La asociaci¨®n mayoritaria de jueces considera la ley de ruptura catalana un ¡°acto de totalitarismo¡±
La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura recuerda que el texto es un ¡°ataque intolerable¡± al Estado de Derecho
La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, tach¨® ayer de ¡°acto de totalitarismo independentista¡± el borrador de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, que plantea la independencia autom¨¢tica de Catalu?a si el Gobierno no autoriza un refer¨¦ndum de independencia de esa comunidad aut¨®noma. El colectivo judicial, de tendencia conservadora, afirm¨®, en un comunicado, que el contenido de ese borrador de la Generalitat supone un ¡°ataque intolerable¡± al Estado democr¨¢tico y de derecho.
La APM, asociaci¨®n a la que est¨¢n afiliados unos 1.300 de los aproximadamente 5.000 jueces y magistrados espa?oles, atac¨® ayer con una dureza poco habitual en sus comunicados el borrador de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, publicado el lunes por EL PA?S y que contempla la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a del resto de Espa?a si no hay refer¨¦ndum. El texto, coordinado por el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer y mantenido en secreto hasta ahora, tiene vocaci¨®n de Constituci¨®n provisional catalana tras una hipot¨¦tica secesi¨®n.
El fiscal general Maza visita a Puigdemont
El presidente de la Generalitat de Catalu?a, Carles Puigdemont, se reunir¨¢ este mi¨¦rcoles en Barcelona con el fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, en pleno enfrentamiento por el proceso independentista catal¨¢n y tras conocerse el borrador de la llamada ley de ruptura. El encuentro, que no estaba inicialmente previsto en la agenda p¨²blica oficial de Maza, se celebrar¨¢ a las 17.30 en el Palau de la Generalitat.
Fuentes de la Fiscal¨ªa afirman que la reuni¨®n, al que asistir¨¢ tambi¨¦n el consejero auton¨®mico de Justicia, Carles Mund¨®, fue solicitada por el propio Maza, pero que se trata de ¡°una visita de cortes¨ªa institucional¡±.
El 16 de mayo la Fiscal¨ªa present¨® una querella por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y desobediencia contra la consejera de Gobernaci¨®n catalana, Meritxell Borr¨¤s, y el secretario general de este departamento, Francesc Esteve por la licitaci¨®n del contrato para el suministro de urnas para la hipot¨¦tica consulta de secesi¨®n, prevista por Puigdemont, para finales de septiembre.
Adem¨¢s, el pasado febrero, la fiscal¨ªa acus¨® de desobediencia a la presidenta del Parlamento catal¨¢n, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa de la C¨¢mara Llu¨ªs Corominas, Anna Sim¨® y Ramona Barrufet por permitir una votaci¨®n sobre el refer¨¦ndum.
La autodenominada ¡°ley fundacional¡± detalla aspectos tales como qui¨¦nes ser¨¢n ciudadanos catalanes, o el destino de los funcionarios del Estado residentes en Catalu?a. La ley de ruptura tambi¨¦n incluye la posibilidad de controlar los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos y privados durante el proceso de refer¨¦ndum y establece que el presidente del hipot¨¦tico Tribunal Supremo catal¨¢n ser¨¢ nombrado por la Generalitat.
La APM afirma que el borrador, del que la Generalitat trata ahora de desvincularse y lo califica de desfasado, busca ¡°imponer por la fuerza de los hechos una determinada soluci¨®n del conflicto a todos los catalanes, soberanistas o no, y al resto de espa?oles, sin legitimidad democr¨¢tica alguna y en contra de la legalidad¡±. El Tribunal Constitucional ya ha vetado los distintos movimientos de la Generalitat y del Parlamento catalanes para organizar un refer¨¦ndum de independencia.
En su nota de prensa, la APM recuerda que los jueces y magistrados tienen el deber de mantenerse neutrales en el debate pol¨ªtico, pero que tambi¨¦n tienen el ¡°deber ¨¦tico¡± de ¡°denunciar aquellas situaciones que ponen en peligro la democracia y las libertades fundamentales¡±, como la ley de ruptura que prepara la Generalitat.
Seg¨²n la asociaci¨®n, los redactores del borrador ¡°parten de una premisa falsa¡±: que se pueda pasar legalmente de la Constituci¨®n a una nueva legalidad catalana. ¡°Ni el Parlament de Catalu?a ni las Cortes Generales pueden abrogar la Constituci¨®n espa?ola, ni tan siquiera modificarla sin seguir el procedimiento previsto en la propia norma¡±, recuerda la nota. El pasado lunes, el portavoz de la APM, el magistrado Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n, calific¨® de ¡°delirio jur¨ªdico¡± el texto.
Los jueces conservadores advierten de que actuar¨¢n en defensa de la Constituci¨®n y las leyes. ¡°Si alguien ha confundido la prudencia con la indiferencia, la equidistancia o incluso la anuencia, se equivoca. (...) Los jueces no abdicaremos de nuestro compromiso y actuaremos siempre con independencia y sujeci¨®n exclusiva a la Constituci¨®n y a la ley, en garant¨ªa de los derechos de los ciudadanos, de la mayor¨ªa y de la minor¨ªa¡±, termina el comunicado de la APM.
La Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, de corte moderado, y con unos 770 afiliados, no quiso ayer pronunciarse oficialmente sobre este borrador, ya que, seg¨²n su portavoz, Raimundo Prado, no contemplan la posibilidad de que llegue a convertirse en ley y mucho menos a entrar en vigor. No obstante, Prado record¨® que el Estado tiene ¡°mecanismos legales para evitar una alteraci¨®n del orden constitucional¡±.
Domesticar a los jueces
Alejandro Vega, portavoz del Foro Judicial Independiente, con 325 afiliados, puso ayer el acento en las maniobras para controlar al Poder Judicial que se reflejan en el borrador de ley de ruptura. ¡°Nos preocupan que estas iniciativas legislativas est¨¦n encaminadas a domesticar o controlar al Poder Judicial; son rasgos de un Gobierno autoritario, que no corresponde con un sistema democr¨¢tico¡±, se?ala. Seg¨²n este magistrado, el articulado coordinado por Viver Pi-Sunyer ¡°no se sostiene y seguro que sus autores est¨¢n convencidos de ello¡±.
La Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica catalana y su tramitaci¨®n son ya objeto de estudio por parte de la fiscal¨ªa. El lunes, el fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, analiz¨® el borrador con sus colaboradores m¨¢s estrechos, aunque el ministerio p¨²blico evit¨® anunciar si presentar¨¢ una nueva querella por desobediencia al Constitucional.
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