Dos socios de Jordi Pujol Ferrusola ocultaron 6 millones en la Isla de Man

Los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, socios de Jordi Pujol Ferrusola, montaron entre 2000 y 2005 un entramado empresarial que ocult¨® seis millones de euros en una sociedad pantalla con sede en la isla de Man, seg¨²n ha descubierto una investigaci¨®n de EL PA?S. El dinero proced¨ªa del pelotazo hecho con el vertedero de Vacamorta, en Cru?lles (Girona), una controvertida instalaci¨®n aprobada en 2000 por gobiernos de CiU ¡ªmunicipal y auton¨®mico¡ª que ha sido declarada ilegal tres veces por los tribunales. La instalaci¨®n fue vendida por 13,2 millones a FCC en 2003 tras invertir en ella apenas 3,5 millones, seg¨²n las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La opacidad de la isla de Man ¡ªterritorio aut¨®nomo dependiente de la Corona Brit¨¢nica y que Espa?a consider¨® para¨ªso fiscal hasta hace dos a?os¡ª impide saber qui¨¦n fue el beneficiario final del dinero, algo que tampoco quieren revelar Buesa y Mayola. Documentos internos de la empresa financiera holandesa BK Group, contratada por ambos empresarios, apuntan a que el inversor oculto podr¨ªa ser Pujol Ferrusola. Este se encuentra en prisi¨®n preventiva desde hace un mes por los delitos de blanqueo y contra la Hacienda P¨²blica en el marco de las investigaciones del caso Pujol.

El de Cru?lles fue uno de los dos vertederos impulsados por Buesa y Mayola durante el ¨²ltimo gobierno de Jordi Pujol padre, entre 1999 y 2003. El otro fue el de Tivissa (Tarragona), en el que los dos empresarios se asociaron con Pujol Ferrusola antes de vender la instalaci¨®n a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El hijo del expresidente catal¨¢n fue quien m¨¢s gan¨® (5,3 millones de euros) en una operaci¨®n que ahora investigan la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez Jos¨¦ de la Mata.

Sobre el papel, el devenir de los dos basureros es muy similar. Ambos fueron puestos en marcha al 50% por Buesa y Mayola (el de Cru?lles en 1999 y el de Tivissa en 2000). En los dos casos, un tercer socio entr¨® de forma opaca en el negocio cuando este ya estaba encarrilado (en 2000 y 2002, respectivamente). Y ambos proyectos acabaron siendo vendidos a FCC (en 2003 y 2004) por casi 30 millones de euros en total.

Entre tantas coincidencias, una diferencia destacable: mientras en Cru?lles el vertedero se apoya en una compleja estructura societaria con sedes en cuatro pa¨ªses, las empresas participantes en Tivissa son apenas tres y todas ellas espa?olas.

El pelotazo de Cru?lles empieza a fraguarse en 1998, cuando Buesa y Mayola ponen en marcha la empresa Recuperaci¨® de Pedreres SL (RdP). En mayo de 2000 los dos empresarios crean una empresa en los Pa¨ªses Bajos?¡ªAprilsnow Holding BV¡ª, a la que transfieren la propiedad del vertedero. Los distintos tr¨¢mites y permisos para abrir la instalaci¨®n, municipales y auton¨®micos, llegan entre julio de 1999 y el mismo mes de 2000.

La instalaci¨®n entra en servicio en septiembre de 2000 y solo dos meses m¨¢s tarde aparece en escena el inversor oculto. Lo hace a trav¨¦s de la sociedad Nordic AsP, reci¨¦n creada en Copenhague (Dinamarca) y que a su vez es propiedad de Rakestone Limited, radicada en la isla de Man.

La empresa danesa tiene un car¨¢cter meramente instrumental y ser¨¢ liquidada tras la venta del vertedero. Rakestone, por su parte, sirve a los inversores para mantener oculta su identidad. Esta sociedad ya ha tenido un papel destacado en casos como el saqueo de Marbella y la trama G¨¹rtel.

Seg¨²n las cuentas depositadas en el registro mercantil dan¨¦s, Nordic AsP paga 12.000 euros por el 34% del negocio. Al cierre del ejercicio de 2001, adem¨¢s, habr¨¢ prestado unos 310.000 euros al proyecto, cuya inversi¨®n total se acerca a los 3,5 millones.

FCC compra el vertedero de Cru?lles en 2003 al pagar 13,2 millones de euros por el 80% de las acciones de Recuperaci¨® de Pedreres. Buesa y Mayola seguir¨¢n en la empresa ¡ªque luego comprar¨¢ tambi¨¦n el vertedero de Tivissa¡ª como socios minoritarios con el 10% de capital cada uno.

Nordic AsP cierra 2013 con unos beneficios 4,4 millones, un tercio de la venta a FCC. Un a?o m¨¢s tarde, Aprilsnow Holding le recompra por 1,6 millones las acciones propias por las que la empresa danesa hab¨ªa pagado 12.000 euros cuatro a?os antes. El 22 de agosto de 2005, Rakestone Limited liquida Nordic AsP, que ten¨ªa 6.004.241 euros en tesorer¨ªa.

Isabel Llauger, responsable de comunicaci¨®n de Buesa y Mayola, declin¨® ayer comentar la participaci¨®n de Nordic AsP, aunque destac¨® que "los negocios hechos en Cru?lles y Tivissa cumplieron todos los requisitos legales". Tampoco quisieron ofrecer su versi¨®n fuentes de la defensa de Pujol Ferrusola. Gejo Kamp, director de BK Group, declin¨® igualmente comentar con este diario ning¨²n dato de sus clientes en una entrevista mantenida en su despacho en ?msterdam.

Un rompecabezas legal y ambiental

El vertedero de Cru?lles ha acabado siendo un aut¨¦ntico rompecabezas administrativo, legal y ambiental que amenaza ahora con convertirse en un gran problema econ¨®mico para la Generalitat. Autorizado por primera vez en 2000 por el ayuntamiento y la Generalitat, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) en diciembre 2002. La raz¨®n era que estaba a menos de 500 metros de los n¨²cleos habitados m¨¢s cercanos.

Tras estar clausurado apenas un mes y medio, la Generalitat (a¨²n en manos de CiU) volvi¨® a darle luz verde en abril de 2003 alegando que as¨ª lo permit¨ªa un cambio normativo. El TSJC volvi¨® a declarar ilegal la instalaci¨®n en noviembre de 2006 y en 2011, pese a lo que el Gobierno catal¨¢n ¡ªde nuevo en manos de CiU¡ª le renov¨® la autorizaci¨®n en 2012 al estar el caso pendiente del recurso presentado por la empresa y el Gobierno catal¨¢n ante el Tribunal Supremo.

Este orden¨® finalmente en febrero de 2014 cerrar el vertedero, vaciarlo y restaurar la zona tal y como estaba antes de la autorizaci¨®n de 2003, operaci¨®n que a¨²n no ha empezado y que reviste una enorme complejidad. Mientras, Recuperaci¨® de Pedreres ha llevado a la Generalitat a los tribunales y le reclama m¨¢s de 35 millones de euros por los da?os y perjuicios sufridos debido a la defectuosa autorizaci¨®n concedida en 2003.

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