El nuevo borrador mantiene al poder judicial catal¨¢n bajo el control de los pol¨ªticos

Los cambios en la ley que la Generalitat prepara para romper con Espa?a no han alcanzado ninguno de los principales aspectos referentes al sistema judicial de manera que, de aplicarse, permitir¨ªan al Govern tener bajo su control la elecci¨®n de los jueces y arrebatar al Tribunal Constitucional, al Supremo y a la Audiencia Nacional los casos que tramitan en la actualidad. Los redactores de la ley dan por hecho que el actual Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se convertir¨¢ en el Tribunal Supremo de Catalu?a.

Como ya se observaba en el primer borrador de la ley de transitoriedad, las fuerzas pol¨ªticas independentistas siguen muy preocupadas por ejercer un f¨¦rreo control del poder judicial. Las promesas de esos partidos para ¡°despolitizar la justicia¡± y para acabar con los actuales ¡°vicios¡± del sistema quedan en nada.

El presidente catal¨¢n se reserva la facultad para nombrar el fiscal general de Catalu?a (una potestad que tambi¨¦n tiene en Espa?a el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero adem¨¢s podr¨¢ designar al presidente del Tribunal Supremo catal¨¢n. Esta ¨²ltima instituci¨®n ser¨¢ la heredera del actual Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y el presidente de la Generalitat nombrar¨¢ a su m¨¢ximo responsable a propuesta de un nuevo organismo, tambi¨¦n muy politizado. La propuesta partir¨ªa de una comisi¨®n mixta formada por el presidente del Supremo catal¨¢n, por el ministro de Justicia de una Catalu?a independiente (ser¨ªa el vicepresidente de la comisi¨®n), por cuatro jueces de la sala de gobierno del Supremo y por cuatro personas elegidas directamente por la Generalitat. De esta manera, los soberanistas se garantizar¨ªan designar qui¨¦n est¨¢ al frente de la c¨²pula judicial catalana.

El mismo control pol¨ªtico alcanzar¨¢ tambi¨¦n al nombramiento de jueces del Supremo de la nueva rep¨²blica, de manera que este queda en manos de una sala de gobierno integrada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala de las cuatro jurisdicciones (penal, civil, administrativo y social), los presidentes de las cuatro Audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por mayor¨ªa absoluta. El control del Parlament que en estos momentos tienen los independentistas les ayudar¨ªa a controlar esta operaci¨®n.

En los ¨²ltimos meses, numerosos juristas han advertido en Catalu?a sobre la flagrante ilegalidad del refer¨¦ndum unilateral y han aumentado los temores de parte de la judicatura sobre el futuro que les espera ante una eventual independencia. Algunos de estos juristas han nutrido los manifiestos que han circulado alertando de que la secesi¨®n unilateral no tiene cabida en la Uni¨®n Europea. Precisamente por esto, las fuerzas independentistas han decidido que hay que atar en corto a estos profesionales.

La fiscal¨ªa tampoco escapa de los mecanismos de control. El segundo borrador ratifica lo que ya aparec¨ªa en el primero: que el presidente de la Generalitat designar¨¢ al fiscal general despu¨¦s de escuchar a su Gobierno y deja en manos del Ministerio de Justicia catal¨¢n la elecci¨®n del resto de fiscales. Mientras no se apruebe una legislaci¨®n propia en esta materia se sigue aplicando en Catalu?a la legislaci¨®n sobre el Ministerio Fiscal existente. El nuevo borrador tampoco corrige las injerencias pol¨ªticas en la creaci¨®n de una sala constitucional que revisar¨ªa recursos de amparo y resoluciones contrarias a la ley fundacional. Esta sala estar¨ªa formada por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y por dos magistrados elegidos por el Parlamento catal¨¢n.

El proyecto legal sigue subrayando que los juzgados catalanes asumir¨¢n todos los casos que se encuentran en la actualidad en manos del Constitucional, el Supremo o la Audiencia Nacional, lo que permitir¨ªa extinguir de cualquier responsabilidad penal a todos los altos cargos catalanes que ahora est¨¢n bajo sospecha.

Entre los escasos cambios que se aprecian entre los dos primeros borradores que han trascendido de la ley de transitoriedad est¨¢ el que vela por la lengua de los procesos judiciales. En el segundo borrador ha desaparecido toda referencia a esta cuesti¨®n que, tradicionalmente, ha sido especialmente espinosa debido a que el castellano es hoy en d¨ªa la lengua habitual en los procesos judiciales que se siguen en Catalu?a. El texto reafirma que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administraci¨®n de Justicia que ocupan plaza en los ¨®rganos judiciales en el momento de la independencia continuar¨¢n en sus plazas ¡ª¡°manteniendo sus derechos econ¨®micos y profesionales¡±¡ª salvo que renuncien a la integraci¨®n.