Catal¨¢ busca pactar con el PSOE la reforma de la Justicia
El ministro intenta combinar el pacto con Ciudadanos con las propuestas socialistas
El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, pretende un pacto global con el PSOE. Su intenci¨®n es lograr un gran acuerdo para reformar la Justicia y aplicar las medidas contenidas en el pacto de legislatura firmado el pasado mes de agosto con Ciudadanos. Catal¨¢, confirmado en el cargo, ya ha mantenido una reuni¨®n formal con el partido de Rivera y contactos informales con el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Juan Carlos Campo.
C¨®mo hacer compatibles las propuestas del PP sobre Justicia, las pactadas con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy y las defendidas por el PSOE. Ese es el gran reto del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, y para eso pretende cerrar un acuerdo global con los dos partidos que, adem¨¢s, garantizar¨ªa la aprobaci¨®n parlamentaria de las reformas legales.
La agenda del ministro
El ministro de Justicia pretende abordar la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elecci¨®n de sus vocales y para limitar ¡°las puertas giratorias¡± de jueces que pasan a la pol¨ªtica.
En la anterior legislatura solo se retoc¨® la ley que regula el proceso penal y ahora se pretende reformarla en profundidad para dar a los fiscales la instrucci¨®n.
El Constitucional anul¨® parte de las tasas aprobadas por Alberto Ruiz-Gallard¨®n y, aunque Catal¨¢ ya las redujo, es preciso tocar la ley para adaptarla.
Para eso, necesita renegociar el acuerdo con Ciudadanos, porque sin los votos del PSOE es imposible que salga adelante, entre otras cosas porque afecta a leyes org¨¢nicas que precisan mayor¨ªa absoluta. Catal¨¢ ha mantenido contactos informales con Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE y exsecretario de Estado de Justicia, y una reuni¨®n el martes con Jos¨¦ Manuel Villegas, n¨²mero dos de Ciudadanos. Y ayer mi¨¦rcoles se vio en una localidad pr¨®xima a Madrid con su equipo, al que ha confirmado en su mayor¨ªa, para preparar las medidas concretas.
Con Ciudadanos acord¨® el inicio de la tramitaci¨®n de las reformas legales en primavera, tras los trabajos previos. Sobre algunos de ellos hay diferencias notables. Por ejemplo, sobre el sistema de elecci¨®n de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP pact¨® con el partido de Albert Rivera la elecci¨®n corporativa y directa por parte de la carrera judicial. Pero el PSOE rechaza esa opci¨®n, entre otras cosas porque supondr¨ªa en la pr¨¢ctica aceptar el car¨¢cter conservador permanente en esa instituci¨®n.
Los socialistas pactaron en febrero con Ciudadanos, para la frustrada investidura de Pedro S¨¢nchez, una f¨®rmula que manten¨ªa el modelo mixto actual de propuesta judicial y elecci¨®n parlamentaria, pero con una comisi¨®n intermedia que garantizara la elecci¨®n de juristas de prestigio. En esa opci¨®n, aceptada en su momento por Rivera, podr¨ªa estar la salida. Supondr¨ªa modificar el ¨²ltimo pacto de investidura PP-Ciudadanos, aunque garantizar¨ªa su aprobaci¨®n.
?Enjuiciamiento criminal
M¨¢s f¨¢cil es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales se encarguen de la instrucci¨®n de sumarios. El ¨²ltimo Gobierno del PSOE, con Campo como secretario de Estado de Justicia, realiz¨® un proyecto de ley, reformado luego en la etapa del PP y que ahora podr¨ªa ser recuperado.
Hay otros escollos como la prisi¨®n permanente revisable o cadena perpetua, que rechazan todos los partidos salvo el PP. No se menciona en el pacto con Ciudadanos y el Gobierno pretende que el PSOE renuncie a derogarlo, con el pretexto de que est¨¢ pendiente del recurso ante el Tribunal Constitucional. En la pasada legislatura, la frustrada entre diciembre y mayo, el Congreso aprob¨® una proposici¨®n no de ley con el voto de todos, salvo el PP, pidiendo su eliminaci¨®n.
Para la supresi¨®n de aforamientos puede haber acuerdo, incluso de todos los partidos, pero ser¨¢ m¨¢s lenta porque requiere una reforma constitucional.
Catal¨¢ se inclina por renovar a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado, a la espera de la decisi¨®n de Rajoy. Ese nombramiento requiere informe no vinculante del Poder Judicial y examen en el Congreso.
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