El borrador de ruptura deja dudas sobre el pago de las pensiones y el cobro de impuestos
Informes de la Generalitat admiten que dependen de la recaudaci¨®n de las empresas y de la emisi¨®n de m¨¢s deuda
Al d¨ªa siguiente de una declaraci¨®n unilateral de independencia, la pregunta de rigor en Catalu?a es c¨®mo se financiar¨ªan las pensiones, los sueldos de los funcionarios o las prestaciones de paro. El borrador de ley de ruptura?al que ha tenido acceso EL PA?S?tan solo dice que se garantizar¨¢ el pago de las prestaciones sociales. Sin embargo, no aclara c¨®mo. En un informe del Consejo para la Transici¨®n Nacional elaborado en 2014, la Generalitat admite que tendr¨ªa que crear a toda prisa un banco central que ¡°podr¨ªa emitir deuda p¨²blica destinada a cubrir temporalmente el diferencial de recaudaci¨®n que se obtendr¨ªa en condiciones normales¡±. El coste durante los primeros meses alcanzar¨ªa los 5.000 millones al mes. Pero Catalu?a tiene calificaci¨®n de bono basura y solo se financia gracias al Estado espa?ol.
Aislada de los mercados financieros, los ingresos depender¨ªan de las retenciones a las empresas. ¡°En un ejercicio de ciencia ficci¨®n, estas quedar¨ªan entre dos agencias tributarias que pugnan por la misma recaudaci¨®n. Tendr¨ªan que decidir ante qu¨¦ Administraci¨®n tributan y cotizan. Lo m¨¢s probable es que pagasen a aquella que perciban con mayor poder ejecutivo. Con tal de evitar la inseguridad jur¨ªdica, muchas podr¨ªan trasladar fuera su domicilio fiscal¡±, explica un alto cargo de Hacienda.
Y eso mismo reconoce la Generalitat en el informe del Consejo sobre la creaci¨®n de una agencia propia: ¡°Un factor determinante de la viabilidad del proceso de construcci¨®n unilateral de la Administraci¨®n Tributaria ser¨¢ la posici¨®n que adopten los empresarios catalanes, pues las empresas son los aut¨¦nticos recaudadores de los impuestos que pagan los catalanes y, por tanto, quien de verdad puede decidir el destino del flujo financiero que permita mantener en funcionamiento el aparato institucional de la Generalitat¡±. Por no hablar de las dificultades que existen para construir un censo tributario sin la informaci¨®n de la que dispone la Agencia Tributaria.
Respecto al desembolso de las pensiones, fuentes de la Seguridad Social indican que el sistema se basa en que las generaciones j¨®venes soportan las prestaciones de los mayores en todo el territorio. Al romper esta caja ¨²nica, el pago de los derechos adquiridos quedar¨ªa en el aire, tal y como ya subray¨® en el Congreso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tom¨¢s Burgos.
El nuevo Estado tendr¨ªa que sufragar un d¨¦ficit por pensiones que en 2016 ascendi¨® a los 4.749 millones, el 2,24% del PIB catal¨¢n. Y ello sin tener certidumbre sobre la recaudaci¨®n, sin contar con los datos necesarios para poder pagarlas y sin haber creado los instrumentos de gesti¨®n, cuyos costes en Espa?a rondan los 5.000 millones de euros.
Aunque se trate de un caso peculiar, un exdirectivo de la Seguridad Social se?ala el precedente de un territorio que se independiz¨®: 40 a?os despu¨¦s, las pensiones del Sahara todav¨ªa no se pagan pese a que los saharauis contribuyeron a la Seguridad Social. Al no existir un convenio, Espa?a ha evitado el pago. Catalu?a tendr¨ªa que suscribir uno en medio de unas negociaciones largas y complejas.
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