Del ¡®caso Mercasevilla¡® al ¡®caso ERE¡¯
La investigaci¨®n sobre la lonja deriv¨® en la macrocausa, pero sus resoluciones no tienen influencia
La juez de lo Penal 13 de Sevilla ha puesto este mi¨¦rcoles un punto y seguido en el caso Mercasevilla,?investigaci¨®n que dio origen al de los ERE. Con su resoluci¨®n absolutoria?sobre la venta de los terrenos?de la lonja, la magistrada ha cerrado la segunda de las tres ramas de esta causa (queda pendiente otra sobre un presunto delito fiscal). Pese a esa conexi¨®n en el origen, las resoluciones en el caso Mercasevilla no tendr¨¢n ninguna influencia en las que est¨¢n por venir en los ERE al tratarse de instrucciones totalmente distintas. "La influencia es absolutamente ninguna. Son instrucciones distintas cuya ¨²nica conexi¨®n es que una se descubri¨® a ra¨ªz de la otra", apuntan fuentes judiciales. Lo que s¨ª es cierto es que la sentencia?conocida este mi¨¦rcoles supone un varapalo a la instrucci¨®n de la juez Mercedes Alaya, quien inici¨® esta investigaci¨®n en 2009 y, posteriormente, abri¨® la de los ERE.
La madeja comenz¨® a desenredarse ese a?o a ra¨ªz de la investigaci¨®n de un intento de soborno por parte de la anterior c¨²pula de la empresa municipal Mercasevilla. Los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron a dos empresarios hosteleros 450.000 euros a cambio de la concesi¨®n para una escuela de hosteler¨ªa, hechos por los que ya han sido condenados. Los empresarios grabaron las reuniones y entregaron las cintas a la Consejer¨ªa de Empleo, que las remiti¨® a la fiscal¨ªa. A ra¨ªz de la investigaci¨®n, la juez Alaya puso el foco en la adjudicaci¨®n de los terrenos de la loja al descubrir una donaci¨®n a la Fundaci¨®n Mercasevilla de 240.000 euros de la constructora Sando, cuya filial ser¨ªa la adjudicataria. En paralelo, la magistrada inici¨® una tercera causa por un presunto delito fiscal.
La investigaci¨®n sobre las cuentas de la lonja lleva a Alaya a investigar el ERE emprendido por la empresa municipal y?la presencia de varios intrusos (personas ajenas a la empresa) en la lista de trabajadores beneficiados de las prejubilaciones. Es entonces, cuando la juez Alaya decide investigar otros expedientes de regulaci¨®n de empleo de otras empresas financiados igualmente con fondos p¨²blicos concedidos por el Gobierno andaluz. La polic¨ªa y la juez investigaron c¨®mo fueron introducidos estas personas con la connivencia de intermediarios, conseguidores, consultores y un alto cargo de Empleo.
Y de esta forma, comenzaron a aflorar las irregularidades que alimentar¨ªan el caso de los ERE, desgajado de Mercasevilla en 2011. Esta investigaci¨®n, que contin¨²a la juez Mar¨ªa N¨²?ez tras la marcha de Alaya a la Audiencia, se centra en las ayudas concedidas por parte de la Junta a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a trav¨¦s de empresas consultoras y aseguradoras, que tambi¨¦n est¨¢n siendo investigadas, as¨ª como los responsables de empresas, sindicatos e instituciones beneficiarias y de las consejer¨ªas implicadas en todo el procedimiento. En la rama pol¨ªtica de esta causa, est¨¢n imputados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n as¨ª como otros 20 ex altos cargos. La fecha del inicio de este juicio se fijar¨¢ este viernes.
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