La Generalitat maniobra para tener el control pol¨ªtico del poder judicial

La ley de ruptura que ha redactado el soberanismo elimina de un plumazo la divisi¨®n de poderes. El borrador al que ha tenido acceso EL PA?S dise?a un complejo sistema de elecci¨®n de jueces y de la c¨²pula de la magistratura catalana que, en la pr¨¢ctica, permitir¨ªan al Govern tener bajo su control el poder judicial. El presidente de la Generalitat se reserva directamente el nombramiento del fiscal general de Catalu?a (una potestad que tambi¨¦n tiene en Espa?a el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero adem¨¢s podr¨¢ designar al presidente del Tribunal Supremo catal¨¢n.

Los art¨ªculos que la ley fundacional dedica al nuevo poder judicial de Catalu?a demuestran la preocupaci¨®n del bloque soberanista por atar en corto a este poder del Estado, que est¨¢ poniendo contra las cuerdas a la Generalitat y al Parlament por las iniciativas que impulsan para celebrar un refer¨¦ndum ilegal.

Los redactores de la ley dan por hecho que el actual Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se convertir¨¢ en el Tribunal Supremo de Catalu?a. El presidente de la Generalitat nombrar¨¢ al m¨¢ximo responsable del Supremo a propuesta de un nuevo organismo, una especie de Consejo General del Poder Judicial pero mucho m¨¢s politizado. La propuesta partir¨ªa de una comisi¨®n mixta formada por el presidente del Supremo catal¨¢n, por el ministro de Justicia de una Catalu?a independiente (ser¨ªa el vicepresidente de la comisi¨®n), por cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se garantizar¨ªan designar qui¨¦n est¨¢ al frente de la c¨²pula judicial catalana.

Pero las interferencias pol¨ªticas tambi¨¦n afectan de lleno al Supremo catal¨¢n. La sala de gobierno, que por ejemplo decidir¨ªa el nombramiento de jueces y magistrados, estar¨ªa formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil, administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por mayor¨ªa absoluta por el Parlamento catal¨¢n controlado por los secesionistas.

El inter¨¦s por acelerar los plazos para tener bajo control el poder judicial es evidente en la ley. As¨ª, la norma establece que cinco d¨ªas despu¨¦s de que se apruebe la ley fundacional, el Parlamento catal¨¢n elegir¨¢ por mayor¨ªa absoluta a los presidentes de sala del Supremo y a los cinco jueces que la C¨¢mara tiene que designar para que formen parte de la sala de gobierno de la c¨²pula judicial catalana. Solo dos d¨ªas despu¨¦s se formar¨ªa la sala de gobierno del Supremo catal¨¢n. Y ah¨ª se incluye una maniobra para intentar legitimar este ¨®rgano ante posibles negativas de magistrados a participar en la operaci¨®n de ruptura. La ley establece que la sala de gobierno podr¨¢ constituirse con la mera asistencia de la mitad m¨¢s uno de sus miembros, sin necesitarse un qu¨®rum superior. Es decir, con la presencia de los cinco magistrados nombrados directamente por el Parlament y la de los presidentes de sala, la c¨²pula judicial catalana ya estar¨ªa en marcha. El m¨¢ximo responsable de la sala de lo civil ser¨ªa el presidente provisional del Supremo catal¨¢n.

Las maniobras de control tambi¨¦n se ampl¨ªan a la fiscal¨ªa. El borrador establece que el presidente catal¨¢n designar¨¢ al fiscal general tras escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia la elecci¨®n del resto de fiscales.

La ley contempla la creaci¨®n de una sala constitucional que revisar¨ªa recursos de amparo y la revisi¨®n de resoluciones judiciales contrarias a la ley fundacional. La contaminaci¨®n pol¨ªtica en este caso tambi¨¦n es clara. Esta sala estar¨ªa formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados elegidos por el Parlamento catal¨¢n.