La Audiencia de Sevilla reabre el ¡®caso Aznalc¨®llar¡¯
La juez Alaya ordena como ponente reiniciar la causa que mantuvo a 15 personas imputadas
La Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso Aznalc¨®llar, una investigaci¨®n que el a?o pasado tuvo en vilo a la Junta de Andaluc¨ªa ante las sospechas de que el concurso p¨²blico para adjudicar la explotaci¨®n de la mina fuera ama?ado. Hace un a?o, la instructora Patricia Fern¨¢ndez, que imput¨® a 15 cargos y funcionarios del Gobierno, cerr¨® el caso tras seis meses de pesquisas. Ahora, la juez Mercedes Alaya, ponente del auto de la Audiencia, ordena m¨¢s pruebas para aclarar si hubo delito en la reapertura de la mina tras el desastre medioambiental de 1998.
La magistrada ponente del auto de la Audiencia que reabre el caso Aznalc¨®llar ha sido Mercedes Alaya, conocida por su instrucci¨®n en el caso ERE y los cursos de formaci¨®n, por el que acus¨® a la Junta de clientelismo pol¨ªtico en el reparto de ayudas. Hace 15 meses, Alaya ascendi¨® a la Audiencia y ahora como miembro de la Secci¨®n S¨¦ptima ha atendido el recurso de la empresa minera Emerita y el pseudosindicato Manos Limpias, que recurrieron la decisi¨®n de la instructora Patricia Fern¨¢ndez para archivar el caso, con la opini¨®n coincidente de la Fiscal¨ªa de Sevilla. La difusi¨®n de la resoluci¨®n de Alaya ha coincidido hoy con el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento andaluz.
El caso Aznalc¨®llar dificult¨® la investidura de la presidenta andaluza, Susana D¨ªaz, lograda finalmente en junio de 2015 gracias al apoyo de Ciudadanos. Ante la contundencia de los primeros autos de la juez, en los que conclu¨ªa que exist¨ªan ¡°graves irregularidades¡± en el concurso p¨²blico de la explotaci¨®n minera, y que este carec¨ªa del ¡°m¨ªnimo rigor¡±, la oposici¨®n pidi¨® explicaciones al Gobierno andaluz. Durante la investigaci¨®n, la polic¨ªa incluso acus¨® a la Junta de ama?ar el concurso para conceder la mina y vulnerar el procedimiento que fija la ley.
Las citaciones, mejor en papel que grabadas
La juez Mercedes Alaya ¡ªcomo ponente del auto¡ª marca a la instructora Patricia Fern¨¢ndez c¨®mo debe continuar la causa y hace especial hincapi¨¦ en la sugerencia para que el secretario del juzgado levante acta escrita de las declaraciones, en vez de grabarlas en v¨ªdeo. Durante su instrucci¨®n en el caso ERE, Alaya se neg¨® por sistema a grabar las decenas de comparecencias de testigos e imputados, pese a las peticiones de los abogados, para as¨ª lograr que todo figurara en papel.
En su auto, la Audiencia deja libertad a la instructora para que acudan al juzgado como investigados los miembros de la comisi¨®n t¨¦cnica y mesa de contrataci¨®n del concurso, pero lo sugiere ¡°por su importancia¡±, al igual que los dos responsables de la empresa que gan¨® el concurso, Minorbis. ¡°La sala entiende relevantes sus declaraciones¡±, apunta Alaya.
Finalmente, Ciudadanos dio el apoyo a D¨ªaz y meses despu¨¦s la juez cambi¨® su postura inicial y decidi¨® archivar el sumario.
Ahora, la Audiencia anula el archivo de la causa, que investiga si existi¨® prevaricaci¨®n en la concesi¨®n del concurso p¨²blico ganado por la multinacional Grupo M¨¦xico y la firma andaluza Minorbis. De entrada, los jueces subrayan que los indicios incluidos en el sumario apuntan a que s¨ª hubo delito: ¡°No se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricaci¨®n dado el elevado n¨²mero de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administraci¨®n auton¨®mica [la Junta andaluza], indiciariamente arbitrarios¡±.
En el concurso p¨²blico para la explotaci¨®n de la mina, la Audiencia estima que ¡°era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuaci¨®n administrativa¡± dado que en Aznalc¨®llar ocurri¨® ¡°uno de los mayores desastres ecol¨®gicos de nuestro pa¨ªs¡±. El concurso part¨ªa de un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto de competencias que enfrent¨® al Gobierno central con la Junta de Andaluc¨ªa, solucionado finalmente a favor del Gobierno regional. Los jueces destacan con dureza: ¡°Lo que hallamos aprior¨ªsticamente son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias¡± en el procedimiento administrativo.
La Audiencia obliga a la instructora a que exija a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG) un informe que ¡°por su inter¨¦s¡± considera clave y que este organismo evit¨® presentar por dos veces durante la instrucci¨®n. Los jueces de la Secci¨®n S¨¦ptima rechazan el resto de pruebas pedidas por Emerita, pero s¨ª le pide a la Junta que incorpore una resoluci¨®n de la Junta para autorizar el pasado 3 de junio la explotaci¨®n en Aznalc¨®llar.
Mientras, la Junta ha destacado que la ¨²nica diligencia que debe acatar la juez es la petici¨®n del informe de la CHG, un documento elaborado por un funcionario despedido y luego imputado en otra causa penal por estafa procesal y cohecho. Adem¨¢s, el Gobierno ha subrayado que para reactivar la mina tras a?os de inactividad, Grupo M¨¦xico y Minorbis han invertido m¨¢s de 5,5 millones y disponen ya de 178 trabajadores y 25 empresas auxiliares.
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