El Tribunal de Cuentas paga a sus auditores dietas alegales desde 1992
El ¨®rgano que abre procedimientos a otras administraciones por pagos indebidos abona 160 euros mensuales a los auditores y sus equipos por trabajos en la capital
El Tribunal de Cuentas, el ¨®rgano al que la Constituci¨®n tiene encomendado fiscalizar el buen fin y destino de los dineros de las 600 administraciones p¨²blicas que hay en Espa?a, lleva 24 a?os pagando dietas alegales a numerosos funcionarios. En el tribunal las llaman ¡°dietas urbanas¡± y ¡°carecen de cobertura legal¡±, seg¨²n admiten distintas fuentes del ¨®rgano fiscalizador. Ninguna otra administraci¨®n abona dietas a su personal al margen del salario sin justificaci¨®n previa. No son cantidades elevadas, ocho euros por cada d¨ªa laboral, unos 160 euros al mes, pero se otorgan sin que los beneficiarios, entre 60 y 100 funcionarios cada d¨ªa, tengan obligaci¨®n de aportar las facturas.
Fuentes oficiales del tribunal se?alan que, en temas de personal, ellos se rigen por su propia normativa interna y que tales pagos son fruto de un antiguo acuerdo de la comisi¨®n de gobierno, que tiene potestad reglamentaria. "Un acuerdo adoptado por tres se?ores no es una norma; no existe tal norma y, por tanto, rige la ley, que proh¨ªbe pagos sin justificaci¨®n, y cuando menos es ilegal lo que se est¨¢ haciendo", se?alan otras fuentes de esta instituci¨®n.
Los funcionarios que reciben estas ¡°dietas urbanas¡± son los auditores y los miembros de sus equipos, que realizan el trabajo en Madrid capital pero fuera de la sede del tribunal, situado en la calle de Fuencarral de Madrid. La ley permite pagar dietas por desplazamiento dentro del t¨¦rmino municipal donde se halle el puesto de trabajo, pero han de justificarse. ¡°Es decir: si, por ejemplo, un funcionario ha de utilizar un autob¨²s o taxi para desplazarse, pues pasa la factura y se le abona. Pero en este caso se abona una cantidad, los d¨ªas que dure el trabajo, y no se pide ninguna factura. Esto no ocurre en ninguna otra administraci¨®n. Aqu¨ª el problema es nadie controla al controlador", zanjan los citados medios.
"Si, por ejemplo, un funcionario ha de coger un taxi para desplazarse, pues pasa la factura y se le abona. Pero en este caso se abona la dieta sin m¨¢s"
¡°La ilegalidad de esta dieta¡±, a?aden, ¡°radica en que el trabajador no est¨¢ obligado a justificar la percepci¨®n de ese dinero. No es que sea mucho, pero se supone que un tribunal como este debe dar ejemplo y ser especialmente escrupuloso. Y, m¨¢s a¨²n, cuando los funcionarios que perciben estas dietas son los mismos que luego abren decenas de procedimientos en ayuntamientos y otras administraciones precisamente por cuestiones de este tipo¡±, razonan. Las dietas de los funcionarios est¨¢n reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo
Versi¨®n del tribunal
El Tribunal de Cuentas se?ala que "tiene potestad reglamentaria para todo lo relativo a su personal, de acuerdo con el art. 3 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal de Cuentas. Y que, de acuerdo con el art¨ªculo 37, de esta Ley Org¨¢nica, y con el art¨ªculo 88 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el personal del Tribunal de Cuentas se rige por su propia normativa y, de forma supletoria, por el R¨¦gimen General de la Funci¨®n P¨²blica". Y a?adi¨® que, "de acuerdo con esas competencias, la Comisi¨®n de Gobierno dict¨® [1992] los acuerdos en relaci¨®n a los gastos urbanos".
¡°Diariamente trabajan en la capital, fuera de la sede del tribunal, entre 60 y 100 funcionarios, todos ellos del departamento de fiscalizaci¨®n, auditor¨ªas, y cobran esa dieta¡±, explican los citados medios. Se da la circunstancia de que la mayor¨ªa de los organismos p¨²blicos que fiscalizan los auditores radican en la capital. La ley permite cobrar dietas a los funcionarios que han de realizar su trabajo fuera del t¨¦rmino municipal de Madrid: manutenci¨®n, desplazamientos, hotel... Pero en este caso s¨ª est¨¢n obligados a justificar los gastos con facturas.?
La dieta urbana es una aportaci¨®n "concedida a t¨ªtulo gracioso" por la comisi¨®n de gobierno, aunque se sobreentiende "que cuesta igual desplazarse desde casa al tribunal que a cualquier otro sitio de la capital". "La llamamos urbana", subrayan, "pero no est¨¢ dise?ada para el transporte: de hecho, algunos funcionarios suelen pedir ayudas espec¨ªficas para ir al tribunal con cargo al fondo social, que contiene una partida de unos 60.000 euros y que incluye igualmente ayudas sanitarias a hijos de empleados. Eso s¨ª, el cobro de esta ayuda deber¨ªa ser, y no lo es, incompatible con cobrar la dieta urbana".
El ¨®rgano fiscalizador, cuyo presupuesto ronda los 60 millones anuales, paga a sus empleados un 20% de sueldo m¨¢s de media que otros organismos p¨²blicos. Una secretaria de un directivo cobra unos 1.500 euros netos. El sueldo de la secretaria de un consejero del tribunal se eleva a 2.000 euros netos.
¡°La ilegalidad de esta dieta radica en que el trabajador no est¨¢ obligado a justificar la percepci¨®n de ese dinero"
El Tribunal de Cuentas ha extremado en los ¨²ltimos tiempos el control sobre el horario de sus m¨¢s de 700 empleados. Los que trabajan fuera de la sede, pero dentro de la capital, ¡°no tienen, por tanto, que fichar, ni est¨¢n sujetos al f¨¦rreo horario laboral. Y a¨²n as¨ª cobran esa dieta".? Distintas fuentes coinciden en que la dieta urbana ¡°puede favorecer que muchas auditor¨ªas que se hacen dentro de la capital se mantengan durante meses y a veces incluso superen el a?o, frente a otras que requieren viajar fuera de Madrid "pero que son lo servido por lo comido con el a?adido de estar fuera de casa". "Es curioso pero algunas veces las auditorias fuera de Madrid, que s¨ª disponen de sus dietas reglamentarias previa justificaci¨®n de gastos, suelen durar mucho menos tiempo que las de la capital, en las que se cobra y no se ficha¡±.
Fuentes del Tribunal de Cuentas reconocen que la dieta urbana existe desde 1992. Aunque han pasado 24 a?os, se mantiene en la actualidad. La comisi¨®n que le dio luz verde la integran el presidente del tribunal (cargo que desde hace cuatro a?os ejerce Ram¨®n ?lvarez de Miranda) y los presidentes de las Secciones de Fiscalizaci¨®n y Enjuiciamiento. Es decir, tres de los doce consejeros que forman el tribunal. Los consejeros son elegidos por los partidos pol¨ªticos, habitualmente en proporci¨®n a su representaci¨®n parlamentaria. Siete de los doce actuales fueron designados a propuesta del PP y cinco del PSOE (uno de estos consensuado con IU).
Nepotismo
El ¨®rgano fiscalizador de las cuentas p¨²blicas se ha visto salpicado en los ¨²ltimos a?os por casos de nepotismo, como adelant¨® EL PA?S. Casi un centenar de sus empleados tienen lazos de parentesco entre s¨ª, con representantes sindicales o con altos cargos. El presidente tiene en la plantilla a su concu?ada y a un sobrino. Su n¨²mero dos, el presidente del departamento de Fiscalizaci¨®n, Javier Medina, tiene a su hermana, a su esposa y a una pariente de su esposa. Y hasta hace unos meses, tambi¨¦n ten¨ªa a su hermano, quien durante a?os ocup¨® el cargo de gerente. Su hermano dej¨® el tribunal hace unos meses y ahora trabaja en Mercamadrid. Tras dejar la gerencia, fue aupado a una plaza de alto directivo en comisi¨®n de servicio mediante un procedimiento que el Tribunal Supremo anul¨® posteriormente. Pese a las revelaciones de nepotismo e irregularidades en las contrataciones destapadas por este peri¨®dico en 2014, nadie del tribunal ha dimitido. La hoy ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se reuni¨® en secreto con el sector conservador del tribunal en julio de 2015 y volvi¨® a avalar a su c¨²pula dirigente, cuando tocaba su renovaci¨®n.
Entre los grupos familiares destaca la familia de Julio Ronda, durante a?os presidente del comit¨¦ de empresa por UGT. Tiene en el tribunal a su exesposa, a su actual pareja, su nuera, su cu?ada, su sobrino, otro sobrino y un amigo de la infancia. Tambi¨¦n, a un hijo con su primera esposa. La segunda esposa de Ronda, que empez¨® como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.
investigacion@elpais.es
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