Interior pone la formaci¨®n policial en manos de una universidad cat¨®lica
La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa firma un contrato con la Universidad Cat¨®lica de ?vila "porque es m¨¢s barata" que la de Salamanca, tras 28 a?os de relaci¨®n con esta ¨²ltima
Una diferencia de 18 euros por hora de clase ha propiciado que la formaci¨®n de los nuevos inspectores de polic¨ªa la impartan a partir de ahora docentes de la Universidad Cat¨®lica de ?vila (UCAV) en lugar de catedr¨¢ticos de la Universidad de Salamanca (USAL), como suced¨ªa desde hace 28 a?os. La escuela de polic¨ªas de ?vila, Direcci¨®n General de Polic¨ªa (DGP) mediante, ha firmado un contrato de colaboraci¨®n con esa entidad privada y religiosa. ¡°Es la oferta m¨¢s barata¡±, justifican. El ministerio dice haberse ¡°mantenido ajeno¡± a este acuerdo.
Nadie parece querer hacerse responsable de una decisi¨®n que ha generado ampollas en el ¨¢mbito educativo porque lo que est¨¢ en juego no es una mera cuesti¨®n econ¨®mica ¡ªsupuestamente la Universidad de ?vila rebaja casi a la mitad el coste del ¡°servicio¡±, de 200.000 a 100.000 euros¡ª sino el modelo de formaci¨®n policial espa?ol y, en consecuencia, los valores que defender¨¢n en el desempe?o de sus funciones los futuros agentes.
30 puntos para todas las concursantes
La Mesa de Contrataci¨®n que analiza las ofertas presentadas a concurso por las universidades para colaborar en la educaci¨®n de los inspectores de polic¨ªa de la academia de ?vila le dio la misma puntuaci¨®n a las tres concursantes en los aspectos t¨¦cnicos: ¡°30 puntos¡±, seg¨²n el vicerrector de docencia de la USAL, Jos¨¦ ?ngel Dom¨ªnguez. No le dio m¨¢s valor al hecho de que la universidad de Salamanca lleve casi 30 a?os de colaboraci¨®n con la academia, que tenga por ello un Centro de Ciencias de la Seguridad (con un Grado de Criminolog¨ªa y un laboratorio de criminal¨ªstica incluido) o la relaci¨®n rec¨ªproca fraguada en este tiempo con una veintena de profesores-polic¨ªas de la academia que ya imparten clases en la USAL.
¡°Nunca ser¨¢n lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedr¨¢tico de una universidad p¨²blica que por uno de una cat¨®lica y privada, en la que manda el obispo¡±, se?ala uno de los profesores de Derecho Penal de la USAL que hasta ahora daba clases en la academia de polic¨ªas.
El Ministerio del Interior, pese a las buenas relaciones que mantiene su titular en funciones, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, con el prelado Jes¨²s Garc¨ªa Burguillo, se desmarca del acuerdo y habla de ¡°decisi¨®n delegada¡± en la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa (DGP). Y esta se remite a la ¡°resoluci¨®n de una mesa de contrataci¨®n¡± responsable de dirimir si las universidades que se presentan al concurso cumplen con los requisitos. ¡°Tienen las mismas condiciones t¨¦cnicas, pero ante un m¨¢ximo de 100 euros la hora, Salamanca ofreci¨® 98, Sevilla 95 y ?vila 80¡±. El obispo, por su parte, dice: ¡°Lo m¨¢s oportuno es que se dirija a la Escuela de Polic¨ªa¡±. Y en la UCAV se niega a hacer declaraciones.
Hist¨®ricamente exist¨ªa un convenio de colaboraci¨®n entre la USAL y la academia de polic¨ªas, pero la Ley de Contratos oblig¨® a sacar el servicio a concurso hace cuatro a?os. Hasta ahora ganaba Salamanca sin competencia. Pero este a?o la balanza se decant¨® hacia ?vila, ¡°de un total de 100 puntos, 65 se le dan a la mejor oferta econ¨®mica¡±, explican en la DGP.
Pero la decisi¨®n de la mesa de contrataci¨®n ¡ªformada por un miembro de la Divisi¨®n de Formaci¨®n de la Polic¨ªa, otro de la Intervenci¨®n Delegada de Hacienda y un abogado del Estado¡ª, no entra a valorar el car¨¢cter laico de la educaci¨®n en una universidad p¨²blica frente a una cat¨®lica. Tampoco el hecho de que se privatice ese servicio. Ni que se cambie un funcionamiento hist¨®rico y com¨²n a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos acuerdos de colaboraci¨®n en los planes de estudio est¨¢n ligados a las universidades p¨²blicas de referencia (el ej¨¦rcito y la Guardia Civil con la UNED, por ejemplo).
Tampoco parece tener en cuenta este contrato de finales de septiembre el hecho de romper una relaci¨®n de 28 a?os con una de las universidades m¨¢s prestigiosas de Espa?a. ¡°Se han primado los criterios econ¨®micos sobre el prestigio acad¨¦mico y una colaboraci¨®n de d¨¦cadas¡±, dec¨ªa Daniel Hern¨¢ndez Ruip¨¦rez, rector de la USAL, que al enterarse del acuerdo el 24 de septiembre convoc¨® a los vicerrectores y decidieron que ninguno de los 19 profesores de la USAL que van a la academia volver¨ªa, pese a que el curso ya hab¨ªa empezado.
La guerra est¨¢ abierta. La primera batalla se librar¨¢ en los tribunales. El decano de la Facultad de Derecho de la USAL, Ricardo Rivero, prepara un recurso ¡°por falta de solvencia t¨¦cnica¡±. Desde la DGP abren la puerta: ¡°Lo estudiaremos con rigor¡±.
Formaci¨®n policial y Estado de derecho
?Cu¨¢l es el perfil id¨®neo para formar a los polic¨ªas en un Estado constitucional? Hasta ahora se consideraba que sus docentes deb¨ªan ser expertos en temas de seguridad, identificados con los valores de los derechos humanos, conocedores de las l¨ªneas de investigaci¨®n m¨¢s avanzadas en cuestiones t¨¦cnicas (inform¨¢tica, estad¨ªstica). Tambi¨¦n psic¨®logos especializados en criminolog¨ªa, por supuesto, preparados para despejar prejuicios discriminatorios de todo tipo.
Muy dif¨ªcil ser¨ªa aceptar que profesores de centros privados o empresarios particulares se ocuparan de dar clase a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Menos a¨²n, que alguien sin experiencia alguna asumiera la responsabilidad de transmitir convicciones sensibles en disciplinas tan relevantes como el Derecho Penal o el Procesal. ?A qui¨¦n se le ocurrir¨ªa algo as¨ª? ?Qui¨¦n podr¨ªa frivolizar con la preparaci¨®n de quienes son garantes de las libertades?
El Ministerio del Interior ha adjudicado a una universidad privada de la Iglesia la formaci¨®n de los futuros inspectores de polic¨ªa. Casi tres d¨¦cadas de trabajo conjunto de la Universidad de Salamanca con el Centro de Formaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional se ponen en riesgo con esta decisi¨®n. Si hasta ahora sus profesoras y profesores eran funcionarios y contratados ¡ªdoctores y doctoras¡ª, este curso acad¨¦mico la direcci¨®n general ha decidido que sean los de una instituci¨®n de base religiosa cat¨®lica. A mi juicio, los principios del marco normativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Espa?a impiden la externalizaci¨®n y privatizaci¨®n de la ense?anza oficial de los funcionarios policiales. Por eso, seguramente, las condiciones t¨¦cnicas de esta contrataci¨®n excluyen a las universidades que no acrediten contar entre su plantilla a profesores de los cuerpos docentes regulados en la Ley Org¨¢nica de Universidades. ?C¨®mo puede cumplir este requisito una privada?
De no haber documentado su solvencia, deber¨ªa haber sido excluida del proceso de selecci¨®n. Si no aportara evidencias suficientes sobre la capacidad profesional acreditada de miembros de su plantilla, ni siquiera podr¨ªa haber sido admitida su oferta. Es muy dif¨ªcil de concebir un resultado positivo cuando no se dan los elementos imprescindibles de la suma. ?C¨®mo aceptar la privatizaci¨®n de una actividad que requiere necesariamente funcionarios?
M¨¢s all¨¢ de la veros¨ªmil discusi¨®n sobre la ilegalidad de la adjudicaci¨®n, el punto de fondo es trascendente: ?Qu¨¦ mensajes formativos queremos que reciban los polic¨ªas de la escala ejecutiva, es decir, quienes van a llegar a ser al avanzar en su carrera nada menos que comisarios? Hasta ahora ¡ªSalmantica docet¡ª se les insist¨ªa en la defensa de los derechos humanos y las libertades p¨²blicas, desde la m¨¢s transparente de las neutralidades partidistas y el respeto al inter¨¦s general.
?Les importa a ustedes? A m¨ª mucho y no solo como profesor con docencia all¨ª desde el a?o 1993, como catedr¨¢tico de Derecho Administrativo preocupado por la falta de cumplimiento de la legalidad, como decano de una facultad destacada en la investigaci¨®n criminal¨ªstica. Soy un ciudadano que quiere vivir en una democracia y un Estado de derecho de calidad, as¨ª que considero fundamental la formaci¨®n de nuestra excelente polic¨ªa.
Ricardo Rivero Ortega es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
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