El juez del ¡®caso P¨²nica¡¯ atribuye tres delitos al presidente de Murcia

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Un d¨ªa despu¨¦s del tranquilo 18? congreso del PP, las causas de corrupci¨®n vuelven a cercar al partido de Mariano Rajoy. En una pieza separada del macrosumario de P¨²nica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de delito en el presidente de Murcia, Pedro S¨¢nchez, y en la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, junto a otras 20 personas. El juez entiende que S¨¢nchez, en su ¨¦poca de consejero de Educaci¨®n, se concert¨® con el empresario Alejandro de Pedro para otorgarle contratos a sus empresas que en realidad sirvieron para mejorar la imagen y la reputaci¨®n del pol¨ªtico en Internet, en su carrera para presidir la Regi¨®n de Murcia. Velasco atribuye a S¨¢nchez delitos de fraude, cohecho y revelaci¨®n de informaci¨®n reservada.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha informado este mismo lunes contra la posibilidad de que el juez Velasco eleve una exposici¨®n razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para la imputaci¨®n del presidente de la Regi¨®n. El ministerio p¨²blico entiende que en el caso de S¨¢nchez, al contrario que en el de Barreiro, "no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad" y, por lo tanto, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas p¨²blicas".

El presidente de Murcia ha asegurado este lunes que cuenta con "m¨¢s de una decena de certificados oficiales" que, seg¨²n ¨¦l, "acreditan" que nunca se hizo contrato alguno de ninguna ¨ªndole con la trama P¨²nica y ha a?adido que as¨ª lo explicar¨¢ "donde sea necesario". En una breve rueda de prensa, el dirigente murciano ha repetido hasta en media docena de ocasiones que "no hay nada, nunca hubo nada, nunca se pact¨®, ni se acord¨®, ni se contrat¨®, ni se pag¨®" contrato alguno con la empresa de De Pedro ni con ninguna otra. "Y como no se hizo, probaremos que no se hizo", ha reiterado durante toda su intervenci¨®n.

En el caso de Pilar Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 sostiene que la senadora, en su ¨¦poca de alcaldesa de Cartagena, utiliz¨® dinero p¨²blico de campa?as de turismo para abonar a De Pedro trabajos en su estricto beneficio pol¨ªtico, como la creaci¨®n de un peri¨®dico digital en la ciudad favorable a la alcaldesa, as¨ª como los honorarios del periodista encargado de este medio. Tambi¨¦n le atribuye Velasco ama?ar futuras adjudicaciones en contratos p¨²blicos de formaci¨®n de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n en beneficio de De Pedro. Por estos hechos, el magistrado acusa a la senadora de fraude, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, cohecho, prevaricaci¨®n continuada y revelaci¨®n de informaci¨®n reservada.

El juez Velasco relata en su auto que al exalcalde socialista de Cartagena Jos¨¦ Antonio Alonso Conesa se le intervino en octubre de 2014, cuando fue detenido por la trama P¨²nica, una tarjeta de cr¨¦dito Visa del Congreso de los Diputados a nombre de Pilar Barreiro, miembro entonces de la C¨¢mara baja. Esta tarjeta era supuestamente intransferible.

Seg¨²n el Congreso esa tarjeta es solo para los viajes de los diputados y ¨²nicamente se puede usar para pagar billetes de avi¨®n, tren y peajes. Posteriormente los parlamentarios dan cuenta de los desplazamientos. Los diputados no pueden utilizarla para sacar dinero en cajeros.

Los contratos de mejora de reputaci¨®n on line pagados con dinero p¨²blico tambi¨¦n se extendieron al entonces consejero murciano de Industria, Juan Carlos Ruiz, que dimiti¨® en junio de 2015, cuando se encontraba en funciones, tras ser imputado en la causa.

Ambos pol¨ªticos gozan de aforamiento ¡ªS¨¢nchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y Barreiro ante el Supremo¡ª. Por ello, el juez Velasco pide tanto a la Regi¨®n de Murcia como a la C¨¢mara alta que certifiquen su condici¨®n de aforados antes de emitir una exposici¨®n razonada para que esos tribunales los investiguen y, en su caso, los juzguen.

El juez Eloy Velasco acord¨® en septiembre de 2015 la formaci¨®n de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitaci¨®n y enjuiciamiento de estos hechos, Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigaci¨®n y la segunda la de Le¨®n) con toda la documentaci¨®n referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

En este caso, adem¨¢s de contra Pedro Antonio S¨¢nchez y Pilar Barreiro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz L¨®pez, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelaci¨®n de informaci¨®n reservada, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad en documento y pertenencia a organizaci¨®n criminal. El magistrado tambi¨¦n dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

El presidente de Murcia?ha detallado que el auto de Velasco, que no ha conocido de forma oficial, habla de que "pudo acordarse un contrato de 30.000 euros" con cargo a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n para hacer "trabajos de reputaci¨®n online", pero numerosos documentos oficiales acreditan que eso no ocurri¨®. En concreto, ha se?alado que el supuesto contrato se habr¨ªa cargado a una partida denominada "formaci¨®n" que no exist¨ªa en la Consejer¨ªa, por lo que ¡ªasegura¡ª es imposible que se suscribiera ese contrato. Adem¨¢s, ha indicado que recibi¨® numerosas ofertas para ese tipo de trabajos, algunas incluso "agresivas", que siempre se rechazaron. "Si el juez considera que hay que aclararlo m¨¢s, colaborar¨¦ para aclararlo, como he hecho siempre, porque no puede quedar ninguna duda", ha insistido.

Al presidente de Murcia se le acumulan los problemas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidi¨® el 2 de febrero asumir el caso Auditorio de presunta corrupci¨®n urban¨ªstica e investigar a Pedro Antonio S¨¢nchez (PP), que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construy¨® aquel edificio. La Sala de lo Civil y Penal se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condici¨®n de aforado de S¨¢nchez, tras estudiar la exposici¨®n motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que S¨¢nchez pudo incurrir en los delitos de prevaricaci¨®n, fraude contra la administraci¨®n p¨²blica, falsedad en documento oficial y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.