El Constitucional anula la amnist¨ªa fiscal y deja en evidencia a Montoro

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La amnist¨ªa fiscal es inconstitucional, seg¨²n los inspectores de Hacienda

El PSOE recurre la amnist¨ªa fiscal ante el Tribunal Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnist¨ªa fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012. La sentencia considera que el decreto ley por el que se aprob¨® el indulto fiscal es inconstitucional ya que no era el veh¨ªculo adecuado para aprobar esta medida, que legitim¨® el fraude. El tribunal avala, sin embargo, las declaraciones que hicieron los m¨¢s de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido. Por eso, la sentencia apenas tiene efectos pr¨¢cticos, pero supone un duro varapalo pol¨ªtico al Ejecutivo de Mariano Rajoy y en concreto al ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro.?

La amnist¨ªa fiscal supone el mayor borr¨®n en el expediente del ministro de Hacienda que m¨¢s tiempo ha ocupado ese cargo en Espa?a. Crist¨®bal Montoro anunci¨® el indulto fiscal en la primavera de 2012 y desde entonces la pol¨¦mica medida ha ido acumulando reveses. El ¨²ltimo procede del Tribunal Constitucional, que este jueves ha declarado nulo el decreto-ley con el que el Ejecutivo lo aprob¨®. La sentencia explica que este no es el veh¨ªculo normativo adecuado para impulsar decisiones que ¡°afecten a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, seg¨²n los criterios de capacidad econ¨®mica, igualdad y progresividad¡±.

Adem¨¢s, el texto contiene un duro varapalo al Gobierno al que acusa de ¡°abdicar¡± en su obligaci¨®n de contribuir para sostener los gastos p¨²blicos: ¡°La adopci¨®n de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtenci¨®n de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis econ¨®mica, supone la abdicaci¨®n del Estado ante su obligaci¨®n de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos¡±, se?ala.

La decisi¨®n del tribunal, a ra¨ªz de un recurso presentado por el PSOE, no tiene efectos pr¨¢cticos porque avala las declaraciones que sirvieron para que los evasores pusieran en orden su situaci¨®n fiscal. Pero la sentencia contiene una carga de profundidad al se?alar que la amnist¨ªa ¡°viene a legitimar como una opci¨®n v¨¢lida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad econ¨®mica, coloc¨¢ndolos finalmente en una situaci¨®n m¨¢s favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligaci¨®n de contribuir¡±.

En s¨ªntesis, el tribunal viene a decir que el indulto de Montoro legitima el fraude fiscal.La amnist¨ªa, bautizada eufem¨ªsticamente como Declaraci¨®n Tributaria Especial (DTE), fue dise?ada por el Gobierno del PP para que aflorara, en uno de los peores momentos de la crisis, el dinero que los defraudadores hab¨ªan ocultado al fisco. En ese momento, la recaudaci¨®n se desplomaba, el d¨¦ficit p¨²blico estaba descontrolado y el pa¨ªs sufr¨ªa los ataques de los mercados disparando la prima de riesgo a m¨¢ximos hist¨®ricos, lo que le aboc¨® al rescate.

Hacienda abri¨® la puerta a la regularizaci¨®n blanda. Los evasores solo ten¨ªan que pagar el 10% de las cantidades defraudadas para quedar limpios. A¨²n as¨ª, la medida no era suficientemente atractiva para los contribuyentes y el Gobierno tuvo que suavizarla a¨²n m¨¢s. Permiti¨® regularizar pagando solo por los rendimientos no prescritos, los ¨²ltimos cuatro a?os. Y provoc¨® que los afectados solo tuvieran que abonar el 3% del total de las cantidades eludidas para quedar en regla con el fisco, sin necesidad de pagar intereses de demora, ni recargos adicionales por no haber liquidado cuando les correspond¨ªa. Adem¨¢s, el Gobierno les ofreci¨® cierta seguridad al blindar a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto.

Rechazo de los inspectores

La amnist¨ªa recibi¨® enseguida el rechazo de los partidos de la oposici¨®n, sindicatos y organismos internacionales como la OCDE. Incluso los inspectores de Hacienda, habitualmente prudentes en sus comunicados, calificaron la medida de inconstitucional. A pesar de todas las facilidades brindadas por Hacienda, el resultado fue un fracaso. La Agencia Tributaria solo ingres¨® poco m¨¢s de 1.200 millones de euros, la mitad de los 2.500 millones que hab¨ªa previsto.

Desde Hacienda aseguran que el Constitucional avala la regularizaci¨®n aunque no la norma. El secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Enrique Fern¨¢ndez Moya, comparec¨ªa este jueves en el Senado cuando se difundi¨® la sentencia del Constitucional. ¡°El Gobierno ha cumplido con su obligaci¨®n e hizo lo que ten¨ªa que hacer¡±, ha se?alado al finalizar su intervenci¨®n. El responsable de Hacienda subray¨® que la sentencia no tiene consecuencias pr¨¢cticas. ¡°Incide en el instrumento normativo empleado pero deja tambi¨¦n plena constancia del aval de las regularizaciones, lo que discute es el instrumento normativo empleado¡±, ha insistido. ¡°Por lo cual¡±, ha a?adido, ¡°no tiene consecuencias¡±.

Fern¨¢ndez Moya ha evitado entrar en m¨¢s consideraciones al asegurar que desconoc¨ªa el detalle de la sentencia que se acababa de publicar pero record¨® que la Agencia Tributaria lanz¨® a finales del a?o pasado notificaciones masivas a los declarantes de la amnist¨ªa fiscal para avisarles de que las investigaciones sobre este proceso no caducan.Hacienda ha inspeccionado solo a un tercio, unos 3.545 contribuyentes, de los m¨¢s de 31.000 ciudadanos que se acogieron a la amnist¨ªa fiscal. En esas comprobaciones ha detectado unos 250 millones de euros defraudados, seg¨²n reconoci¨® Montoro hace unas semanas en el Congreso.