El TSJ admite al presidente de Murcia una auditor¨ªa exculpatoria rechazada por la juez instructora

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Juli¨¢n P¨¦rez Templado, que ha asumido la investigaci¨®n en el caso Auditorio sobre el presidente de Murcia, ha admitido in extremis la petici¨®n de Pedro Antonio S¨¢nchez de incluir en el sumario dos informes periciales encargados por otro de los imputados y que supuestamente favorecen al pol¨ªtico. No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo regional intenta que dichos documentos, dos auditor¨ªas sobre la construcci¨®n bajo sospecha del complejo cultural de Puerto Lumbreras cuando ¨¦l era alcalde de este municipio, formen parte de la causa. Ya lo hizo cuando las pesquisas estaban en manos de la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lorca, Consuelo Andreo, pero entonces esta los rechaz¨® al considerar que no aportaban nada nuevo a lo ya incorporado, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Fue ella la que finalmente consider¨® que hab¨ªa indicios de delitos en la actuaci¨®n del dirigente regional del PP y elev¨® finalmente la causa al TSJ para que este ¨®rgano judicial se encargara de la investigaci¨®n dada su condici¨®n de aforado.

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La decisi¨®n del juez P¨¦rez Templado de admitirlos se comunic¨® a las partes personadas en el sumario el 27 de febrero, solo una semana antes de que se produzca el pr¨®ximo lunes la declaraci¨®n como investigado de Pedro Antonio S¨¢nchez acusado de los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, fraude a la Administraci¨®n y falsedad documental. Una decisi¨®n judicial que, seg¨²n las fuentes jur¨ªdicas consultadas, produjo ¡°extra?eza¡± entre otros motivos por el origen de los documentos, el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras donde el hoy presidente de Murcia fue alcalde y que sigue gobernado por el PP, y su presentaci¨®n. ¡°Los han remitido como si fueran auditor¨ªas oficiales cuando, en realidad, han sido elaborados por encargo de otro de los imputados¡±, destacan estas mismas fuentes, que prefieren mantener el anonimato.

De hecho, los informes hab¨ªan llegado al TSJ solo unos d¨ªas antes, el viernes 24 de febrero, dentro de un expediente remitido por el Consistorio con otros 40 documentos menores sin aparente relevancia tras presentar la defensa del propio pol¨ªtico un escrito al magistrado en el que se solicitaba que ante su pr¨®xima comparecencia como investigado se incorporasen a la causa ¡°todos los documentos que conforman el expediente de liquidaci¨®n de obra del Auditorio¡±. Entre ellos estaban, precisamente, los dos informes, realizados por la empresa ACE Edificaci¨®n a petici¨®n del arquitecto Mart¨ªn Lejarraga, autor del proyecto del auditorio bajo sospecha y tambi¨¦n encausado.

Sin embargo, ambos documentos no son, ni mucho menos, recientes. El primero de ellos, un estudio sobre ¡°superficies construidas¡± y ¡°estado de mediciones¡± del complejo cultural, est¨¢ fechado el 1 de marzo de 2016. El segundo, una ¡°auditoria del presupuesto modificado de la obra¡±, consta como realizado el 7 de diciembre de ese mismo a?o. Seg¨²n las fuentes jur¨ªdicas consultadas ninguno de los dos fue aparentemente elaborado en su origen para servir de prueba judicial, aunque cuando fueron redactados ya se hab¨ªa comenzado a instruir el caso Auditorio en el juzgado de Lorca y se conoc¨ªa p¨²blicamente que salpicaba a Pedro Antonio S¨¢nchez. Supuestamente, su fin era justificar ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras la realizaci¨®n de los trabajos de edificaci¨®n y as¨ª sustentar la petici¨®n que la constructora de la obra ven¨ªa realizando desde a?os antes para que se le devolviera el aval depositado tras ser el adjudicatario. Curiosamente, uno de estos informes, el fechado en diciembre, no se incorpor¨® al expediente del Consistorio de la localidad murciana hasta el viernes 24 de febrero, el mismo d¨ªa que fue remitido desde este al TSJ de Murcia, seg¨²n destacan las fuentes jur¨ªdicas consultadas.

Ambos documentos, que suman 1.007 folios con numerosas fotograf¨ªas y cuadros t¨¦cnicos, concluyen que supuestamente no existieron desajustes significativos en las obras y, por tanto, descartan la existencia de parte de las irregularidades investigadas. Ello refuerza la estrategia de defensa de Pedro Antonio S¨¢nchez, que desde que estall¨® el esc¨¢ndalo ha insistido en que no se trata de un caso de corrupci¨®n sino simplemente de un error administrativo. De hecho, poco despu¨¦s de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia hab¨ªa decidido asumir la investigaci¨®n sobre el presidente auton¨®mico, el PP regional reparti¨® entre sus cargos p¨²blicos un argumentario de dos folios en el que incid¨ªa en dicho planteamiento. En dicho documento, que recoge buena parte de las respuestas que el propio S¨¢nchez ha ofrecido a los periodistas en sus recientes comparecencias p¨²blicas, se incide precisamente en que el proceso cont¨® con ¡°los informes favorables del Ayuntamiento¡± y pas¨® ¡°los controles y fiscalizaciones que establece la ley¡±. ¡°Hasta el ¨²ltimo euro de la obra est¨¢ debidamente certificado", conclu¨ªa en referencia a los 6 millones de euros en los que estaba presupuestada la obra.

En este argumentario interno del PP tambi¨¦n se hablaba de otros informes t¨¦cnicos que, supuestamente, ¡°avalan las actuaciones realizadas¡± por Pedro Antonio S¨¢nchez como alcalde de Puerto Lumbreras. As¨ª hac¨ªa referencia a un informe de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), que solo recog¨ªa la existencia de ¡°posibles errores administrativos¡±. Tambi¨¦n destacaba que ¡°el perito principal de la Fiscal¨ªa¡± hab¨ªa se?alado durante la instrucci¨®n de la causa que ¡°los seis millones de euros de la subvenci¨®n est¨¢n en la obra¡±. Y terminaba citando a ¡°un prestigioso catedr¨¢tico de derecho Administrativo¡±, Santiago Gonz¨¢lez-Varas, como autor de otros tres documentos que supuestamente ¡°avalan la inexistencia de il¨ªcitos penales y respaldan las actuaciones¡±. Pese a todos ellos, la juez de Lorca primero y, ahora, el TSJ de Murcia decidieron seguir investigando al presidente regional por cuatro delitos.