El ¡®rey de la mina¡¯ se defiende: el yacimiento no estaba protegido

Victorino Alonso, el controvertido empresario del carb¨®n conocido como el rey de la mina, es "un chivo expiatorio" con el que se ha querido salvar la "flagrante responsabilidad p¨²blica" en la destrucci¨®n de los restos neol¨ªticos de la cueva de Chaves, un yacimiento situado en Casbas (Huesca).

As¨ª se defiende Alonso en el recurso de apelaci¨®n que ha presentado tras la sentencia que le conden¨® a una pena de prisi¨®n de dos a?os y medio y a pagar una indemnizaci¨®n de 25,5 millones de euros por un delito contra el patrimonio hist¨®rico. Tambi¨¦n alega que los hechos est¨¢n prescritos y pone en entredicho la declaraci¨®n del principal testigo de cargo.

En diciembre pasado el juzgado de lo penal n¨²mero 1 de Huesca determin¨® que fue el empresario minero el que orden¨® que una m¨¢quina retroexcavadora nivelara la cueva y que se instalaran en el lugar de las excavaciones arqueol¨®gicas comederos y abrevaderos para cabras. Era " la persona que mandaba en la finca por encima de cualquier otra", dec¨ªa el fallo.?

Alonso nunca figur¨® como administrador de Fimbas S. A., la empresa propietaria de la finca de caza donde se encuentra la cueva, pero el juez descubri¨® que cuando el yacimiento fue destruido, en 2007, el empresario minero era administrador ¨²nico de Maderas Bodel¨®n S. L., firma que a su vez era accionista mayoritaria de Fimbas. La declaraci¨®n del antiguo encargado de la finca fue decisiva para condenarle.

El recurso presentado por la defensa de Alonso, de 47 p¨¢ginas, insiste en la falta de protecci¨®n del yacimiento, algo que tambi¨¦n afe¨® al Gobierno de Arag¨®n el juez en su sentencia. El fallo asegura que la cueva no estaba suficientemente protegida, que hubo "escaso impulso institucional" y que "quiz¨¢" fue por "razones presupuestarias".

El magnate minero se defiende asegurando, en primer lugar, que la cueva nunca fue un yacimiento arqueol¨®gico porque no ten¨ªa "una expresa calificaci¨®n de bien de inter¨¦s cultural". Ni siquiera era una "zona arqueol¨®gica". De haber estado protegida la cueva, jam¨¢s se hubieran destruido los restos en octubre de 2007, dice la defensa, lo que se traduce en que "no hubo intencionalidad alguna".

La credibilidad del principal testigo, "mutante de imputado en testigo de cargo tras su despido", dice el recurso, tambi¨¦n se pone en duda. El encargado de la finca cambi¨® su versi¨®n sobre las ¨®rdenes dadas por Alonso despu¨¦s de haber sido despedido de la empresa. "Es muy significativo", dice el recurso del magnate minero, que la segunda declaraci¨®n, "en la que cambi¨® radicalmente su posici¨®n", le sirviera para que "se sobreseyera la causa contra ¨¦l".

Ecologistas en Acci¨®n ped¨ªa como acusaci¨®n particular que se condenara al responsable por un delito contra el medio ambiente, pero el juez ¨²nicamente consider¨® probado el delito contra el patrimonio. La defensa de Alonso asegura que si el delito medioambiental prescribi¨®, tambi¨¦n deber¨ªa estar prescrito el otro.

La valoraci¨®n de los da?os tambi¨¦n ha sido incorrecta, asegura el recurso. Uno de los informes periciales cifr¨® el valor de los restos destruidos en 50,9 millones de euros. Los otros dos dieron por buena esa cifra, pero seg¨²n la defensa de Alonso "todos son informes de parte". El texto pone en duda el m¨¦todo de c¨¢lculo, que se bas¨® en extrapolar el material encontrado en la parte de la cueva que hab¨ªa sido explorada a toda la superficie. Finalmente, el juez fij¨® la indemnizaci¨®n en la mitad, 25,5 millones.

Ya durante la instrucci¨®n del caso otro juzgado impuso una fianza de 66 millones de euros al empresario del carb¨®n. ?l solo puso como aval su pensi¨®n. Fueron sus empresas, la responsable civil subsidiaria Ferpi, y una aseguradora las que cubrieron la cantidad.