¡°La objeci¨®n de los m¨¦dicos casi me cuesta la vida¡±

¡°No he vuelto a ser la misma desde entonces¡±. Paula rompe a llorar al recordar lo que sucedi¨® hace cuatro a?os, cuando tuvo que recorrer los 600 kil¨®metros que separan Burela (Lugo) de Madrid por carretera para interrumpir su embarazo, muy deseado pero inviable.

La sanidad p¨²blica gallega se neg¨® a practicar un aborto apelando a la objeci¨®n de conciencia de los facultativos. Tras un dif¨ªcil viaje en coche, acudi¨® a la cl¨ªnica privada madrile?a que le hab¨ªa indicado el Servicio Gallego de Salud. All¨ª la trasladaron de urgencia al hospital La Paz por su grave estado. Perdi¨® el ¨²tero. La justicia, en una dura sentencia, ha condenado al Sergas a indemnizarla con 270.000 euros. La reconstrucci¨®n de su v¨ªa crucis muestra los problemas que a¨²n existen en algunos lugares de Espa?a para practicar abortos tard¨ªos y cumplir la ley. "El derecho a objetar de los m¨¦dicos casi me cuesta la vida", lamenta.

Una cadena de errores en las pruebas diagn¨®sticas llevadas a cabo en el hospital de Burela fue la que provoc¨® que se detectaran tarde, a los siete meses de embarazo, las graves alteraciones cromos¨®micas que ten¨ªa el feto y que conllevaban que este fuera ¡°incompatible con la vida¡±; es decir, que no pod¨ªa sobrevivir.

Pero ning¨²n m¨¦dico quiso interrumpir su embarazo ni en su hospital ni en ning¨²n otro de la comunidad aut¨®noma. Finalmente, el servicio de salud gallego le dijo que, para ¡°respetar el derecho a la objeci¨®n de conciencia de los profesionales¡±, la Administraci¨®n pagar¨ªa la interrupci¨®n del embarazo, pero en una cl¨ªnica de Madrid. En ese momento ya estaba en la semana 32 de gestaci¨®n.

Paula emprendi¨® el viaje. ¡°Tuve que dejar a mi otra hija de tres a?os con mi madre y viajar con mi pareja¡±, relata. ¡°Llevaba ya d¨ªas con dolores vaginales, pero en el hospital me dec¨ªan que eran gases¡±. Fue un nuevo error, porque result¨® que ten¨ªa el ¨²tero vascularizado. Por eso, cuando lleg¨® a la cl¨ªnica con un sangrado vaginal, estaba tan grave que fue trasladada al hospital de referencia, donde le salvaron la vida. Le practicaron una ces¨¢rea para extraer el feto, un beb¨¦ inviable que muri¨® a los 90 minutos de nacer, y le quitaron el ¨²tero para detener la hemorragia. No podr¨¢ ser madre de nuevo.

¡°Fue todo tremendo¡±, recuerda. ¡°Nos preguntaron si quer¨ªamos ver al beb¨¦, si quer¨ªamos que lo reanimaran, pese a que era incompatible con la vida. Tuvimos que incinerarlo y volver a casa con sus cenizas¡±.

"Perjuicios f¨ªsicos y ps¨ªquicos que hay quien resarza"

De vuelta ya en Galicia, tras una semana ingresada en el hospital madrile?o y con su pareja alojada mientras tanto en un hotel, Paula recibi¨® del Sergas al cabo del tiempo el pago correspondiente al kilometraje del viaje.¡°En total, algo m¨¢s de 80 euros¡±, recuerda. ¡°Ni siquiera me llamaron del hospital de Burela, como hacen con todas las parturientas, para citarme para una revisi¨®n. Mucho menos para pedirme disculpas por las enormes negligencias¡±.

Paula est¨¢ en tratamiento psiqui¨¢trico desde entonces. El magistrado que ha condenado al Servicio Gallego de Salud considera que la negligencia denunciada por la afectada ¡°rebasa los est¨¢ndares de lo tolerable¡± con ¡°perjuicios f¨ªsicos y ps¨ªquicos que no hay quien los resarza¡±.

La ¡°extensi¨®n innecesaria del embarazo¡± de Paula representa ¡°un fracaso estrepitoso del sistema¡± sanitario p¨²blico, seg¨²n la sentencia. Marcos Amboage, el magistrado del juzgado 2 de lo Contencioso-Administrativo de Lugo que la firma, entiende que ¡°resulta dif¨ªcilmente aceptable que no se disponga de un centro p¨²blico en Galicia¡± para practicar las interrupciones del embarazo que garantiza la ley.

Tras la difusi¨®n de la condena judicial, el presidente auton¨®mico, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, pidi¨® p¨²blicamente disculpas a la afectada y anunci¨® que buscar¨ªa la f¨®rmula para ¡°hacer compatible¡± el derecho de las mujeres gallegas a abortar con el de los m¨¦dicos a objetar. Francisca Fern¨¢ndez, abogada de Paula, asegura que su caso no es ¨²nico. Ha presentado otras dos reclamaciones de pacientes afectadas por la objeci¨®n de conciencia de los profesionales de la red p¨²blica gallega. El Sergas, por su parte, insiste en que el derecho a la interrupci¨®n del embarazo est¨¢ garantizado en los t¨¦rminos que recoge la ley y se?ala que en este momento se est¨¢n practicando algunos abortos correspondientes al segundo trimestre en los hospitales p¨²blicos de A Coru?a y Ourense.

En todo caso, Galicia no es una excepci¨®n. En la red p¨²blica espa?ola se practica una m¨ªnima parte de los abortos legales. La mayor¨ªa, el 90% en 2014 seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, se deriva a cl¨ªnicas privadas, algo que permite la ley. Pero el problema surge cuando la derivaci¨®n se hace a una cl¨ªnica que est¨¢ a cientos de kil¨®metros o cuando no hay profesionales para llevar a cabo abortos tard¨ªos que requieren un hospital.

La objeci¨®n en la ley

La ley del aborto de 2010 indica espec¨ªficamente que las interrupciones de embarazo debidas a que el feto es incompatible con la vida o tiene una enfermedad extremadamente grave e incurable, como en el caso de Paula, "se realizar¨¢n preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria p¨²blica". Son abortos m¨¢s complicados porque no hay fecha l¨ªmite para llevarlos a cabo y en ocasiones la anomal¨ªa mortal se descubre tarde. Un 0,32 del total de las interrupciones de embarazo en 2014, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, se produjeron por esta causa. Unos 300, m¨¢s o menos, de un total de 94.796.

La objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos est¨¢ contemplada en la ley del aborto de 2010, pero con ciertos l¨ªmites. El art¨ªculo 19.2 de esta norma indica que "los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupci¨®n voluntaria del embarazo tendr¨¢n el derecho a ejercer la objeci¨®n de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabadas".

El informe ¡°Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en Espa?a¡±, realizado por 13 organizaciones entre las que figuran Women's Link y M¨¦dicos del Mundo, hace hincapi¨¦ en la desigualdad en el acceso a los servicios hospitalarios p¨²blicos de las mujeres que desean interrumpir sus embarazos en funci¨®n de la comunidad aut¨®noma en la que vivan. El documento destaca que en la sanidad p¨²blica de Arag¨®n, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia no se realiz¨® ning¨²n aborto en los hospitales p¨²blicos en 2014, seg¨²n los datos del ministerio. Todos ellos fueron derivados a centros privados concertados.

Otro de los problemas es el m¨¦todo. Un aborto se puede practicar a trav¨¦s de f¨¢rmacos que apenas implican al m¨¦dico o a trav¨¦s de m¨¦todos instrumentales que s¨ª lo hacen. En Galicia, la Fiscal¨ªa ha abierto una investigaci¨®n para determinar si existe responsabilidad penal por parte del Sergas en la pr¨¢ctica de algunos abortos terap¨¦uticos (desde la semana 14 hasta la 22 de gestaci¨®n, por anomal¨ªas fetales o riesgo para la vida o salud de la madre o el feto, menos del 10% del total) realizados ¡°mediante f¨¢rmacos y sin asistencia m¨¦dica¡± en hospitales p¨²blicos, seg¨²n han denunciado varias afectadas

Blanca Ca?edo, vocal en Asturias de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del embarazo (ACAI), insta a la Administraci¨®n a formar a los m¨¦dicos en la pr¨¢ctica instrumental de la interrupci¨®n del embarazo en las facultades. En su opini¨®n, el m¨¦todo farmacol¨®gico es ¡°una brutalidad en los casos de m¨¢s de 14 semanas de gestaci¨®n ya que mantiene a las mujeres con s¨ªntomas de parto durante d¨ªas hasta que expulsan el feto¡±.

El presidente de la Federaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique S¨¢nchez, opina que una de las principales causas por las que algunos hospitales p¨²blicos no realizan interrupciones de embarazo es que ¡°las consejer¨ªas de sanidad no han fijado la obligaci¨®n y los servicios de ginecolog¨ªa hospitalarios prefieren no plante¨¢rselo, aludiendo a problemas organizativos, falta de quir¨®fanos o escasez de recursos¡±. En su opini¨®n, se trata de una cuesti¨®n de ¡°falta de voluntad pol¨ªtica de los responsables sanitarios¡±.

En el caso de Paula, que usa un nombre ficticio para este reportaje, la sentencia reconoce que la sanidad p¨²blica no le ofreci¨® los recursos adecuados. Ella est¨¢ segura de que si hubiera podido interrumpir su embarazo en Galicia no habr¨ªa perdido el ¨²tero y la capacidad para ser madre biol¨®gica de nuevo.