El Gobierno acusa al Congreso de ¡°abuso y arbitrariedad¡±
El Ejecutivo pide al Tribunal Constitucional que ¡°a la mayor brevedad¡± acepte sus vetos a proposiciones de ley de la oposici¨®n
El Gobierno acusa al Congreso de los Diputados de hacer ¡°un uso abusivo y arbitrario de su facultad de calificaci¨®n de los escritos¡± y por eso pide al Tribunal Constitucional que ¡°a la mayor brevedad¡± establezca su capacidad de vetar iniciativas de la oposici¨®n.
El Ejecutivo present¨® el viernes al Tribunal el escrito por el que abre un ins¨®lito conflicto constitucional de atribuciones contra el Congreso. Pretende que la potestad que le da la Constituci¨®n para frenar el tr¨¢mite de iniciativas de la oposici¨®n que afecten a los Presupuestos no pueda ser cuestionada o rechazada por el Congreso.
En concreto, la Mesa de la C¨¢mara, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, rechaz¨® el veto de La Moncloa sobre una proposici¨®n para frenar la Lomce y otra sobre la reforma laboral. El Gobierno pretende que ¡°se declare que corresponde al Gobierno de la Naci¨®n la atribuci¨®n de impedir la tramitaci¨®n parlamentaria de la citada proposici¨®n de ley y en consecuencia declare nulos los acuerdos de la mesa del Congreso impugnados, as¨ª como todos los actos de la tramitaci¨®n parlamentaria subsiguiente¡±. El escrito al que ha tenido acceso EL PA?S ¡°solicita del tribunal que resuelva a la mayor brevedad el conflicto planteado, para evitar los efectos nocivos al sistema constitucional y la seguridad jur¨ªdica que dicha tramitaci¨®n ocasionar¨¢, especialmente si la proposici¨®n de ley es adoptada finalmente por las Cortes generales¡±. Es decir, por un lado pretende utilizar el pronunciamiento como precedente para todas las proposiciones de ley de la oposici¨®n y no solo las afectadas por el recurso. Se tratar¨ªa de facilitar el margen de maniobra del Gobierno en minor¨ªa en el Parlamento, impidiendo que durante toda la legislatura se aprueben proposiciones sin su consentimiento previo.
Por otro, advierte de que aunque esas dos iniciativas avancen en el tr¨¢mite porque ya han sido aceptadas por la mayor¨ªa del pleno del Congreso, podr¨ªan ser anuladas en el futuro si la sentencia es favorable al Gobierno. ¡°La anulaci¨®n de la decisi¨®n de la Mesa debe conllevar la de todos los actos subsiguientes del procedimiento parlamentario¡±, asegura para explicar que aunque las proposiciones terminaran convertidas en leyes en vigor, el vicio previo de procedimiento podr¨ªa provocar su anulaci¨®n. De hecho, el Gobierno admite en su escrito que no es posible invocar una suspensi¨®n cautelar en este tipo de recursos. Aunque el escrito admite que el Tribunal no se ha pronunciado nunca sobre un caso como este y solo lo ha hecho sobre comunidades aut¨®nomas, concluye que ¡°de la jurisprudencia constitucional puede concluirse que el Gobierno tiene legitimidad constitucional y reglamentaria para oponerse a la tramitaci¨®n de enmiendas o proposiciones de ley que supongan aumento de gasto o disminuci¨®n de ingresos¡±.
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