El Gobierno audita los gastos de la Generalitat para cuantificar el coste del ¡®proc¨¦s¡¯

Los 55 d¨ªas que van desde la aprobaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, el pasado 27 de octubre, hasta las elecciones auton¨®micas del 21 de diciembre son un periodo demasiado corto para darle la vuelta a una Generalitat gobernada desde hace a?os por el soberanismo, admiten fuentes gubernamentales. Pero pueden resultar suficientes para levantar las alfombras y conocer la verdadera dimensi¨®n del desv¨ªo de fondos p¨²blicos hacia el proceso secesionista, a?aden. Con este fin, se han puesto en marcha auditor¨ªas internas en varias conseller¨ªas.

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Pese a la aparatosa destituci¨®n y posterior encausamiento de los miembros del Ejecutivo catal¨¢n, el Gobierno central ha optado por la discreci¨®n. Desde la intervenci¨®n de la autonom¨ªa, un goteo de secretarios de Estado ha pasado por los despachos de la descabezada Administraci¨®n catalana. Un aterrizaje discreto, con reuniones con los altos cargos de la Generalitat fuera de los edificios de las consejer¨ªas o convocatorias para acudir a las sedes de los ministerios en Madrid. En ocasiones, las instrucciones se han impartido a trav¨¦s de llamadas telef¨®nicas o videoconferencias.

Ayer mismo, altos cargos de Fomento se reunieron con responsables de la Consejer¨ªa de Territorio y Sostenibilidad en la sede del Instituto Catal¨¢n del Suelo, mientras que la llegada de una delegaci¨®n del Ministerio de Exteriores al departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia fue captada por los fot¨®grafos del diario Naci¨® digital.

Un portavoz del ministro Alfonso Dastis explic¨® que el objetivo de la delegaci¨®n, encabezada por el secretario general t¨¦cnico de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Mar¨ªa Muriel, era tomar contacto con la conseller¨ªa, cuyo direcci¨®n ha sido asumida por el Ministerio. El diplom¨¢tico Juan Fern¨¢ndez Trigo ha sido encargado de las tareas de ¡°enlace y coordinaci¨®n¡± con la consejer¨ªa catalana, seg¨²n el mismo portavoz, quien insisti¨® en que no se ha producido ning¨²n nombramiento formal en sustituci¨®n del exconsejero Ra¨¹l Romeva, ahora en prisi¨®n preventiva.

Fern¨¢ndez Trigo es un veterano diplom¨¢tico, fue embajador en Hait¨ª y Paraguay y hasta agosto pasado dirigi¨® la oficina de la Uni¨®n Europea en Uruguay.

Fuentes gubernamentales sostienen que, hasta ahora, no se han producido roces con los funcionarios de la Generalitat y que la operaci¨®n del traspaso de poderes se ha desarrollado con normalidad. Otra cosa es que los funcionarios eviten se?alarse conscientes de que, tras las elecciones del 21-D, los partidos soberanistas podr¨ªan recuperar el poder ahora perdido.

En Exteriores, el Gobierno opt¨® por suprimir la decena de embajadas pol¨ªticas abiertas por la Generalitat en el exterior, con la excepci¨®n de Bruselas, y cesar a sus delegados, todos ellos con sueldos de altos cargos, manteniendo ¨²nicamente aquellas dependencias dedicadas a actividades de promoci¨®n comercial, tur¨ªstica o cultural.

M¨¢s all¨¢ de la gesti¨®n de los tr¨¢mites diarios, seg¨²n las fuentes consultadas, uno de los objetivos prioritarios de la intervenci¨®n ser¨¢ auditar sus gastos para intentar cuantificar el montante de fondos p¨²blicos que se han destinado al proc¨¦s.

Esta es una instrucci¨®n com¨²n a todos los ministerios implicados en la aplicaci¨®n del 155, aunque en el caso de la consejer¨ªa de Exteriores tiene especial incidencia, por su car¨¢cter eminentemente pol¨ªtico.

A nadie se le oculta que el objetivo del departamento que dirig¨ªa Romeva era buscar apoyo y reconocimiento internacional para el proceso que culmin¨® con el refer¨¦ndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posterior Declaraci¨®n Unilateral de Independencia (DUI), un empe?o que tuvo escaso ¨¦xito pero consumi¨® cuantiosos recursos p¨²blicos: el presupuesto del servicio exterior catal¨¢n fue de 18 millones en 2016, pero estaba previsto duplicarlo este a?o.

Cuantificar con la mayor precisi¨®n el dinero p¨²blico desviado al proyecto secesionista es una de las instrucciones que ha impartido la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, responsable de coordinar la intervenci¨®n de la Generalitat.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela fij¨®, a petici¨®n del fiscal, una fianza de 6,2 millones de euros para los miembros del cesado Govern, acusados de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos entre otros delitos. Esta cifra sal¨ªa de sumar las partidas previstas para financiar el refer¨¦ndum ilegal, que fueron anuladas por el Constitucional, pero fuentes gubernamentales creen que se trata de una estimaci¨®n a la baja que no agota la totalidad de los fondos destinados al proceso secesionista.

Bajo la lupa de los auditores estar¨¢n no solo las partidas destinadas a financiar apoyos internacionales ¡ªcomo los obervadores extranjeros que asistieron al refer¨¦ndum¡ª, sino tambi¨¦n las subvenciones concedidas a organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Omnium Cultural, cuyos m¨¢ximos dirigentes est¨¢n en prisi¨®n acusados de sedici¨®n.