El Supremo complica el plan del Gobierno para enviar a Perez de los Cobos al Tribunal de Estrasburgo
El tribunal anula el acuerdo del Ejecutivo que limita a 61 a?os la edad de los aspirantes y deja fuera a Mar¨ªa Emilia Casas
El Tribunal Supremo ha complicado la estrategia del Gobierno para colocar al todav¨ªa presidente del Tribunal Constitucional, Francisco P¨¦rez de los Cobos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La secci¨®n cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha acordado la suspensi¨®n cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 20 de enero por el que se regulaban las pautas para elegir al representante espa?ol en el tribunal de Estrasburgo y que inclu¨ªa una novedad respecto a ocasiones anteriores: los aspirantes no pueden tener m¨¢s de 61 a?os. Esta condici¨®n allana el camino de P¨¦rez de los Cobos, considerado el favorito del ejecutivo para ese puesto, porque deja fuera a la que podr¨ªa ser su principal rival: la tambi¨¦n expresidenta del Constitucional Mar¨ªa Emilia Casas, que ha cumplido 66 a?os.
El Supremo ha actuado a ra¨ªz de un recurso presentado por Jueces para la Democracia (JpD), la asociaci¨®n que re¨²ne al sector progresista de la carrera judicial, que considera que las pautas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy suponen una discriminaci¨®n directa por raz¨®n de edad y una indirecta por raz¨®n de g¨¦nero, ya que el l¨ªmite de 61 a?os no solo deja fuera a Casas sino tambi¨¦n a la mayor¨ªa de mujeres que re¨²nen los requisitos de experiencia contrastada y ¡°reconocida competencia¡± que se exigen para acceder al Tribunal de Estrasburgo.
La suspensi¨®n cautelar tendr¨¢ una duraci¨®n de entre tres y cuatro meses. JpD present¨® un recurso contencioso-administrativo especial de protecci¨®n de derechos fundamentales y pidi¨® la suspensi¨®n cautelar del acuerdo del Gobierno. Otras entidades como la Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (ADADE) han impugnado tambi¨¦n en el Supremo el acuerdo del Consejo de Ministros.
El mandato del actual juez titular en representaci¨®n de Espa?a en el tribunal europeo, Luis L¨®pez Guerra, designado por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ya ha expirado y el Ejecutivo debe abrir un plazo para que se presenten candidaturas y proponer un sustituto. El acuerdo del Consejo de ministros serv¨ªa para regular las pautas para la elaboraci¨®n de una terna de candidatos. La ¨²nica novedad entre los requisitos exigidos por el Gobierno respecto a convocatorias anteriores era el l¨ªmite de edad, que, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, se estableci¨® para propiciar que el elegido pueda mantenerse en el cargo los nueve a?os que dura el mandato, ya que el Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos exige que los jueces del tribunal europeo deben ser menores de 70 a?os. Al cumplir esta edad, deben abandonar el cargo. Pero aunque el convenio europeo fije un m¨¢ximo de edad para estar en el puesto, no establece ning¨²n requisito de edad para acceder a ¨¦l ni exige que se cumpla el mandato completo de nueve a?os.
Mar¨ªa Emilia Casas, presidenta del Constitucional entre 2004 y 2011, hab¨ªa expresado a su entorno su decisi¨®n de aspirar al puesto. Tanto Casas como P¨¦rez de los Cobos cumplen el resto de condiciones: tener nacionalidad espa?ola y un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del tribunal (ingl¨¦s y franc¨¦s) y al menos suficiente conocimiento pasivo del otro.El convenio por el que se rige el tribunal exige que los candidatos sean ¡°personas que gocen de la m¨¢s alta consideraci¨®n moral y re¨²nan las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia, no pudiendo ejercer durante su mandato ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para una actividad ejercida a tiempo completo¡±. Los dos expresidentes del Constitucional estar¨ªan en condiciones de acreditar este requisito, aunque Casas cuenta a su favor con que Europa quiere corregir el d¨¦ficit de mujeres en sus tribunales (ahora solo hay 16 de 47 miembros en el TEDH).
JpD sostiene que el l¨ªmite de 61 a?os impuesto por el Consejo de Ministros, ¡°m¨¢s all¨¢ de otras intenciones no expresas del acuerdo de Gobierno que intenten favorecer a personas concretas¡±, supone una discriminaci¨®n por raz¨®n de la edad, y vulnera el derecho fundamental a la igualdad del art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n Espa?ola, as¨ª como la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni¨®n Europea. Tambi¨¦n supone, seg¨²n esta asociaci¨®n, una discriminaci¨®n indirecta por raz¨®n de g¨¦nero, pues este criterio de limitar la edad, ¡°aparentemente neutro¡±, perjudica las mujeres juristas que pudieran reunir los requisitos exigidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. ¡°Las mujeres tuvieron limitado el acceso a profesiones jur¨ªdicas hasta poco antes de la Constituci¨®n espa?ola. As¨ª, hasta el a?o 1977 no pudo acceder una mujer a la judicatura y la primera catedr¨¢tica espa?ola de una Facultad de Derecho es de 1964. Las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a puestos en las altas instancias judiciales y acad¨¦micas ¨Cque a¨²n perviven- limita sus posibilidades de acceso para ser miembro del TEDH, puesto que mayoritariamente re¨²nen los requisitos exigidos las mujeres que ya han cumplido la edad de 61 a?os¡±.
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