Trampas de cinco a?os de ¡®proc¨¦s¡¯

Gobiernos y medios de comunicaci¨®n de medio mundo han puesto sus ojos sobre el proceso independentista catal¨¢n ahora, en su ¨²ltima fase. Pero el proc¨¦s viene de lejos. Y estas son algunas trampas de su discurso:

Reconocer derechos... o vulnerarlos

El derecho de autodeterminaci¨®n que las autoridades de Catalu?a (ahora destituidas), respaldadas por cientos de miles de personas, reivindican para ese territorio desde hace cinco a?os implicar¨ªa ¡ªtanto si se materializa de forma unilateral como si es a trav¨¦s de un refer¨¦ndum acordado¡ª dotar de un nuevo derecho a los catalanes: la capacidad de decidir libremente si se separan de Espa?a. Pero implicar¨ªa, al mismo tiempo, despojar de un derecho al resto de espa?oles: el de decidir si su pa¨ªs debe seguir estando unido o disgregarse. No es, por tanto, una reivindicaci¨®n que s¨®lo suponga ¡°reconocer derechos democr¨¢ticos¡±, sino que implica tambi¨¦n quitarlos.

Todo es Estado

Las dos partes de este conflicto no son ¡°Catalu?a¡± por un lado y ¡°el Estado espa?ol¡± por otro. Las instituciones catalanas (la Generalitat y el Parlament) son instituciones del Estado espa?ol. El poder que ejercen no es original sino que viene dado por la Constituci¨®n Espa?ola, de la que deriva el Estatuto de Autonom¨ªa. Catalu?a no tiene soberan¨ªa propia: esta pertenece al conjunto del pueblo espa?ol. Por lo mismo, las autoridades catalanas son representantes del Estado en ese territorio. El ahora expresidente Carles Puigdemont era, seg¨²n rezaba su cargo, ¡°el m¨¢ximo representante del Estado en Catalu?a¡±. Por ejercer esa representaci¨®n cobraba su sueldo.

?Un pueblo oprimido?

Catalu?a es una de las regiones con mayor renta per c¨¢pita de Espa?a y goza ¡ªcomo las otras 16 regiones espa?olas¡ª de uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa. Entre las reivindicaciones principales de los l¨ªderes independentistas ha estado siempre la de que los catalanes aporten menos dinero a la caja com¨²n.

La ilegalidad anunciada

La reivindicaci¨®n inicial de las autoridades catalanas era pactar con el Gobierno un refer¨¦ndum ¡°legal y acordado¡±. Pero desde el principio avisaron de que, si resultaba que legalmente era imposible, lo har¨ªan ilegalmente. ¡°Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y, si no se puede, hacerlo igualmente¡±, afirm¨® el entonces president Artur Mas en 2012. Sab¨ªan ya que legalmente no se pod¨ªa hacer: el Tribunal Constitucional lo hab¨ªa dejado dicho en 2008, y lo repetir¨ªa muchas veces despu¨¦s: nadie puede autorizar un refer¨¦ndum de independencia en Espa?a si no se reforma antes la Constituci¨®n. Justamente porque la base de la Constituci¨®n es que la soberan¨ªa es de todos los espa?oles, no de una parte.

El el¨¢stico ¡®derecho a decidir¡¯

El ¡°derecho a decidir¡± al que apelan los soberanistas como derecho fundamental por encima de las leyes tiene un problema: es infinito y, de consumarse, dar¨ªa lugar a un puzzle en continuo cambio. Si se le reconoce a Catalu?a la capacidad de decidir si se separa de Espa?a, tambi¨¦n podr¨ªa reconocerse a la provincia de Barcelona el derecho a quedarse en Espa?a; y, dentro de Barcelona, al barrio de Gr¨¤cia a separarse de la ciudad, y as¨ª sucesivamente. Si el derecho es fundamental, no admite l¨ªmites. Pero las autoridades catalanas s¨®lo reconocen el ¡°derecho a decidir¡± de Catalu?a como sujeto ¨²nico. Niegan, al mismo tiempo, el de Espa?a como sujeto ¨²nico.

Dos a?os de desobediencia abierta

La Generalitat y la mayor¨ªa del Parlament llevan dos a?os, desde el 9 de noviembre de 2015, instalados en la desobediencia abierta a la legalidad: aquel d¨ªa aprobaron una resoluci¨®n en la que declaraban que a partir de ese momento no volver¨ªan a obedecer al resto de instituciones espa?olas, que s¨®lo acatar¨ªan las leyes auton¨®micas y que daban inicio al ¡°proceso de creaci¨®n del Estado catal¨¢n¡±, que deb¨ªa culminar en 18 meses. Esto ¨²ltimo no ocurri¨®: siguieron dando patadas al bal¨®n y aplazando esa declaraci¨®n de independencia hasta el pasado 27 de octubre. Lo primero s¨ª: durante dos a?os han desobedecido ¡ªpresumiendo de ello¡ª todas y cada una de las sentencias de los tribunales contra su plan de secesi¨®n.

El poder de un programa electoral

En Espa?a ser independentista no es ilegal. De hecho, partidos independentistas como ERC llevan d¨¦cadas present¨¢ndose a las elecciones y defendiendo sus ideas desde Parlamentos, Ayuntamientos y cargos p¨²blicos de toda ¨ªndole. Pero defender unas ideas y trabajar para que un d¨ªa puedan llevarse a la pr¨¢ctica no es lo mismo que tener, siempre y en cualquier circunstancia, el derecho autom¨¢tico a ejecutarlas. Por mucho que vayan en el programa electoral de un partido que ha ganado las elecciones. Se necesitan otras dos cosas: lograr las mayor¨ªas necesarias (que en unos casos bastar¨¢ que sean de ¨¢mbito local u auton¨®mico y en otras tendr¨¢n que ser nacionales) y seguir los cauces legales para implantarlas. Es decir, que lo que es ilegal en Espa?a ¡ªcomo en cualquier democracia¡ª es tratar de consumar ese ideal de la independencia (o cualquier otro) por la v¨ªa de los hechos consumados, salt¨¢ndose las leyes, despreciando a los tribunales e ignorando a la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. Es lo que ha hecho el independentismo catal¨¢n en los ¨²ltimos a?os: el proc¨¦s ha sido lo que el Tribunal Constitucional describi¨® como ¡°una inaceptable v¨ªa de hecho para reformar la Constituci¨®n al margen de ella¡±.