Independencia y medios

Al despertar cada ma?ana, no somos conscientes del aire que respiramos. Estamos acostumbrados. No nos paramos a pensar que sin ese aire morir¨ªamos. En un Estado moderno y democr¨¢tico, la justicia tiene mucho de aire, callada pero imprescindible. Una justicia resolutiva, organizada y eficaz. Una justicia pronta y comprometida con los derechos humanos y las libertades p¨²blicas en la que conf¨ªe la ciudadan¨ªa.

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En Espa?a, este servicio p¨²blico viene funcionando de manera m¨¢s o menos adecuada gracias al trabajo de muchas personas, que suplen con su esfuerzo las carencias e ineficiencias del sistema. Tenemos una ratio de 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea ronda los 21,6. El gasto p¨²blico es de 74,8 euros/habitante frente a los 103 de Alemania. La litigiosidad en 2015 alcanz¨® los 182 asuntos por 1.000 habitantes frente a los 80 de Alemania o 100 de Italia. Y a pesar de ello el sistema funciona, renqueando pero funciona: en 2015 se resolvieron m¨¢s asuntos de los que ingresaron.

Pero la justicia no puede quedar al albur de ese voluntarismo. La litigiosidad no disminuye, impidiendo que se pueda dedicar la atenci¨®n debida a los asuntos que lo merecen. Los se?alamientos se demoran cada vez m¨¢s en el tiempo. La complejidad derivada de una legislaci¨®n expansiva complica las controversias judiciales. Los jueces y juezas, como pilar b¨¢sico de esa justicia, como poder responsable de un Estado democr¨¢tico y que garantiza el correcto funcionamiento de los otros dos, queremos que esa justicia, que es de todos y para todos, mejore.

En diciembre de 2015, las asociaciones judiciales nos unimos de manera responsable, superando las diferencias, para exigir independencia como garant¨ªa de credibilidad. Separaci¨®n real de poderes como freno a cualquier injerencia. Normas eficaces frente a los intentos de politizar la Justicia y de judicializar la pol¨ªtica. Incremento razonable de la plantilla judicial. Un dise?o de la organizaci¨®n judicial acorde con la realidad social actual. Una oficina judicial moderna como instrumento para el ejercicio de la funci¨®n judicial. Mayor coordinaci¨®n entre las administraciones implicadas. Reformas procesales que agilicen los procedimientos y hagan de la decisi¨®n judicial un mecanismo ¨²til para la decisi¨®n de los conflictos.

Los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la justicia y acrecentado el protagonismo de los jueces y juezas en la defensa de los m¨¢s d¨¦biles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, v¨ªctimas de las preferentes, menores, discapacitados o migrantes. Ello no ha hecho sino incrementar la confianza ciudadana en la justicia como garante ¨²ltima de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder.

En nuestra doble condici¨®n de profesionales y de ciudadanos, exigimos una justicia m¨¢s moderna y con medios. La falta de medios impide una tutela eficaz de los derechos, pero tambi¨¦n facilita la persistencia de lacras como la corrupci¨®n al dificultar su persecuci¨®n. Precisamente por eso, ante la necesidad de distinguir entre lo imprescindible y lo conveniente, entendemos como objetivos b¨¢sicos:

1.- Garantizar una Justicia que tutele los derechos de los ciudadanos con la calidad, eficacia y rapidez debidas, para lo cual es necesario una reforma legal que afronte el problema de la litigiosidad abusiva, un incremento sostenido en la plantilla judicial, la apuesta por los tribunales de instancia, el desarrollo de una nueva oficina judicial acorde con los principios de eficiencia, eficacia, racionalidad, coordinaci¨®n y responsabilidad en la gesti¨®n ¡ªno como un fin en s¨ª mismo sino para dar soporte y apoyo a la funci¨®n judicial¡ª, la redefinici¨®n del r¨¦gimen competencial entre Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades aut¨®nomas, la reorganizaci¨®n territorial y funcional de la Administraci¨®n de Justicia, la implantaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas¡­

2.- Recuperar la credibilidad de la Justicia garantizando la independencia. No como privilegio, sino como derecho de todos. Los poderes deben equilibrarse y no fagocitarse. Un Poder Judicial no sometido al resto es garant¨ªa frente a la corrupci¨®n y el abuso. Queremos que las sospechas de parcialidad o de politizaci¨®n desaparezcan. Para ello es esencial la elecci¨®n de los vocales judiciales por los propios jueces, como exigen el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una representaci¨®n m¨¢s plural y respetuosa con la igualdad de g¨¦nero. Pero tambi¨¦n que se supriman o reduzcan los aforamientos, que se limiten los indultos, que se impida la confusi¨®n interesada entre la responsabilidad judicial y pol¨ªtica y el uso abusivo del proceso penal, que no se trasladen a la jurisdicci¨®n cuestiones de ¨ªndole pol¨ªtica.

Pero estos objetivos solo se pueden alcanzar como resultado de un gran acuerdo pol¨ªtico que saque a la justicia del debate partidista. Espa?a y sus ciudadanos se merecen una Justicia acorde con los tiempos. Las asociaciones judiciales hemos hecho nuestro trabajo. Ahora les corresponde a otros demostrar su responsabilidad, insuflar ox¨ªgeno y apostar para que la justicia sea una prioridad.

Manuel Almenar, Raimundo Prado, Ignacio Gonz¨¢lez Vega y Concepci¨®n Rodr¨ªguez son portavoces, respectivamente, de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente