¡°Han expulsado a mi hijo a un pa¨ªs que no conoce¡±
Habla por primera vez la madre del joven de 19 a?os expulsado a Paraguay
Hasta la semana pasada, Manuel, de 19 a?os, no conoc¨ªa m¨¢s pa¨ªs que Espa?a, a donde lleg¨® con cinco desde Paraguay en brazos de su madre y en donde ha vivido el resto de su corta vida con ella, con su abuelo y con su hermano peque?o, nacido aqu¨ª. El 22 de noviembre las autoridades espa?olas ejecutaron su deportaci¨®n expr¨¦s: transcurrido un a?o desde su mayor¨ªa de edad, no hab¨ªa conseguido un contrato de trabajo de un a?o de duraci¨®n. ¡°Lo enviaron como un delincuente a Paraguay, un pa¨ªs que no conoce¡±, protesta desconsolada Victoria, su madre, que cuenta por primera vez su historia. Entre los 13 y los 18 a?os, Manuel estuvo bajo la custodia de la Xunta de Galicia ante la imposibilidad de su madre, entonces muy enferma, de atenderlo. La Administraci¨®n auton¨®mica sostiene que no tramit¨® la nacionalidad a la que el joven ten¨ªa derecho ¡°porque no ten¨ªamos su tutela sino su custodia, que es otra figura jur¨ªdica¡±. El Gobierno insiste en que la deportaci¨®n se ha realizado "con todas las garant¨ªas legales", pero el caso ha desatado una fuerte pol¨¦mica por tratarse de un chico que llevaba desde los cinco a?os en Espa?a, donde vive tambi¨¦n su familia. Varios colectivos apelan al arraigo social del joven en Espa?a.
¡°El Estado espa?ol me lo dio todo y despu¨¦s me lo quit¨®; ha destruido mi hogar¡±. Victoria llora de impotencia. ¡°El d¨ªa que se hundi¨® mi vida fue cuando ca¨ª enferma porque hasta entonces yo fui feliz aqu¨ª¡±, sostiene mientras hace recuento de c¨®mo su hijo, un chaval de 19 a?os que no ha finalizado la ESO, ha sido expulsado ¡°por un tr¨¢mite imposible de cumplir para la mayor¨ªa: un contrato de trabajo de al menos un a?o de duraci¨®n¡±. La ley contempla la autorizaci¨®n de residencia por arraigo social para los extranjeros que hayan permanecido en Espa?a un m¨ªnimo de tres a?os y tengan un contrato laboral de al menos uno de duraci¨®n.
El 22 de noviembre pasado Victoria asisti¨® al derrumbe de su familia. Asegura que pidi¨® una ambulancia porque su hijo ¡°se encontraba mal¡±. Seg¨²n su relato, la ambulancia lleg¨® al domicilio familiar pero ¡°acompa?ada de la polic¨ªa¡± que le pidi¨® el pasaporte al chico, que ya ten¨ªa la carta de expulsi¨®n. Fueron los agentes, y no los sanitarios, quienes se lo llevaron.
Oferta de empleo para el expulsado
¡°En cuanto le¨ª la noticia me sent¨ª completamente identificado¡±. Jos¨¦ Luis Zagazeta, administrador de una distribuidora digital de m¨²sica ubicada en Catalu?a, no tard¨® ni unas horas en ofrecer un empleo al joven deportado ¡°para que pueda retornar y legalizar su situaci¨®n¡±.
Zagazeta sostiene que se reconoci¨® de inmediato en esta historia de dificultades en el mismo pa¨ªs en el que ¨¦l fue tambi¨¦n perseguido por no tener trabajo y en el que ahora genera empleo
El empresario, de origen peruano, no ha olvidado los a?os en los que estuvo en situaci¨®n irregular en Espa?a, a donde vino a cursar sus estudios. ?l consigui¨® la ciudadan¨ªa y ahora est¨¢ dispuesto a ayudar. Se ha puesto en contacto con el Foro Galego da Inmigraci¨®n que considera que su oferta de empleo ser¨¢, junto con la ¡°evidencia del arraigo social del joven¡±, determinante en el recurso contra la deportaci¨®n.
Paralelamente a la oferta del empresario catal¨¢n, el grupo de En Marea, que lidera la oposici¨®n en el Parlamento de Galicia, ha presentado iniciativas reclamado a la Xunta que interceda ante el Gobierno central para ¡°poner fin a las campa?as de deportaci¨®n¡± y ¡°abolir la legislaci¨®n de extranjer¨ªa¡± que, denuncia, ¡°tiene claras se?as racistas y atenta contra los derechos humanos¡±. ¡°El arraigo social de un chico de 19 a?os que ha vivido 14 en territorio gallego, en donde se encuentran su madre y su hermano, deber¨ªa haber sido suficiente para evitar su deportaci¨®n¡±, protesta En Marea, que hace hincapi¨¦ en que ¡°su residencia legal es un derecho que podr¨ªa haberse resuelto con un simple informe social¡±.
Unidos Podemos-EnCom¨² Podem-En Marea ha presentado adem¨¢s una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, planteando sus dudas sobre la legalidad de la expulsi¨®n. Cuestiona que el chico haya estado en las dependencias policiales cuatro d¨ªas "cuando la ley establece un m¨¢ximo de 72 horas" as¨ª como la "ausencia de un abogado que le informase de sus derechos".
Manuel no pis¨® ning¨²n centro sanitario sino el calabozo. Victoria asegura que no le dejaron verlo hasta el d¨ªa siguiente. ¡°Ped¨ª tiempo para intentar arreglar la situaci¨®n pero ya no hubo vuelta atr¨¢s¡±. Lo subieron a un avi¨®n en direcci¨®n a Paraguay, ¡°un pa¨ªs que no conoce¡± aunque haya nacido en ¨¦l y en el que carece de arraigo social porque su familiar directo all¨ª, su padre, ¡°se desentendi¨® siempre de ¨¦l¡±, sostiene.
Las cosas comenzaron a torcerse para ella cuando enferm¨® y, pese a que hab¨ªa tenido trabajo en Espa?a, ¡°donde siempre he cotizado¡±, se vio obligada a poner al ni?o, cuando ten¨ªa 13 a?os, bajo la custodia de la Xunta de Galicia. Le diagnosticaron un c¨¢ncer. ¡°Ca¨ª enferma y tuve que dejar el trabajo; no pod¨ªa cuidar ni de m¨ª misma, necesitaba ayuda y estaba constantemente hospitalizada¡±, recuerda.
La Xunta asumi¨® entonces la guarda del menor. Y cuando cumpli¨® la mayor¨ªa de edad lo dej¨® a su albedr¨ªo. ¡°Me apoyaron pero para quitarme finalmente a mi hijo que, s¨ª, tiene 19 a?os, pero viv¨ªa en mi casa, su hogar, de mis ingresos¡±.
La Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Social sostiene que no era competencia suya tramitarle la nacionalidad. ¡°Este joven nunca estuvo bajo la tutela de la Xunta, sino en guarda rogada, que son figuras jur¨ªdicas diferentes¡±. Y dado que la tutela siempre la tuvo su madre, ¡°toda cuesti¨®n legal la ten¨ªa que realizar ella¡± ha se?alado a EL PA?S un portavoz del departamento auton¨®mico. La conselleria puntualiza que, ¡°no obstante, se colabor¨® con la progenitora para regularizar la situaci¨®n del menor en el pa¨ªs (asignaci¨®n del NIE y permiso de residencia, as¨ª como recopilaci¨®n de la documentaci¨®n para tramitar el pasaporte)¡±. Qued¨® en nada.
Manuel dispone ahora de un plazo de tres meses para presentar recurso contra la deportaci¨®n. Considerando que debe gestionarla ¨¦l, en calidad de mayor de edad, el Foro Galego da Inmigraci¨®n, la ONG que asesora a los inmigrantes en Galicia, ha contactado con una organizaci¨®n pro derechos humanos de Paraguay para que informe al joven de los tr¨¢mites que debe dar.
Victoria no quiere ni pensar en que su hijo pueda pasar m¨¢s de un par de meses en Paraguay. ¡°Lo han expulsado al extranjero, porque para ¨¦l aquello es el extranjero¡±, sentencia la madre tras explicar que se cri¨® en Galicia ¡°en un hogar¡± (con ella, con el abuelo, ¡°que muri¨® en sus brazos¡±, y con su hermano) y nunca regres¨® a Paraguay, en donde ¡°no tiene arraigo¡±.
Desconcierto
La excu?ada de Victoria se ha hecho cargo de momento de Manuel. ¡°Con ella est¨¢ bien, pese a que esto ha sido un golpe muy duro¡±, relata la madre, en contacto telef¨®nico constante con su hijo que, sostiene, ¡°est¨¢ muy desconcertado¡±, asumiendo no solo la detenci¨®n y deportaci¨®n ¡°sino todo lo que se ha dicho de ¨¦l¡± despu¨¦s.
¡°Ha visto cosas horribles que se han publicado aqu¨ª sobre ¨¦l estos d¨ªas y se siente humillado, avergonzado; no es m¨¢s que un adolescente¡±, justifica el malestar de su hijo. Victoria reclama el anonimato para ambos, por lo que se han utilizado nombres ficticios para ellos en este reportaje.
Victoria insiste en que Manuel ¡°no tiene ninguna causa judicial pendiente¡±. Una aseveraci¨®n a la que da cr¨¦dito el portavoz de la ONG, Miguel Fern¨¢ndez. ¡°Si tuviese algo pendiente no podr¨ªan expulsarlo de Espa?a, tendr¨ªa que responder aqu¨ª de ello¡±, repite Fern¨¢ndez este razonamiento que contradice las declaraciones realizadas la semana pasada por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.
El Gobierno justific¨® la deportaci¨®n a trav¨¦s de Villanueva apelando a que el joven ¡°carec¨ªa de permiso de residencia y de contrato de trabajo¡±. Pero aunque afirm¨® que se le expulsaba por esa raz¨®n, el representante del Gobierno apunt¨® que existen ¡°antecedentes que afectan a datos personales de esta persona¡± relacionados con ¡°causas judiciales¡± y ¡°temas policiales¡± ocurridos cuando ya hab¨ªa cumplido los 18 a?os. Acto seguido, garantiz¨® que el expediente de expulsi¨®n se ejecut¨® ¡°con todas las garant¨ªas legales¡±.
La Delegaci¨®n del Gobierno en Galicia no ha querido precisar a EL PA?S si el joven estaba siendo investigado judicialmente. ¡°No vamos a dar datos de su esfera privada¡±, sostiene un portavoz oficial. La instituci¨®n se remite a las mencionadas declaraciones de Villanueva precisando que se ha aplicado la legislaci¨®n vigente ¡°hasta el punto de que el embajador de Paraguay, que casualmente estaba esos d¨ªas de visita en Galicia, fue informado de lo que ocurr¨ªa y no hizo ninguna reclamaci¨®n¡±.
Para la madre de Manuel esta expulsi¨®n no es sino ¡°una m¨¢s de las miles que acaban destrozando los hogares¡± de las familias migrantes. ¡°Lo de mi hijo ya est¨¢, es dur¨ªsimo y vamos a intentar arreglarlo, pero me gustar¨ªa ayudar a que esto no le ocurriese a nadie m¨¢s y creo que debemos contarlo, no callarnos m¨¢s¡±, se?ala.
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