La Audiencia Nacional investigar¨¢ como sedici¨®n los sucesos de Barcelona

La titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 3, Carmen Lamela, ha admitido este mi¨¦rcoles la denuncia por delito de sedici¨®n que la fiscal¨ªa present¨® el pasado viernes por los hechos ocurridos en Barcelona durante los pasados 20 y 21 de septiembre. Aquellos d¨ªas se sucedieron concentraciones y manifestaciones para impedir los registros y detenciones de la Operaci¨®n Anubis contra la organizaci¨®n del refer¨¦ndum del 1 de octubre. La magistrada acuerda librar un oficio a la Guardia Civil para que elabore el atestado sobre aquellos sucesos, entre los que destaca los da?os a los veh¨ªculos oficiales del Institudo armado y a la sede del PSC, la agresi¨®n a militantes socialistas y el asedio que sufrieron los agentes que registraron la sede del departamento de Econom¨ªa, entre otros.

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En el auto, la juez analiza los hechos que incluy¨® el Ministerio Publico en su denuncia, de los que recuerda el papel protagonista que jugaron los presidentes de la ANC, Jordi S¨¢nchez, y ?Omnium Cultural, Jordi Cuixart, en los incidentes al llamar a la "movilizaci¨®n permanente" subidos a uno de los coches de la Guardia Civil da?ados por los manifestantes. Lamela concluye que estos hechos pueden encajar dentro del delito de sedici¨®n del art¨ªculo 544 del C¨®digo Penal.?La magistrada recuerda que el tipo penal exige "una?conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario" y que vaya dirigido a "impedir por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales la aplicaci¨®n de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales".

La magistrada recalca que el bien jur¨ªdico que se protege es "el orden p¨²blico entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia ciudadana". Y a?ade que "igualmente protege el principio de autoridad entendido como el que la ciudadan¨ªa deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempe?a al servicio de una sociedad democr¨¢tica y por tanto de la colectividad". Unas funciones que, resalta Lamela, quedar¨ªan en entredicho si fueran impedidas por la fuerza.

La juez considera que este delito de sedici¨®n, tal y como acontecieron los hechos, es competencia de la Audiencia Nacional ya que atenta contra los bienes jur¨ªdicamente protegidos que le son propios y "puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno". Conforme al relato de hechos del fiscal, la finalidad ¨²ltima de las movilizaciones que expone en su denuncia era, seg¨²n Lamela, romper la organizaci¨®n del Estado, por lo que atenta tambi¨¦n contra la forma actual de Gobierno en Espa?a a qu¨¦ se refiere la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional.

La juez precisa que no todos los delitos de sedici¨®n con car¨¢cter general son competencia de la Audiencia Nacional sino que en este caso concreto, puede atentar tambi¨¦n contra la forma de Gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organizaci¨®n territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, lo que determina igualmente la competencia de la Audiencia.