La juez env¨ªa a la c¨¢rcel a Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, l¨ªderes de ANC y de ?mnium, por sedici¨®n

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envi¨® a ¨²ltima hora de este lunes a prisi¨®n a Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, l¨ªderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ?mnium, las principales entidades movilizadoras del independentismo. La magistrada les imputa un delito de sedici¨®n por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operaci¨®n Anubis contra la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del 1 de octubre. Lamela, sin embargo, rechaz¨® la petici¨®n de la Fiscal¨ªa de mandar a la c¨¢rcel sin fianza al comisario mayor de los Mossos d¡¯Esquadra, Josep Llu¨ªs Trapero, y se limit¨® a imponerle medidas cautelares leves.

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La juez Lamela orden¨® el ingreso en prisi¨®n de Cuixart y S¨¤nchez despu¨¦s de que el primero se acogiera a su derecho a no declarar y el segundo se limitara a contestar a las preguntas de su abogado, Jordi Pina, que trat¨® de hacer hincapi¨¦ en que todas las movilizaciones lideradas por su cliente tuvieron un car¨¢cter pac¨ªfico. La magistrada sit¨²a a ambos l¨ªderes soberanistas ¡ªorganizadores de todas las grandes movilizaciones del independentismo, como las manifestaciones de las Diadas del 11 de septiembre¡ª como los ¡°principales promotores y directores de las protestas del 20 y 21 de septiembre.

Ese d¨ªa, m¨¢s de 40.000 personas, convocadas a trav¨¦s de las redes sociales por ANC y ?mnium, se agolparon ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Generalitat para protestar por las detenciones de 11 altos cargos que supuestamente se encargaban de la log¨ªstica del refer¨¦ndum ilegal. Los altercados que se produjeron en esas protestas dificultaron, sin llegar a impedirla, la labor de la comisi¨®n judicial. Ese d¨ªa, la secretaria del Juzgado de Instrucci¨®n 13 de Barcelona tuvo que salir de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Generalitat, en el paseo de Gracia, por una azotea y posteriormente mezclarse con la gente que sal¨ªa de un teatro contiguo, mientras los m¨¢s exaltados destrozaban tres todoterrenos de la Guardia Civil, causando da?os cifrados en 135.600 euros.

Seg¨²n la juez, Cuixart y S¨¤nchez se mantuvieron al frente de las protestas durante todo el d¨ªa, llevaron la iniciativa en la ¡°pretendida negociaci¨®n¡± con la Guardia Civil, alentaron y dirigieron a los congregados ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, les incitaron a permanecer en el lugar y les ¡°impartieron ¨®rdenes¡± sobre c¨®mo actuar en cada momento.

La magistrada Lamela sostiene que los hechos del 20 y 21 de septiembre ¡°no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pac¨ªficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales¡± ordenadas por un juez. Al contrario, estas movilizaciones ¡°se enmarcan dentro de una compleja estrategia¡± con la que Cuixart y S¨¤nchez vienen colaborando hace tiempo ¡°en ejecuci¨®n de la hoja de ruta dise?ada para llegar a obtener la independencia de Catalu?a¡±.

La decisi¨®n de la juez de enviar a S¨¤nchez y Cuixart a prisi¨®n result¨® una sorpresa despu¨¦s del trato comparativamente ben¨¦volo que otorg¨® al comisario Mayor de los Mossos, Josep Llu¨ªs Trapero. En principal mando operativo de la polic¨ªa catalana salv¨® con medidas cautelares leves una jornada que a mediod¨ªa se le hab¨ªa puesto muy complicada. Tras declarar durante dos horas por la supuesta pasividad del cuerpo el 20 y 21 de septiembre, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel ?ngel Carballo solicit¨® para ¨¦l prisi¨®n incondicional.

El ministerio p¨²blico consideraba que, de seguir libre y al frente de los 17.000 agentes de la polic¨ªa catalana, Trapero podr¨ªa seguir impidiendo el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales dictadas contra la secesi¨®n de Catalu?a. Seg¨²n la fiscal¨ªa, Trapero orden¨® a sus subordinados dar cobertura a los organizadores del refer¨¦ndum.

Trapero, vestido de traje gris y corbata azul ¡ªen su comparecencia del 6 de octubre fue de uniforme¡ª sali¨® de la Audiencia Nacional con rostro muy serio sobre las 15.00. Tres horas m¨¢s tarde, a las 18.00, la juez Carmen Lamela le hab¨ªa vuelto a citar para comunicarle su decisi¨®n.

La juez decret¨® la libertad provisional sin fianza para Trapero y para la intendente Teresa Laplana, responsable de los Mossos en el distrito barcelon¨¦s del Eixample, donde se ubica la Consejer¨ªa de Econom¨ªa. No obstante, Lamela les impuso una serie de medidas cautelares: prohibici¨®n de salir de Espa?a, retirada del pasaporte, comparecencias quincenales en el juzgado m¨¢s pr¨®ximo a su domicilio y obligaci¨®n de fijar un n¨²mero de tel¨¦fono y un domicilio e indicar el nombre de una persona que le pueda localizar inmediatamente si son requeridos por la Audiencia Nacional. La juez apercibe a ambos mandos policiales de que las medidas ¡°podr¨¢n agravarse¡± si se incumplen.

Delitos ¡°muy graves¡±

La juez Lamela considera que los sucesos del 20 y 21 de septiembre son ¡°muy graves¡± y constituyen un delito de sedici¨®n. La finalidad de las protestas, afirma la magistrada, era ¡°impedir¡± que funcionarios de justicia y agentes de la Guardia Civil pudieran cumplir las ¨®rdenes del juez Juan Antonio Ram¨ªrez Sunyer. Y que tras este objetivo estaba ¡°conseguir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡± del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y proclamar la rep¨²blica catalana.

Seg¨²n la magistrada, existen elementos que vinculan a Trapero con la estrategia para la ruptura de Catalu?a con Espa?a, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jov¨¦, n¨²mero dos de Oriol Junqueras o la pasividad, a¨²n por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del refer¨¦ndum. El atestado de la Guardia Civil habla de una ¡°actividad de contravigilancia¡± de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil.

Sin embargo, la actuaci¨®n de Trapero ¡°no aparece todav¨ªa suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos d¨ªas sucedieron¡±, todo ello, ¡°sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase m¨¢s avanzada de la investigaci¨®n¡±, resalt¨® la juez.

Pese a la situaci¨®n procesal de Trapero, la Generalitat lo confirm¨® en el puesto de m¨¢ximo responsable de los Mossos. Trapero y la intendente Laplana aseguraron que durante el acoso de los manifestantes a la consejer¨ªa de Econom¨ªa, ¡°abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisi¨®n judicial¡±. Sin embargo, estos corredores ¡°no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos¡±, y se?alan que los Mossos no actuaron para disolver la concentraci¨®n ¡°porque ello podr¨ªa haber generado una grave alteraci¨®n del orden p¨²blico sin consecuencias pr¨¢cticas¡±.

La juez Lamela no extiende las actuaciones supuestamente sediciosas a la jornada del 1 de octubre, como se sugiere en un atestado de la Guardia Civil en el que se relatan numerosos incidentes producidos ese d¨ªa ante la mirada pasiva de los Mossos. Seg¨²n la magistrada, ¡°lo ¨²nico que est¨¢ siendo objeto de investigaci¨®n hasta el momento son los hechos denunciados por el ministerio fiscal¡±, esto es los d¨ªas 20 y 21 de septiembre. Los hechos del 1 de octubre ¡°no han sido objeto de ampliaci¨®n¡± de denuncia por parte de la Fiscal¨ªa de la Audiencia, constata la magistrada.

El informe del instituto armado sostiene que el responsable de los Mossos est¨¢ ¡°totalmente involucrado en el proceso separatista¡±, hasta el punto de haber ordenado a la polic¨ªa catalana que hiciera ¡°funciones de protecci¨®n y seguridad¡± a los organizadores de la consulta. Tambi¨¦n le acusan de dar ¡°instrucciones o pautas de actuaci¨®n¡± a sus subordinados para que no actuaran para cerrar colegios el d¨ªa del refer¨¦ndum.

El C¨®digo Penal castiga con hasta 15 a?os a quienes ¡°se alcen p¨²blica y tumultuariamente¡± para ¡°impedir, por la fuerza o fuera de las v¨ªas legales, la aplicaci¨®n de las leyes¡±, o para ¡°impedir a cualquier autoridad, corporaci¨®n oficial o funcionario p¨²blico, el leg¨ªtimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales¡±.

La magistrada reconoce la gravedad del delito, pero en el caso de Trapero y Laplana tiene en consideraci¨®n que cuentan con residencia y domicilio conocido y trabajo estable.