Anticorrupci¨®n implica a ediles de PP, PSOE e IU en nuevos ama?os urban¨ªsticos de P¨²nica

Un informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n incorporado al sumario del caso P¨²nica el pasado 12 de mayo afirma que las supuestas irregularidades en la venta de suelo de la Comunidad de Madrid a trav¨¦s de los 22 consorcios urban¨ªsticos creados para ello no s¨®lo benefici¨® a Francisco Granados y otros cargos p¨²blicos supuestamente implicados, sino que tambi¨¦n ¡°sirvi¨® para engrosas presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unidad y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del Consejo de Administraci¨®n del respectivo consorcio urban¨ªstico¡±. Anticorrupci¨®n cifra en 2.000 millones de euros el dinero gestionado a trav¨¦s de estos entes en los que participaban tanto el Ejecutivo regional como los consistorios.

El escrito de la fiscal¨ªa sit¨²a en el origen de estas irregularidades a Granados, del que recuerda que ¡°vino desde el a?o 2000 abusando sistem¨¢ticamente de sus cargos p¨²blicos, primero en Valdemoro y despu¨¦s en la Comunidad de Madrid y en el PP para detraer caudales municipales o auton¨®micos en cooperaci¨®n con empresarios concertados¡±. Anticorrupci¨®n destaca que fue precisamente al saltar de la Consejer¨ªa de Transporte a la de Presidencia en 2004 con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno aut¨®nomo, cuando estableci¨® en su departamento una estructura ¡°a la carta¡± para poder controlar, entre otros, los fondos que gestionaba la empresa p¨²blica del suelo, Arpegio, as¨ª como la venta de suelo que se realizaba a trav¨¦s de los consorcios urban¨ªsticos. ¡°Esto le permiti¨® conseguir, a trav¨¦s de comisiones entregadas por los empresarios beneficiarios de las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero p¨²blico.

Un ¡°bot¨ªn¡±, como lo califica la fiscal¨ªa, del que tambi¨¦n se beneficiaron ¡°todos los participantes en los hechos¡± y ediles de los tres principales partidos ¨CPP, PSOE e IU- de los consistorios donde se asentaban los diferentes consorcios urban¨ªsticos. El informe de Anticorrupci¨®n recuerda que el constructor David Marjaliza, socio de Granados y ahora colaborador de la Justicia, dio detalles durante su confesi¨®n de irregularidades en las adjudicaciones que consiguieron sus empresas para la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n p¨²blica despu¨¦s de pagar comisiones. Tambi¨¦n destaca las anotaciones manuscritas que aparecieron en una agenda intervenida al propio Granados y que los investigadores vinculan tanto a los ama?os en los consistorios como con Arpegio.

El informe explica que los consejos de administraci¨®n de los 22 consorcios investigados los integraban consejeros de Arpegio, supuestamente controlada por el entonces consejero de Presidencia, ¡°y los correspondientes concejales del respectivo municipio¡±. Dicho consejeros asum¨ªan las funciones de ¨®rgano de contrataci¨®n y designaba a los integrantes de las Mesas de Contrataci¨®n que realizaban el reparto de las parcelas del suelo p¨²blico. ¡°Aunque las adjudicaciones de las parcelas p¨²blicas de los consorcios se decidieron, formalmente, por su consejo de administraci¨®n, la investigaci¨®n ha revelado que existi¨® un reparto concertado precio de dicha parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidi¨® el adjudicatario de las parcelas que le hab¨ªan tocado en el reparto¡±, se lee en el documento de fiscal¨ªa.

En este punto, Anticorrupci¨®n recalca que en aquellas parcelas sobre las que decid¨ªan los consistorios, ¡°fueron repartidas entre diferentes grupos pol¨ªticos¡± de los mismos. ¡°En la trama de corrupci¨®n ideada se buscaba el acuerdo ¡®sceleris¡¯ entre los sectores de influencias de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento implicado, y cada uno con sus intermediarios habituales¡±, contin¨²a su escrito. En este sentido, destaca que ese acuerdo previo de reparto de las parcelas entre Arpegio y los respectivos ayuntamientos se tradujo en que las decisiones tanto en la Mesa de Contrataci¨®n como en el Consejo de Administraci¨®n de los consorcios ¡°se adoptaran siempre por unanimidad¡±. Un detalla que, en opini¨®n de Anticorrupci¨®n, ¡°explicar¨ªa las comisiones cobradas por los representante del Ayuntamiento¡±.

El informe destaca el papel que jug¨® en este entramado el abogado Jos¨¦ Luis Jaraba P¨¦rez, ahora imputado, y que ocupaba el puesto de secretario en los consejos de administraci¨®n de los Consorcios Urban¨ªsticos. Este letrado era socio de Jaraba & Tamame Asociados SL, una sociedad que factur¨® a Arpegio entre los a?os 2003 y 2012 m¨¢s de 1,1 millones de euros. Anticorrupci¨®n tambi¨¦n destaca que dicha sociedad mantuvo ¡°dudosas relaciones¡± con otro presento implicado, el empresario Adolfo Fern¨¢ndez Maestre, tambi¨¦n imputado, de cuyas dos mercantiles recibi¨® cerca de 800.000 euros. La firma de Jaraba tambi¨¦n factur¨® 3,1 millones a otra empresa bajo sospecha, T¨¦cnicas Territoriales Urbanas. Tanto ¨¦sta como las dos de Fern¨¢ndez Maestre tuvieron a su vez como clientes a Arpegio y los consorcios urban¨ªsticos.