Dos jueces del ¡®caso ERE¡¯ tendr¨¢n un d¨ªa de margen para estudiar un mill¨®n de folios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes 12 de diciembre tres comisiones de servicio para sustituir a los magistrados que la pr¨®xima semana enjuician el caso ERE. Sin embargo, estas comisiones de servicio que permitir¨¢n a las dos magistradas Pilar Llorente y Encarnaci¨®n G¨®mez asimilar los 1.063.928 folios que componen la macrocausa, entrar¨¢n en vigor solo un d¨ªa antes del inicio de la vista oral el pr¨®ximo 13 de diciembre. Es decir, en teor¨ªa ambas jueces, que forman el tribunal junto al ponente Juan Antonio Calle ¡ªexento de otros casos desde el pasado julio¡ª solo disponen de 24 horas para esta tit¨¢nica tarea.

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Ambas magistradas celebran juicios y resuelven recursos cada semana. Una de ellas tiene se?alado un juicio para el pr¨®ximo lunes, solo dos d¨ªas antes del comienzo del juicio de la pieza pol¨ªtica de los ERE, que se iniciar¨¢ con las cuestiones previas entre el 12 y el 15 de diciembre y se retomar¨¢ el 9 de enero.

Despu¨¦s de siete a?os de investigaci¨®n, la pieza pol¨ªtica de los ERE ¡ªmacrocausa que en total acumula 270 subvenciones p¨²blicas investigadas¡ª enjuiciar¨¢ desde la semana que viene a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, seis exconsejeros y otros 14 altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa por malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y asociaci¨®n il¨ªcita. Esta pieza, clave para el desarrollo del resto de instrucciones, acumula el contenido de la causa matriz (174/2011) y la del procedimiento espec¨ªfico (133/2016). La primera incluye 341 tomos con 5.364 archivos?¡ªincluidos anexos¡ª y 993.778 folios, y la segunda 38 tomos, 996 archivos?¡ªincluidos anexos¡ª y 70.150 folios.

El hecho de que las dos magistradas dispongan de un solo d¨ªa para dedicar por completo a la causa sin otras obligaciones que atender es resultado de una serie de desafortunadas discrepancias judiciales. Tras una petici¨®n inicial elevada en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) al CGPJ para requerir al Gobierno tres comisiones de servicio en la Audiencia de Sevilla, el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del R¨ªo, redujo el 9 de octubre la solicitud de tres a dos comisiones por la llegada tres d¨ªas antes a la Secci¨®n Primera de la juez Mercedes Fern¨¢ndez Ord¨®?ez procedente de la Junta, donde hab¨ªa ejercido como secretaria de Justicia.

Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJA revoc¨® el 24 de octubre la decisi¨®n de su presidente y mantuvo las tres comisiones de servicio, por lo que tras remitir este nuevo acuerdo al Consejo, este lo env¨ªa al Ministerio de Justicia para que autorice el gasto de las tres plazas y no de las dos informadas previamente. Tres semanas despu¨¦s, el departamento de Rafael Catal¨¢ autoriz¨® el 14 de noviembre las comisiones de servicio, pero dos y no tres como hab¨ªa corregido el Consejo, por un importe de 16.322 euros brutos al mes.

De este modo, a finales de noviembre el Consejo record¨® al Gobierno que las plazas para nuevos jueces eran tres y no dos, por lo que el ministerio modific¨® la partida y contest¨® finalmente el pasado lunes 4 de diciembre, seg¨²n fuentes del Consejo. Esto ha provocado que la comisi¨®n permanente del Consejo no apruebe las nuevas plazas hasta el 12 de diciembre, solo un d¨ªa antes del inicio del juicio.

Las tres comisiones de servicio para estos magistrados tendr¨¢n un periodo que depender¨¢ de la extensi¨®n del juicio, que de momento es imprevisible. Prueba de ello es que la vista oral carece a¨²n de cronograma, a pesar de que solo falta una semana para que comience la vista oral. El cronograma es el mapa de fechas en el que un tribunal fija cu¨¢ndo declaran los acusados, los testigos, peritos y se ven en sala las periciales y los informes finales.

La posibilidad de que el juicio se retrase est¨¢ en el aire, aunque esta dilaci¨®n ser¨ªa causada por la prolongaci¨®n de las cuestiones previas, previstas para los d¨ªas 13, 14 y 15 de diciembre, y no por la falta de tiempo de las magistradas para prepararse y entender la compleja macrocausa, seg¨²n fuentes de la propia Secci¨®n Primera de la Audiencia de Sevilla. El primer juicio examina la pol¨ªtica de ayudas p¨²blicas ejecutada por los Gobiernos socialistas en Andaluc¨ªa durante una d¨¦cada (2001-2010) gracias al fondo de los ERE, dotado con 855 millones. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide seis a?os de c¨¢rcel y 30 de inhabilitaci¨®n para el expresidente Gri?¨¢n y 10 a?os de inhabilitaci¨®n para su antecesor, Manuel Chaves. Los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz afrontan la devoluci¨®n a la Hacienda p¨²blica de 741 millones en caso de condena.

En paralelo, este martes V¨ªctor Moreno Catena, abogado de la exconsejera andaluza Carmen Mart¨ªnez Aguayo, ha avanzado que plantear¨¢ como cuesti¨®n previa la alteraci¨®n del orden de las pruebas para que los 22 acusados declaren al final de la vista oral tras los testigos y peritos, y no al principio, como sucede habitualmente. Esta cuesti¨®n fue planteada recientemente en el juicio de La Manada celebrado en la Audiencia de Navarra y los magistrados accedieron a que los acusados presenciaran el resto de interrogatorios antes de contestar a las acusaciones y a las defensas.

Moreno Catena subraya en su escrito ante la Audiencia de Sevilla que su objetivo es "permitir un debate suficiente sobre la referida cuesti¨®n, sin que se produzca una alteraci¨®n problem¨¢tica de los sucesivos actos procesales que deben realizarse en este juicio oral".