El retroceso del poder central en Catalu?a

A solo unas horas de activar la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en Catalu?a, el Gobierno asume que la progresiva reducci¨®n de los recursos al servicio del Estado en esta Autonom¨ªa puede dificultar la respuesta al desaf¨ªo independentista.

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¡°Todo lo que hagamos tiene que ser eficaz y efectivo¡±, admiti¨® la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa el 9 de octubre. ¡°El problema en Catalu?a es que durante mucho tiempo algunos se han dedicado a desmantelar las estructuras del Estado all¨ª¡±, a?adi¨®. Las cifras confirman ese diagn¨®stico. Solo el 9% de los empleados p¨²blicos en Catalu?a pertenecen a la Administraci¨®n central, frente al 16% de la Comunidad Valenciana o el 19% de Andaluc¨ªa. La otra cara de la moneda es la Comunidad de Madrid, que llega al 39% como producto de la capitalidad, que llena su principal ciudad de ministerios y empleados p¨²blicos. Mientras tanto, el m¨²sculo del Estado en Catalu?a ha dejado de ser el de un peso pesado.

¡°Van a tener un problema para traducir las decisiones en hechos¡±, argumenta Andr¨¦s Betancor, catedr¨¢tico de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, sobre las competencias concretas de la Generalitat que decida intervenir el Gobierno al amparo del art¨ªculo 155. ¡°La presencia sobre en el territorio de la administraci¨®n general del Estado es residual, puramente testimonial, y reducida a aquellos ¨¢mbitos en la que no ha habido transmisi¨®n de competencias¡±, explica este experto pr¨®ximo a Ciudadanos, que se?ala a las ¨¢reas de Seguridad Social, Extranjer¨ªa y Hacienda como los ¨²ltimos reductos del Estado. ¡°Esta situaci¨®n es la consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno central y el de la Generalitat que se ha traducido en ese abandono¡±, sigue Betancor sobre los pactos que fueron firmando los sucesivos Ejecutivos del PSOE y del PP con la desaparecida CIU. ¡°No los han echado¡±, subraya. ¡°Ahora bien, es importante subrayar que no todos los empleados p¨²blicos catalanes son de fe secesionista. Muchos son grandes profesionales que obedecer¨¢n¡±.

En los ¨²ltimos 11 a?os, la administraci¨®n central ha perdido m¨¢s de 5.000 representantes en Catalu?a, mientras que la Auton¨®mica crec¨ªa en una proporci¨®n similar, seg¨²n los datos del Bolet¨ªn estad¨ªstico del personal al servicio de las Administraciones P¨²blicas, que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas.

Nada refleja mejor ese cambio en la proporci¨®n de fuerzas de las dos administraciones que los datos referentes a la Polic¨ªa Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d¡¯Esquadra.

En enero de 2009 hab¨ªa 6.565 representantes de los cuerpos de seguridad del Estado en Catalu?a, frente a 15.310 de la polic¨ªa auton¨®mica catalana. En enero de 2017, la cifra de representantes estatales se hab¨ªa reducido a 5.958, mientras que la de los representantes auton¨®micos se hab¨ªa disparado hasta 17.049. La desproporci¨®n entre los dos conjuntos es tan grande que los refuerzos enviados a Catalu?a para intervenir durante el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre ¡ªcasi 6.000 profesionales desplazados¡ª son insuficientes para equiparar ahora el n¨²mero de efectivos. Esa es la fotograf¨ªa de una administraci¨®n central en retroceso frente a los avances de las estructuras de la Generalitat de Catalu?a. Y el Ej¨¦rcito tambi¨¦n sirve de ejemplo: solo hay menos presencia de militares en Navarra (692), Cantabria (67) y La Rioja (293), tres regiones de menor tama?o y poblaci¨®n que Catalu?a (2.121).

Tanto Felipe Gonz¨¢lez como Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero llegaron a pactos de investidura con partidos nacionalistas. A cambio, estos obtuvieron la gesti¨®n de nuevas competencias en sus Comunidades. Sin embargo, ninguno de los distintos Gobiernos de la democracia espa?ola ha hecho distinciones entre administraciones. ¡°Todo es Estado¡±, repiten los portavoces del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, que siempre ha se?alado a Carles Puigdemont como el primer representante de la Administraci¨®n en Catalu?a.

No obstante, en Espa?a solo hay un caso similar al de esta Comunidad Aut¨®noma, donde ¨²nicamente dos gobiernos presididos por socialistas han roto ¡ªentre 2003 y 2010¡ª la continuidad de ejecutivos liderados por pol¨ªticos de Convergencia.

Plazas de funcionario

En el Pa¨ªs Vasco, donde los nacionalistas han ocupado el poder casi ininterrumpidamente, el m¨²sculo de la Administraci¨®n central tambi¨¦n se ha reducido al 10%. All¨ª tambi¨¦n hay una polic¨ªa auton¨®mica, en este caso la Ertzaintza (7.542), m¨¢s nutrida que la nacional. Sin embargo, la presencia del Ej¨¦rcito (1.481 efectivos) y de los cuerpos de seguridad del Estado (3.677) es proporcionalmente mayor en Euskadi que en Catalu?a.

Adem¨¢s de las competencias cedidas en materias como la seguridad o la educaci¨®n, fruto de acuerdos pol¨ªticos entre los distintos Gobiernos nacionales y los soberanistas catalanes, ?hay alguna otra circunstancia que explique que el poder central haya retrocedido en Catalu?a?

¡°Otro factor es que cada vez resulta m¨¢s inc¨®modo que las plazas de la administraci¨®n del Estado sean ocupadas por personal que viene de otras Comunidades Aut¨®nomas¡±, asegura el catedr¨¢tico Betancor. ¡°Son plazas menos deseables, por el tema ling¨¹¨ªstico y pol¨ªtico¡±, opina sobre el uso del catal¨¢n y la tensi¨®n del proc¨¦s. Y ejemplifica: ¡°Hay un ¨¢mbito que demuestra todo esto, el caso de la judicatura. Catalu?a es la Comunidad Aut¨®noma con mayor proporci¨®n de jueces interinos y de jueces que no son titulares de la plaza. No se quiere ocupar la plaza por incomodidad¡±.

En 2016, el Ministerio de Justicia asign¨® m¨¢s de 500 plazas a Catalu?a en su oferta de empleo p¨²blico. Seg¨²n la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Generalitat decidi¨® no sacarlas a concurso porque as¨ª no las ocupar¨ªan opositores, sino interinos. Se da la circunstancia de que los funcionarios de Justicia son cuerpos nacionales, mientras que los interinos dependen directamente de la Generalitat, que as¨ª cuenta con plenos poderes en materia de personal y selecci¨®n. En Catalu?a hay 41.946 personas en esa situaci¨®n, adem¨¢s de 12.552 con la condici¨®n de temporales.

¡°Cada vez hay menos estructura de la administraci¨®n central¡±, resume Joan Escanilla, portavoz del sindicato en Catalu?a. ¡°Falta mucha gente en el negociado del DNI, los examinadores de tr¨¢fico est¨¢n bajo m¨ªnimos, y en Hacienda y en Seguridad Social tambi¨¦n van muy mal de personal¡±, sigue. ¡°Todo el proceso independentista ha paralizado los procesos de estabilizaci¨®n de interinos. Todo lo que ten¨ªan que haber sacado de plazas no lo han sacado¡±, remata.

Adem¨¢s, en Catalu?a hay 842 jueces y magistrados, seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos dependen ¨²nica y exclusivamente del Poder Judicial, que es el que nombra sus destinos y les sanciona en el caso de que sea necesario. No obstante, las sedes en las que trabajan y los medios materiales de que disponen dependen de la Generalitat de Catalu?a.

Esa no es una cuesti¨®n menor, puesto que marca el d¨ªa a d¨ªa de su trabajo. Lo mismo pasa con las fuerzas de seguridad del Estado. As¨ª, desde hace aproximadamente un mes, casi 6.000 Polic¨ªas Nacionales y Guardias Civiles desplazados a Catalu?a se alojan en tres cruceros atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona; en pensiones; cuarteles del Ej¨¦rcito; c¨¢mpings; y hoteles en zonas tur¨ªsticas.

Que los efectivos movilizados para intervenir contra el refer¨¦ndum del 1 de octubre tengan que vivir en esas condiciones ¡ªrodeados de ropa tendida, sin limpieza diaria de sus camarotes o entre bolsas de basura amontonada¡ª ha sido interpretado por distintos observadores como el mejor resumen de la falta de estructuras del Estado en Catalu?a. De hecho, el Ministerio de Defensa tuvo que enviar camiones llenos de material ¡ªliteras, taquillas, duchas y ropa de cama¡ª para acoger en sus cuarteles a parte de los integrantes de la Operaci¨®n Cop¨¦rnico.

Sin capacidad para alojar en condiciones de normalidad a las fuerzas de seguridad enviadas a Catalu?a, el Ejecutivo se enfrenta ahora a aplicar por primera vez en la historia de Espa?a el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

Los planes iniciales apuntan a la intervenci¨®n de competencias relacionadas con la presidencia, como la convocatoria de elecciones; las finanzas p¨²blicas; y la consejer¨ªa de Interior, de la que dependen los Mossos d¡¯Esquadra. En consecuencia, el Consejo de Ministros tendr¨¢ que decidir si tiene que reforzar las posiciones de la administraci¨®n central en Catalu?a para asegurarse de que las medidas que adopte se ejecutan con eficacia. La otra opci¨®n es que el Gobierno y el PSOE ¡ªque han dise?ado conjuntamente los detalles de la operaci¨®n¡ª conf¨ªen en que baste con reemplazar a cargos clave de la administraci¨®n auton¨®mica para que sus subordinados cumplan las ¨®rdenes de los representantes de Rajoy.

Una cosa es segura: el Ejecutivo est¨¢ comprometido a tomar las medidas necesarias para que la Generalitat vuelva al orden constitucional.