La defensora del pueblo pide regular el derecho a voto de los discapacitados intelectuales
Nada impide presentarse como candidatas en las elecciones a las mismas personas que no pueden votar
Soledad Becerril, la defensora del pueblo, ha pedido este martes a los partidos que arbitren una reforma legal para impedir que la declaraci¨®n de incapacidad intelectual de un ciudadano lleve aparejada autom¨¢ticamente la p¨¦rdida del derecho al voto. Becerril le ha trasladado al Gobierno la recomendaci¨®n de que busque un sistema que garantice decisiones individualizadas en funci¨®n del grado de discapacidad intelectual de cada ciudadano. El primer paso ya se ha dado: UPN registr¨® a principios de febrero una proposici¨®n de Ley en el Congreso para modificar una legislaci¨®n que afecta a m¨¢s de 100.000 personas; dice contar con el apoyo de los grupos mayoritarios en la C¨¢mara Baja; y argumenta que la privaci¨®n de voto vulnera el principio de igualdad que recoge la Constituci¨®n y la Convenci¨®n de derechos de las personas con discapacidad de la ONU.?
"Nuestra intenci¨®n es facilitar el voto para todas las personas que tienen discapacidad", ha explicado Becerril tras entregarle a Ana Pastor, presidenta del Congreso, el informe anual de su actuaci¨®n correspondiente a 2016. "Solamente mediante una resoluci¨®n judicial que esperamos que sea absolutamente ajustada se puede retirar o suspender ese derecho", ha a?adido. "Tenemos que tener una legislaci¨®n, o una normativa, en virtud de la cual sea dif¨ªcil o laborioso suspender o retirar el derecho a ejercer el voto, que es un derecho fundamental".
Voto rogado
Becerril, que no ha confirmado si quiere continuar en el cargo cuando su mandato expire en junio, tambi¨¦n se ha referido a la necesidad de facilitar el voto a los espa?oles residentes en el extranjero. El sistema actual obliga a declarar su deseo de votar con antelaci¨®n a los casi dos millones de espa?oles residentes en el extranjero y con derecho a sufragio.
En las elecciones generales de 2008, ¨²ltimas antes de la aprobaci¨®n de la nueva normativa, fueron escrutados el 31,88% de los votos de los expatriados. En los comicios de 2011, 2015 y 2016 fueron el 4,95%, el 4,73% y el 6,30%, respectivamente. El Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno y al Congreso que busquen una alternativa. Y la Junta Electoral Central ha sugerido que se opte por el voto electr¨®nico.
"El sistema exige muchas garant¨ªas y muchos pasos para poder emitir un voto, sobre todo si no est¨¢s en una gran capital, en una gran ciudad", ha recordado Becerril. "Hay que reducir [los pasos]", ha a?adido. "No es posible que haya que ir dos veces a 200 kil¨®metros para poder emitir un voto. Fueron muchas las personas que no pudieron votar por no vivir en grandes capitales y no poderse desplazar dos veces para emitir un voto".
El informe de la defensora especifica que "la propuesta para reforzar su derecho al voto, de modo que solo en supuestos muy excepcionales se impida, parece haber sido sustancialmente incorporada al programa pol¨ªtico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que existen fundadas esperanzas de que se aborde en esta legislatura". Y argumenta: "Se trata, en ambos casos, de respaldar al colectivo de personas con discapacidad y defender eficazmente sus derechos electorales, tanto en sentido positivo (votar) como negativo (no formar parte de una mesa electoral si no lo desean)".
Nada impide presentarse como candidatas en las elecciones a las mismas personas a las que la legalidad vigente impide votar. Fuentes del gabinete de la defensora explican que el objetivo es distinguir los diferentes niveles de incapacidad: en lugar de impedir autom¨¢ticamente el derecho al voto, Becerril aboga porque esa decisi¨®n tenga que estar argumentada y fundamentada. "Una persona con un Alzheimer incipiente puede saber perfectamente lo que quiere votar", explican.?
Sin embargo, el Tribunal Constitucional aval¨® a finales de diciembre de 2016 que los discapacitados intelectuales no puedan votar, al no admitir el recurso de amparo de un matrimonio que ped¨ªa que su hija pudiera hacerlo. Adela As¨²a, vicepresidenta del Alto Tribunal, emiti¨® entonces un voto particular en el que afirm¨® la "perplejidad" que le produc¨ªa que no se estudiara un problema que afecta a un sector de la poblaci¨®n en "una situaci¨®n de especial vulnerabilidad". Y a?adi¨®: "La exclusi¨®n del derecho de voto sobre la base de una discapacidad psicosocial o intelectual, percibida o real, constituye una discriminaci¨®n por motivos de discapacidad".
El n¨²mero 016 de denuncia de violencia de g¨¦nero deja rastro en el tel¨¦fono
El informe anual del Defensor del Pueblo advierte de que llamar al 016 de atenci¨®n telef¨®nica a la violencia de g¨¦nero no deja rastro en la factura pero s¨ª en el terminal, pues tanto los fijos como los m¨®viles a menudo ofrecen un listado de llamadas salientes que puede exponer a la mujer que ha establecido la comunicaci¨®n si ella no lo borra manualmente.
"Esta situaci¨®n puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda, puesto que su agresor, si el n¨²mero utilizado no desaparece de la lista de llamadas, puede percatarse de su realizaci¨®n, sobre todo si se tiene en cuenta que el comportamiento general de estas personas es de car¨¢cter controlador", dice el informe que la Defensora, Soledad Becerril, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, conforme reconoce el mismo texto, "la eliminaci¨®n de forma autom¨¢tica de los registros de las llamadas que se realizan al 016 en los terminales fijos o m¨®viles, por parte de los operadores prestadores del servicio telef¨®nico disponible al p¨²blico, no es t¨¦cnicamente posible".
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