Una juez requiere la realizaci¨®n de 31 mejoras urgentes en el CIE de Algeciras

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La remisi¨®n de partes de lesiones directos a los juzgados; la creaci¨®n de un registro de uso de la fuerza f¨ªsica como medida de contenci¨®n; la necesidad de realizar pruebas previas de tuberculosis o VIH; la realizaci¨®n de mejoras b¨¢sicas en las habitaciones como la supresi¨®n de barrotes o la instalaci¨®n de retretes. Y as¨ª hasta sumar 31 medidas urgentes como soluciones inmediatas a las graves deficiencias que acumula el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras. La juez Bel¨¦n Barranco Ar¨¦valo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 1 de Algeciras, ha emitido un requerimiento dirigido a los directores de este centro y su anexo en Tarifa y al ministro del Interior en el que enumera una a una las subsanaciones que debe afrontar el centro de forma ¡°absolutamente indispensable para cumplir con los derechos reconocidos por la legislaci¨®n espa?ola¡± y por los derechos reconocidos por la legislaci¨®n internacional.

El expediente, con fecha del 8 de mayo de 2017, se basa en una visita realizada por la propia juez a los centros de Algeciras y Tarifa el pasado 10 de abril. Quer¨ªa comprobar de primera mano ¡°si se hab¨ªan cumplimentado los requerimientos contemplados¡± en un auto del 12 de Diciembre de 2016, realizado a ra¨ªz de dos inspecciones realizadas en ese mismo a?o. Sin embargo, la magistrada ha descubierto que ¡°la gran mayor¨ªa de ellos¡± sigue sin subsanarse. La mayor parte de ellos hacen referencia a la subsanaci¨®n de deficiencias en la higiene, la salubridad, la seguridad, el trato o la salud de los inmigrantes internados en ambos CIE.

En el actual auto, la juez solicita que se suscriba un acuerdo con el Colegio de Abogados de C¨¢diz para que exista un Servicio de Orientaci¨®n Jur¨ªdica y que se creen buzones para las ONG que visitan el centro, el juzgado de control y la direcci¨®n. En cuanto a la seguridad, la jueza determina que se aumente el n¨²mero de c¨¢maras de vigilancia, que se cree un registro en el que consten las quejas y peticiones realizadas por los internos. No es el ¨²nico registro a crear. La jueza ha ordenado ¡°la creaci¨®n de un registro de las separaciones temporales o del uso de otros medios de contenci¨®n, como la fuerza f¨ªsica o el uso de grilletes en donde conste la hora de inicio y finalizaci¨®n y los motivos de la misma¡±. Adem¨¢s, establece que los servicios m¨¦dicos de las instituciones deben remitir los partes de lesiones directamente al juzgado ¡°o en su caso, en sobre cerrado a la direcci¨®n para su remisi¨®n a la autoridad judicial¡±.

El documento concentra buena parte de las cr¨ªticas en la urgencia de mejorar las instalaciones en las que viven los internos. As¨ª solicita la construcci¨®n de espacios l¨²dicos comunitarios, la supresi¨®n de rejas en las habitaciones y el acceso de luz natural a las mismas con accesos al exterior. Igualmente, determina que es necesario la instalaci¨®n de duchas en parte de las habitaciones y de climatizaci¨®n en las instalaciones donde viven los internos. En el caso del centro de Tarifa, la magistrada establece que es necesario acabar con la masificaci¨®n denunciada en anteriores ocasiones y eliminar los cuartos de m¨¢s de tres personas. En los mismos espacios considera que se tienen que instalar en cada uno duchas y retretes, en lugar del uso del actual agujero realizado en el suelo para defecar (conocido como retrete turco) que ya han denunciado, en reiteradas ocasiones, tantos las ONGs como el Defensor del Pueblo.

Sin retretes

De hecho, el auto se basa en una visita realizada el pasado 14 y 15 de febrero por el Defensor del Pueblo y cuyos informes fueron remitidos al juzgado. En ellos, se establec¨ªan hasta 42 criterios a subsanar en ambas instalaciones, buena parte de ellos recogidos ahora por la juez. As¨ª, Barranco cree que es necesario adaptar el modelo de parte de lesiones ¡°a los requisitos exigidos en el informe del Defensor del Pueblo sobre "los partes de lesiones de personas privadas de libertad¡±.

La salud y salubridad en los CIE de Algeciras y Tarifa tambi¨¦n preocupa a la jueza que ha establecido la necesidad de que los internos cuenten con asistencia sanitaria las 24 horas del d¨ªa. Considera que los servicios m¨¦dicos de ambas instalaciones deben poseer ¡°lo necesario para garantizar la realizaci¨®n, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificaci¨®n de, al menos, tuberculosis, VIH, s¨ªfilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y par¨¢sitos intestinales¡±. Adem¨¢s, solicita que se aumente los kit de higiene con crema hidratante.

Para contrastar el correcto cumplimiento de los servicios subcontratados, la juez de instrucci¨®n determina que es determinante analizar ¡°el grado de cumplimiento de los contratos que el Ministerio del Interior ha suscrito con empresas externas que prestan servicios en el centro, en concreto, con la empresa Albie (alimentaci¨®n), Clece (limpieza), Cl¨ªnica Madrid (sanidad) y OHL (mantenimiento)¡±. Considera tambi¨¦n que hay que informar a los internos con boletines sobre ¡°sobre violencia de g¨¦nero, trata de seres humanos, violencia sexual y habeas corpus¡±.

En el auto, la jueza recuerda a los directores de ambas instituciones y al propio ministro que los CIE ¡°no tienen un car¨¢cter penitenciario¡±. Para ello, en los razonamientos jur¨ªdicos (en los que legitima tambi¨¦n la labor de control del Defensor del Pueblo) se recuerda los derechos generales de los internos y, concretamente, la posibilidad de usar tel¨¦fonos m¨®viles. Por ello, en su nuevo expediente, la magistrada determina que se debe garantizar ¡°que todos los internos puedan tener la posesi¨®n tanto de sus tel¨¦fonos m¨®viles como los ¨²tiles para la carga y uso de los mismos, y realizar llamadas al exterior y recibir llamadas del exterior, al menos durante un periodo m¨ªnimo de cuatro horas diarias¡±. En consecuencia, recuerda tambi¨¦n que se deben retirar las mamparas de cristal y hierro en la sala de visitas y la necesidad de construir una zona de visitas en el centro de Tarifa.

Tal y como han explicado desde el propio Juzgado, contra esta resoluci¨®n no cabe recurso alguno. Ahora est¨¢ por ver si el Ministerio y los propios directores atienden esta nuevo que se suma a las reiteradas peticiones de asociaciones, ONG y el Defensor del Pueblo que llevan a?os denunciando las deficiencias de ambos centros.