La justicia obliga a Defensa a divulgar sus gastos en publicidad institucional
El Consejo de Transparencia ha ganado el pleito que le puso el ministerio para evitar dar los datos
El Ministerio de Defensa tendr¨¢ que divulgar sus gastos en publicidad institucional, seg¨²n acaba de determinar un juzgado de Madrid que desestima el recurso que present¨® este departamento contra una resoluci¨®n del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Este es el primer caso de trasparencia sobre las campa?as publicitarias de los ministerios que se resuelve en los tribunales. Hay otros siete pleitos abiertos en diferentes juzgados pendientes de sentencia.
El caso procede de una solicitud de informaci¨®n que hizo un particular a trav¨¦s del Portal de Transparencia. El ciudadano pidi¨® conocer el detalle de las campa?as de publicidad realizadas entre 2012 y 2015 en ocho ministerios. La solicitud inclu¨ªa los datos desglosados por a?o, el presupuesto ejecutado, la campa?a, el n¨²mero de inserciones, la tarifa y en qu¨¦ medio de comunicaci¨®n se pusieron los anuncios.
Todos los ministerios se negaron a facilitar la informaci¨®n solicitada, as¨ª que el ciudadano present¨® una reclamaci¨®n ante el CTBG, el ¨®rgano creado por la Ley de Transparencia en el que se dirimen las discrepancias entre los solicitantes de datos y la Administraci¨®n. El CTBG estim¨® las reclamaciones y tumb¨® los argumentos de los ministerios. Varios de ellos alegaron que ten¨ªan que efectuar una labor previa de reelaboraci¨®n para facilitar los datos y tambi¨¦n que se pod¨ªa perjudicar los intereses econ¨®micos y comerciales de terceros.
La transparencia judicializada
De los 61 recursos presentados hasta ahora a resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), 44 son de distintos ministerios del Gobierno o de empresas del sector p¨²blico. En todos los casos, el CTBG hab¨ªa dado la raz¨®n a ciudadanos que les ped¨ªan informaci¨®n, pero la Administraci¨®n prefiri¨® no acatar la decisi¨®n del consejo y llevarla a los tribunales.
La creciente judicializaci¨®n supone que el CTBG tenga que emplear dinero p¨²blico ¡ªhasta ahora unos 45.000 euros¡ª en contratar abogados privados para pleitear contra la Administraci¨®n a la que, en realidad, tambi¨¦n pertenece. Los abogados del Estado ¡ªcon los que este organismo tiene un convenio firmado¡ªno pueden defender al Consejo porque ya lo hacen con el Gobierno.
El juzgado central contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Madrid avala ahora la resoluci¨®n del CTBG. Considera que no existe reelaboraci¨®n de la informaci¨®n y que no se perjudican los intereses de las empresas contratantes. El Ministerio de Defensa lleg¨® a alegar que no dispon¨ªa de la informaci¨®n. "La propia demandante admite su posesi¨®n", le recuerda la sentencia.
El CTBG, que no suele entrar a valorar los fallos judiciales, ha asegurado hoy en un comunicado que "valora muy positivamente la sentencia desde el punto de vista de la transparencia y la rendici¨®n de cuentas". El CTBG siempre ha considerado en sus resoluciones que los planes de medios, que son los documentos donde se detallan los gastos en publicidad institucional, son documentaci¨®n p¨²blica seg¨²n el art¨ªculo 13 de la Ley de Transparencia y que conocerlos garantiza "la adecuada rendici¨®n de cuentas por el gasto p¨²blico realizado".
La Ley de Transparencia no menciona espec¨ªficamente los gastos en publicidad como informaci¨®n que deba ser publicada, pero varias leyes auton¨®micas posteriores s¨ª obligan a que los Gobiernos regionales divulguen estos datos. Entre ellas est¨¢ Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Canarias, Catalu?a, Extremadura, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
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