Libertad de expresi¨®n (y convivencia) en la era del tuit
Juristas, acad¨¦micos y soci¨®logos discrepan sobre los l¨ªmites de la ley para combatir el odio en las redes sin coartar el derecho de opini¨®n
Un a?o de c¨¢rcel y siete de inhabilitaci¨®n para una estudiante de 21 a?os por burlarse en Twitter del atentado de ETA que mat¨® a Luis Carrero Blanco hace cuatro d¨¦cadas. El caso Cassandra encendi¨® a finales de marzo el debate sobre los l¨ªmites del humor, los de la libertad de expresi¨®n y los del C¨®digo Penal. El eterno debate pero ahora en un escenario nuevo: el de la eclosi¨®n de las redes sociales, el foro global.
Pocas semanas antes de la sentencia sobre Cassandra Vera se produjo otra similar: la condena al cantante C¨¦sar Strawberry, que hab¨ªa tuiteado, por ejemplo, que a?oraba a los GRAPO y brome¨® con enviar un ¡°rosc¨®n-bomba¡± al Rey. Esos mensajes, dijo el Tribunal Supremo, ¡°alimentan el discurso del odio¡± y ¡°legitiman el terrorismo como f¨®rmula de soluci¨®n de los conflictos sociales¡±. Y entre un caso, el de Strawberry, y el otro, el de Cassandra Vera, hubo un episodio particular en otro frente: la reacci¨®n de rechazo frontal en varias ciudades a la campa?a tr¨¢nsfoba del autob¨²s de la asociaci¨®n Hazte O¨ªr.
Algunos de los que hab¨ªan justificado la condena a Strawberry argumentando que la libertad de expresi¨®n no lo ampara todo defendieron entonces que Hazte O¨ªr ten¨ªa el derecho constitucional a difundir su mensaje, por muy hiriente que este fuera; y algunos de los que hab¨ªan clamado contra la condena a Strawberry apelando al derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n pidieron la inmovilizaci¨®n del autob¨²s de Hazte O¨ªr alegando que su mensaje no era inocuo: discriminaba y pod¨ªa da?ar profundamente a los ni?os transg¨¦nero. Eran asuntos muy distintos, pero en ambos surgi¨® un argumento parecido: la necesidad de combatir el odio, la humillaci¨®n o el menosprecio al otro.
?C¨®mo hacerlo eficazmente sin caer en la desproporci¨®n o la arbitrariedad?
EL PA?S ha hablado con juristas, acad¨¦micos y soci¨®logos sobre un asunto con doble cara: ?est¨¢ en riesgo la libertad de expresi¨®n en Espa?a por la tendencia a resolver por la v¨ªa penal cuestiones de toda naturaleza? ?Est¨¢, por el contrario, en riesgo la convivencia por la banalizaci¨®n de discursos intolerantes en las redes sociales? ?Hay forma de combatir lo segundo sin caer en lo primero?
?Es odio o es terrorismo?
Los delitos de odio son, seg¨²n la definici¨®n de la Organizaci¨®n para la Seguridad y la Cooperaci¨®n en Europa (OSCE) asumida por Espa?a, los ¡°motivados por los prejuicios¡± del agresor hacia su v¨ªctima. Bajo ese paraguas, el Gobierno del PP reform¨® en 2015 dos art¨ªculos del C¨®digo Penal, ampliando su alcance y endureciendo las penas. Uno, el 510, castiga los discursos o comportamientos que inciten ¡°directa o indirectamente¡± al odio, la hostilidad, la discriminaci¨®n o la violencia contra personas o colectivos, y el ¡°menosprecio o humillaci¨®n¡± a esos colectivos. Persigue actos hom¨®fobos, racistas, xen¨®fobos, antisemitas, los ataques motivados por ideolog¨ªa o los referidos a la identidad sexual. El juez que orden¨® inmovilizar el autob¨²s de Hazte O¨ªr invoc¨® este art¨ªculo.
El otro es el 578, creado en 2000 ¡ªcon ETA y sus organizaciones afines a¨²n muy activas¡ª para castigar el ¡°enaltecimiento del terrorismo¡± y la ¡°humillaci¨®n a las v¨ªctimas¡± (s¨®lo espec¨ªficamente a las del terrorismo). Este es el que se ha aplicado a Cassandra Vera y C¨¦sar Strawberry.
Internet lo cambia todo
Tanto para el art¨ªculo 510 como para el 578 se introdujo en esa reforma el agravante de comisi¨®n del delito a trav¨¦s de Internet o redes sociales: en esos casos se aplica la pena m¨¢xima (cuatro a?os de c¨¢rcel para los delitos de odio, tres a?os para el enaltecimiento terrorista). Y ah¨ª se abri¨® una puerta nueva, en un momento en el que una parte importante de la poblaci¨®n, en especial los j¨®venes, vuelca literalmente su pensamiento en Internet.
Los casos de enaltecimiento son m¨¢s ahora que cuando ETA mataba
Todos los juristas consultados subrayan la importancia de analizar el ¡°contexto¡± ¡ªb¨¢sicamente, dilucidar qu¨¦ poso de intenci¨®n o de simple inconsciencia hay en un comentario lanzado al vuelo¡ª cuando se juzgan estos delitos, pero todos admiten que no es f¨¢cil.
¡°En esta era hemos vuelto a la plaza p¨²blica. Internet est¨¢ sustituyendo el monopolio de los medios: todo el mundo puede hacer uso de esa libertad en la plaza p¨²blica del ciberespacio. Tambi¨¦n un mentiroso o un malvado¡±, se?ala Santiago Mu?oz Machado, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y acad¨¦mico de la RAE y de la Academia de Ciencias Morales y Pol¨ªticas. Teresa Freixes, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional en la Aut¨®noma de Barcelona, a?ade: ¡°Las personas deben ser conscientes de que Twitter o Facebook no son juguetes: es comunicaci¨®n, y est¨¢ sujeta a unas reglas comunes¡±.
49 condenas por enaltecer a ETA, s¨®lo cinco por yihadismo
Desde enero de 2015 ha habido en Espa?a 67 sentencias por enaltecimiento del terrorismo o humillaci¨®n a sus v¨ªctimas, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial; de las 54 condenas que se han dictado, 49 fueron por ensalzar a ETA y cinco por enaltecimiento yihadista (aunque hubo, adem¨¢s, cuatro casos elevados a delito de adoctrinamiento).
La reforma penal de 2015 se justific¨®, entre otras razones, por la necesidad de combatir la radicalizaci¨®n online. Pero, en lo referido espec¨ªficamente al delito de enaltecimiento, siguen siendo muchas m¨¢s las causas ligadas a ETA. En ninguno de esos casos, al menos que haya trascendido, el condenado ha entrado en prisi¨®n (suelen ser condenas de conformidad inferiores a dos a?os); eso podr¨ªa cambiar si hay reincidencias.
Los datos
Es dif¨ªcil cuantificar los delitos de odio que se producen cada a?o, porque se siguen en distintos juzgados de toda Espa?a y afectan a varios art¨ªculos salpicados por el C¨®digo Penal. Un informe del Ministerio del Interior sostiene que en 2015 hubo 1.238 ¡°investigaciones¡±; el 61% de ellas, por xenofobia o motivaci¨®n ideol¨®gica. Pero esas investigaciones no tienen por qu¨¦ acabar en el juzgado. La Memoria de la Fiscal¨ªa referida a ese a?o habla de 84 ¡°diligencias de investigaci¨®n abiertas¡± y 228 ¡°procedimientos judiciales¡± por odio y discriminaci¨®n (61 de ellos, por el art¨ªculo 510), pero alerta de ¡°la imposibilidad de ofrecer datos estad¨ªsticos fiables¡± ante la falta de medios inform¨¢ticos.
En el caso del enaltecimiento del terrorismo las cifras son algo m¨¢s claras, al estar centralizadas por la Audiencia Nacional: 60 diligencias incoadas ese a?o por la fiscal¨ªa (43 de ellas, archivadas) y 32 escritos de acusaci¨®n, por esas diligencias o anteriores. Este delito es el que ha centrado la atenci¨®n medi¨¢tica y ha provocado una pol¨¦mica mayor; quiz¨¢ porque se da la paradoja de que hay muchas m¨¢s condenas ahora que cuando ETA mataba. Seg¨²n la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2005 y 2011 la Audiencia Nacional dict¨® 13 condenas y 19 absoluciones por enaltecimiento del terrorismo o humillaci¨®n a las v¨ªctimas; desde 2015 hasta ahora ha habido 54 condenas (51 de ellas, por comentarios en redes sociales) y 13 absoluciones.
¡°La v¨ªa penal s¨®lo debe aplicarse si hay incitaci¨®n directa¡±, afirma un penalista
Argumentos contra la v¨ªa penal: excesiva e in¨²til
Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad Aut¨®noma de Madrid, sostiene que se est¨¢ haciendo un uso excesivo de la v¨ªa penal en este tipo de delitos. ¡°Es desproporcionada e in¨²til. S¨®lo deber¨ªa aplicarse cuando hay una incitaci¨®n directa a un acto de violencia concreto; cuando la gente est¨¢, digamos, poniendo en marcha algo, no solo diciendo fascistadas. Eso del ¡®clima de hostilidad¡¯ que han metido ahora en el C¨®digo... ?Ese clima qu¨¦ es, c¨®mo se concreta?¡±, pregunta.
De la misma opini¨®n es Mu?oz Machado, defensor de la ¡°doctrina del peligro inminente¡±. ¡°No es lo mismo decir ¡®yo matar¨ªa a Trump porque es un majadero¡¯ que atentar contra ¨¦l. Esa diferencia marca lo que es l¨ªcito y lo que no. Hay tipos penales que antes ten¨ªan tres renglones y ahora son tres p¨¢ginas. Esas leyes arreglalotodo no permiten a los jueces tener en cuenta las circunstancias de cada caso¡±, considera. Tanto ¨¦l como Cancio, en todo caso, detectan un ¡°ambiente irrespirable¡± en las redes sociales y abogan por sustituir la v¨ªa penal por otras de tipo administrativo (multas, cerrar ciertos chats, prohibir la difusi¨®n de determinados discursos) o civil (protecci¨®n del honor).
M¨®nica Cornejo, doctora en Antropolog¨ªa en la Complutense, y Artemio Baigorri, soci¨®logo de la Universidad de Extremadura, est¨¢n tambi¨¦n en esa l¨ªnea. ¡°Este no es un asunto de castigo penal sino de autocontrol. Creo que el Estado s¨®lo debe intervenir con campa?as de sensibilizaci¨®n o educativas, para que con el tiempo las nuevas generaciones se comporten de otra manera. Si vas por la v¨ªa penal es casi tanto como decirle a la gente lo que tiene que pensar¡±, dice Cornejo. Baigorri cree que si hubiera que aplicar el C¨®digo Penal a todo lo que se dice en Internet ¡°el 20% de la poblaci¨®n estar¨ªa encausado¡±. ¡°Esto es un sarpullido que pasar¨¢. La clave es la educaci¨®n. Estos casos que o¨ªmos estos d¨ªas, los tuiteros... ah¨ª lo que hay es un problema de educaci¨®n¡±, dice. ¡°Yo conf¨ªo en que, al ser este un proceso adaptativo que acaba de empezar, las pr¨®ximas generaciones dejar¨¢n de actuar as¨ª. Hasta entonces s¨®lo queda aguantar. Con serenidad, como cuando se ve crecer a los ni?os. Con esto de Internet hay un proceso de infantilizaci¨®n en la sociedad¡±.
Un fiscal: ¡°Hemos comprobado que muchos autores de cr¨ªmenes consumen antes discursos de odio¡±
Argumentos a favor: la intolerancia es un veneno
Frente a ese punto de vista est¨¢ el de, por ejemplo, Miguel ?ngel Aguilar, fiscal coordinador del servicio de delitos de odio y discriminaci¨®n en la provincia de Barcelona, y miembro de la Uni¨®n Progresista de Fiscales. ?l cree que se est¨¢ poniendo mucha atenci¨®n en casos reales pero ¡°m¨¢s anecd¨®ticos¡± y no se est¨¢ atendiendo al veneno que para la sociedad supone la intolerancia en masa. ¡°Hay que entender que ciertos discursos de odio favorecen delitos, suponen un peligro para muchos colectivos. Que, cuando una persona hace un discurso racista u hom¨®fobo, eso puede tener consecuencias concretas en las condiciones de vida de muchas personas¡±, insiste. Y cuenta su experiencia sobre el terreno: ¡°Muchas veces, en la investigaci¨®n de delitos violentos muy graves, cuando accedemos a los ordenadores o m¨®viles de los autores vemos que hab¨ªan consumido gran cantidad de discursos de odio. Es importante buscar la proporcionalidad y ver las circunstancias de cada caso, pero la v¨ªa penal es imprescindible para perseguir discursos que ponen en peligro el modelo de convivencia democr¨¢tico y la dignidad de las personas¡±.
Freixes coincide: ¡°La libertad de expresi¨®n no es ilimitada, nunca lo ha sido. Es m¨¢s, precisamente el hecho de que tenga l¨ªmites es lo que puede salvaguardar la democracia en un momento dado¡±. La catedr¨¢tica no ve riesgo de inconstitucionalidad en las condenas a Cassandra Vera y Strawberry, aunque s¨ª cree que en casos como esos ser¨ªa m¨¢s proporcional y ¨²til imponer penas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad) en lugar de c¨¢rcel.
La magistrada Alejandra Fr¨ªas, que en los ¨²ltimos a?os ha sido vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad, apunta: ¡°Quiz¨¢ ser¨ªa ¨²til actualizar normativas como la ley de derecho al honor, adapt¨¢ndola a la nueva realidad de Internet. Por ah¨ª podr¨ªan resolverse muchas infracciones que merecen un reproche administrativo y no penal. Pero la v¨ªa penal debe existir. No se pueden aprovechar las redes sociales para decir barbaridades¡±.
El fil¨®sofo y acad¨¦mico Emilio Lled¨®, con m¨¢s de 50 a?os de experiencia docente a sus espaldas, desconf¨ªa de las medidas penales en este ¨¢mbito, pero se declara ¡°sin aliento¡± por lo que oye de lo que se dice en las redes sociales, que no sigue. ¡°La ignorancia y la estupidez siempre acaban en violencia¡±, dice. ¡°Fomentar el odio es un crimen¡±.
Entre el chiste y el delito
?Est¨¢ hoy un tuitero m¨¢s vigilado de lo que lo estaban Tip y Coll cuando hac¨ªan chistes sobre Carrero Blanco en los a?os ochenta? El de los tuits en tono de burla tiene un cap¨ªtulo espec¨ªfico dentro del debate sobre la persecuci¨®n penal de los discursos de odio en redes sociales. "?C¨®mo es posible que un chiste que yo le escuchaba a mi t¨ªo cuando era un ni?o haya sido uno de los que ha llevado a C¨¦sar Strawberry y a Cassandra Vera a ser condenados?", se pregunta el penalista Manuel Cancio. Y se responde: "S¨®lo se explica porque se est¨¢ usando eso para otras cosas: como ya no tenemos terrorismo de ETA, pues nos lo inventamos". La magistrada Alejandra Fr¨ªas replica: "Una cosa es el humor y otra el escarnio sobre alguien que sufre. Y tenemos que asumir esto de una vez: el eco salvaje que adquiere todo lo que se dice en las redes".
Fuentes de la Audiencia Nacional y de la fiscal¨ªa sostienen que los meros chistes no se persiguen penalmente, y que lo que ocurre es que ¡°a veces se hace pasar por chistes lo que es un elogio abierto a m¨¦todos terroristas¡±.
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