?Qu¨¦ podr¨ªan hacer otros pa¨ªses en un caso de secesi¨®n como el catal¨¢n?

El 155 no es una rareza del ordenamiento jur¨ªdico. El derecho a la ejecuci¨®n, coerci¨®n o coacci¨®n federal o auton¨®mica aparece recogido en las constituciones alemana, austriaca, argentina, portuguesa e italiana. Se ha buscado en la Ley Fundamental de Bonn, el texto constitucional de Alemania, el referente m¨¢s directo al 155 de la Constituci¨®n del 78. El art¨ªculo 37 de la ley alemana prev¨¦ que si un Estado o Land incumple sus obligaciones estatutarias o federales el Gobierno federal, previo consentimiento de la C¨¢mara Baja, podr¨¢ "adoptar las medidas necesarias para obligar a cumplir con sus obligaciones" y ejecutar instrucciones a todos los L?nder y sus autoridades.

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Aunque inicialmente el texto alem¨¢n fuera una inspiraci¨®n, el 155 termin¨® siendo m¨¢s amplio y recogiendo otro supuesto. La formulaci¨®n que aparec¨ªa en el anteproyecto de Constituci¨®n era "copia literal" de la Ley B¨¢sica alemana, s¨ª, pero pronto se decidi¨® ampliarla, aclara el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Francisco Javier Garc¨ªa Roca. "En el informe de la ponencia constitucional ocurre algo que ser¨¢ trascendental; se a?adi¨® otro supuesto al del incumplimiento de las obligaciones: que la comunidad aut¨®noma 'actuare de forma que atente gravemente al inter¨¦s general de Espa?a", se?ala el catedr¨¢tico. Ese a?adido, en su opini¨®n, supuso introducir "una cu?a de hierro en la madera del art¨ªculo 37 alem¨¢n". "De hecho, para el caso de Espa?a lo transform¨® en otra cosa".

Y es que, adem¨¢s de impedir el incumplimiento de la obligaci¨®n constitucional, como ocurri¨® cuando el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez amag¨® con activar el 155 contra una decisi¨®n del Ejecutivo canario, el art¨ªculo recoge como segundo hecho habilitante ese grave atentado al inter¨¦s de Espa?a, "Se introdujo como un hecho dram¨¢tico y excepcional", ilustra el catedr¨¢tico, que destaca tambi¨¦n su indeterminaci¨®n. "De hecho, hubo alguna enmienda en su momento para precisar ese objeto y se rechaz¨®". Para situaciones de menor gravedad la Constituci¨®n contempla en su art¨ªculo 153 el control "normal" de las comunidades aut¨®nomas sobre sus medidas. Para cuando no funciona, como ha ocurrido en el proceso secesionista catal¨¢n, cabe activar el 155, que controla directamente los ¨®rganos de decisi¨®n auton¨®micos.

Adem¨¢s del caso alem¨¢n, el objeto del art¨ªculo 155 aparece en otros textos constitucionales bajo otras formulaciones. En el art¨ªculo 126 de la Constituci¨®n italiana, el 100 de la austriaca, el 234 de la portuguesa o el 75 de la argentina se introducen referencias que permiten suspender un ¨®rgano, disolverlo o intervenirlo cuando incumple la ley.

En el caso de Italia, el art¨ªculo recoge dos medidas duras y concretas: permite disolver un consejo regional y remover al presidente de la junta "que hayan realizado actos contrarios a la Constituci¨®n o incurrido en violaciones graves de la ley". Las mismas medidas pueden adoptarse por razones de seguridad nacional. "En los debates constituyentes se plante¨® incluir alguna de estas medidas, pero al final la redacci¨®n del art¨ªculo espa?ol qued¨® sin concreci¨®n", apunta Vicente Calafell, profesor de la Universidad de las Islas Baleares y autor del estudio La compulsi¨®n o coerci¨®n estatal. Estudio del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

En Austria se permite disolver una dieta ¡ªel parlamento de un Land¡ª a instancias del presidente o el Gobierno federal, pero con la sanci¨®n del Consejo Federal (la C¨¢mara Alta), que deber¨¢ adoptarla por mayor¨ªa de dos tercios y la presencia de al menos la mitad de diputados.?

La Constituci¨®n de Portugal?menciona expl¨ªcitamente los estatutos de autonom¨ªa de Azores y Madeira y precisa con gran detalle sus competencias. La carta magna portuguesa recoge la potestad del presidente de la Rep¨²blica de disolver las asambleas de Azores y Madeira, que acarrea la dimisi¨®n del Ejecutivo regional y "la limitaci¨®n de funciones a los actos estrictamente necesarios para asegurar la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos hasta la toma de posesi¨®n del nuevo Gobierno despu¨¦s de nuevas elecciones".

En Argentina, el art¨ªculo 75 en su punto 31 permite "disponer la intervenci¨®n federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires". "[Esas cl¨¢usulas] se ha usado mucho en Argentina y eso ha devaluado el federalismo; la intervenci¨®n frecuente lo vuelve nominalista", ilustra Garc¨ªa Roca.

En el caso de Reino Unido, donde no hay constituci¨®n escrita, se ha suspendido varias veces la autonom¨ªa de Irlanda del Norte con la aplicaci¨®n de la direct rule, el control ejecutivo directo desde Londres. "El hecho de que no haya constituci¨®n facilit¨® esa medida, como tambi¨¦n la convocatoria del refer¨¦ndum de independencia de Escocia", apunta el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional ?ngel S¨¢nchez Navarro.

Una misma pauta marca los marcos legales de muchos pa¨ªses occidentales: "Siempre que hay conflicto entre los diversos niveles de Gobierno, cuando hay un conflicto entre el ¨¢mbito de la soberan¨ªa nacional y los ¨¢mbitos infraestratales, la soberan¨ªa se impone a la autonom¨ªa", comenta el experto.

En el caso del 155, algunos juristas han puesto en duda que en la pr¨¢ctica permita los ceses, sino solo el dictado de instrucciones. Para el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agust¨ªn Ruiz Robledo, no es as¨ª: "[Al amparo del art¨ªculo 155] caben todas las medidas que pueda presentar el Gobierno y que apruebe el Senado". Adem¨¢s del principio de proporcionalidad en las medidas y el control parlamentario, las derivadas del 155 no est¨¢n exentas del control judicial.

Cuando Companys declar¨® el Estat Catal¨¢ el 6 de octubre de 1934 no hab¨ªa un art¨ªculo similar al 155 en la Constituci¨®n republicana, ilustra Garc¨ªa Roca. "Pero lo que imped¨ªa una declaraci¨®n as¨ª era el propio Estatut de Catalu?a".