Una juez abre juicio oral contra nueve personas por la formaci¨®n en Andaluc¨ªa

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla, Patricia Fern¨¢ndez, ha abierto juicio oral contra el empresario?Jos¨¦ Sivianes y otras ocho personas por un presunto fraude en las subvenciones para cursos de formaci¨®n que su compa?¨ªa recibi¨® del Gobierno andaluz entre 2010 y 2012. Seg¨²n el auto,?la entidad Formaci¨®n Integral para el Empleo sum¨® en ese periodo?m¨¢s de cinco millones de euros para programas que presentan "numerosas irregularidades". La magistrada censura que el supuesto fraude fue posible gracias al sistema de control de la Junta de Andaluc¨ªa, que se limitaba "a una comprobaci¨®n formal del dinero empleado".?Esta resoluci¨®n ahonda en las diferencias entre los propios magistrados que investigan la causa de la formaci¨®n?sobre la responsabilidad de la Administraci¨®n.?

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En su resoluci¨®n, la juez se?ala que los nueve acusados lograron armar "un entramado documental" para justificar ante la Junta las ayudas recibidas para los cursos, cuyo coste real era un "70% menos" que el que la compa?¨ªa declaraba a la Administraci¨®n. As¨ª, "gran parte del dinero defraudado se canaliz¨® a trav¨¦s de la simulaci¨®n de la cesi¨®n del servicio de docencia, la duplicidad en las horas facturadas y operaciones de ampliaci¨®n de capital que no son sino mecanismos ficticios". "De esta forma, si el coste real de la hora de clase de un docente era 20 euros, se facturaban a 80 euros. Y el mismo concepto se facturaba por duplicado", explica la magistrada. Asimismo, se facturaba el alquiler de equipos o mobiliario a un coste "notablemente superior" o productos inexistentes o no suministrados. En este sentido, el empresario utiliz¨® para justificar las subvenciones con facturas falsas de dos sociedades, Vicafer Gesti¨®n y Bio Oil Do?ana, que operan en el sector del aceite para mayoristas. Acusados?de presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, la juez ha impuesto una fianza de 3 millones para?Sivianes y su mujer, y de 20.000 euros para los otros siete acusados.

La magistrada se?ala en su escrito que estas irregularidades eran posibles gracias al sistema que la Junta ten¨ªa implantado para justificar las subvenciones. Seg¨²n la juez, los beneficiarios "no estaban obligados a aportar a la Administraci¨®n las facturas sino solo obligados a almacenarlas y, presentar, simplemente, un informe de auditor¨ªa externa que ellos mismos pagaban con cargo a las subvenciones obtenidas". Fern¨¢ndez censura que la Junta "se limitaba a?una comprobaci¨®n formal del dinero empleado, es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".

La resoluci¨®n de Fern¨¢ndez sobre el papel de la Junta pone de manifiesto las diferencias entre los instructores sobre este aspecto. El pasado junio, la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Ja¨¦n, Carmen Ballesteros, archivaba la investigaci¨®n sobre el fraude en esta provincia andaluza y aseguraba que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andaluc¨ªa destina al pago de tales subvenciones [...] fueran malversados con el visto bueno, autorizaci¨®n o por desidia de la propia Administraci¨®n". Al contrario, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Huelva, Javier Romero,?consideraba semanas antes al Gobierno andaluz responsable "por acci¨®n u omisi¨®n del despilfarro" de estos fondos p¨²blicos. El titular censuraba la "absoluta falta de control en todas las fases" por parte del Ejecutivo aut¨®nomo, al que recriminaba que permitiera la picaresca de estos empresarios, que inflaban sus facturas con los conceptos m¨¢s disparatados.?

Desde que el supuesto fraude en la formaci¨®n saltara hace m¨¢s de dos a?os, m¨¢s de una decena de juzgados de la comunidad contin¨²an investig¨¢ndolo. Durante este periodo, se han ido archivando o desgajando en piezas en funci¨®n de las empresas o ayudas. Asimismo, el pasado julio, la Audiencia de M¨¢laga ya?conden¨® a un empresario a dos a?os y medio de prisi¨®n por un delito contra la Hacienda P¨²blica y otro de estafa en dos cursos de formaci¨®n.

Paralela a la investigaci¨®n judicial, el Parlamento andaluz celebr¨® antes de verano una comisi¨®n de investigaci¨®n para analizar el papel del Ejecutivo en la gesti¨®n de estas ayudas. A la espera de que los partidos pol¨ªticos presenten oficialmente sus conclusiones, solo los socialistas niegan que existan responsabilidades pol¨ªticas. El PP y Podemos concluyen que deben responder tanto la actual presidenta, Susana D¨ªaz, como sus antecesores, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como una treintena de altos cargos.?

La inversi¨®n total de la Junta en formaci¨®n en la d¨¦cada de mayor inversi¨®n (2002-2012) asciende a 2.896 millones. Seg¨²n los datos facilitados por la Consejer¨ªa de Empleo a finales de mayo, el Ejecutivo andaluz reclama en firme 90 millones y otros 51 est¨¢n en periodo de alegaciones por parte de las compa?¨ªas. De estos, se han recuperado 7,6 millones.?