci¨®n.
El portavos del Foro Judicial Independiente Alejandro Vega afirm¨® que el pacto es ¡°un buen punto de partida¡± pero que ¡°hace falta mayor consenso y que se incorporen otras fuerzas y en especial el PSOE¡±. Esta asociaci¨®n reclam¨® tambi¨¦n que las promesas de mejoras materiales y tecnol¨®gicas en la Justicia vayan acompa?adas de ¡°apoyo presupuestario¡±.
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