Espa?a reclama tres a?os para que los 500.000 afectados directos digieran el Brexit
Informe de todos los ministerios sobre las repercusiones bilaterales de la salida del Reino Unido de la UE
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El Brexit es un reto in¨¦dito y com¨²n, para Europa y el Reino Unido, pero con incontables repercusiones bilaterales a negociar con los 27 pa¨ªses socios que se quedar¨¢n en la UE y con millones de situaciones personales a resolver. El Gobierno espa?ol ha culminado un informe interno, al que ha tenido acceso EL PA?S, para distribuir a las autonom¨ªas y departamentos afectados y servir de base sobre su posici¨®n, ministerio a ministerio, sobre todo en este nuevo periodo transitorio que se abre hasta la salida definitiva y que empezar¨¢ a abordarse en el Consejo Europeo ya convocado para los pr¨®ximos 14 y 15 de diciembre. El primer objetivo es mantener el statu quo actual de los acuerdos existentes, especialmente para los casi 200.000 espa?oles residentes en el Reino Unido y los 300.000 brit¨¢nicos que viven en Espa?a, lo m¨¢s invariable posible hasta que se termine este impase a finales de 2020.
Empleo y Seguridad Social
Para los espa?oles que ahora est¨¢n en el Reino Unido trabajando esta es su principal preocupaci¨®n. Empleo explica que est¨¢ a favor de ese periodo transitorio (PT) desde la retirada del Reino Unido de la UE y la vigencia de un nuevo acuerdo de colaboraci¨®n futura pero que preserve ¡°¨ªntegramente el acervo comunitario en materia de libre circulaci¨®n de personas, as¨ª como los reglamentos comunitarios sobre coordinaci¨®n de sistemas de Seguridad Social¡±. Y se pide ah¨ª una reafirmaci¨®n clara de que los ciudadanos de la UE y los brit¨¢nicos ¡°disfrutar¨¢n de los mismos derechos sobre libre circulaci¨®n de personas que los que disfrutan en la actualidad¡±.
Con esa meta se tendr¨ªa que mantener la plena jurisdicci¨®n y competencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, los ciudadanos comunitarios tendr¨ªan que poder seguir yendo sin restricciones a residir y trabajar a Reino Unido y a la inversa y cuando finalizase ese periodo los comunitarios que se hayan trasladado a Reino Unido (y a la inversa) durante ese tiempo tendr¨ªan ¡°los mismos derechos reconocidos en el acuerdo de retirada a los ciudadanos comunitarios que a d¨ªa de hoy residen en Reino Unido¡± y ah¨ª se incluye ¡°la expectativa de acceso a la residencia permanente¡±.
Nada cambia sobre la situaci¨®n de Gibraltar
En el documento titulado ¡°Posiciones de los Ministerios de cara a un periodo transitorio y al marco de la futura relaci¨®n UE-Reino Unido¡± no hay una sola palabra sobre Gibraltar. Ese olvido tampoco es casual. Espa?a entiende que no tiene nada que hablar ahora con el Reino Unido, ni con Gibraltar, y que ese contencioso no debe figurar en la negociaci¨®n emprendida de manera global por la Uni¨®n Europea hasta que todo ese pa¨ªs pase por completo a otra situaci¨®n. Mariano Rajoy tampoco le coment¨® nada al respecto el martes a la primera ministra brit¨¢nica, Theresa May, con la que se entrevist¨® en Londres. La posici¨®n espa?ola sigue siendo la de ofrecer la soberan¨ªa compartida, algo que los gibraltare?os y el ejecutivo brit¨¢nico rechazan, como ha reiterado este a?o el ministro de Exteriores, Boris Johnson. El ministro espa?ol, Alfonso Dastis, ha remachado varias veces la postura espa?ola: ¡°Cuando el Reino Unido salga de la UE sale entero y nuestra intenci¨®n y deseo es que fuera de la UE permanezca entero y vamos a trabajar en ese sentido¡±.
En el texto del Gobierno, el Ministerio del Interior s¨ª plantea la necesidad de buscar f¨®rmulas para retroceder lo m¨ªnimo posible en el ¨¢mbito de la cooperaci¨®n policial, pero sin singularidades o excepciones a la carta. Dado que Reino Unido ya no participar¨¢ en las instituciones europeas, Interior cree necesario establecer unas reglas claras (como el principio de seguridad compartida o el de reciprocidad) a cumplir por todas las partes. Y como el per¨ªodo transitorio de estos pr¨®ximos tres a?os podr¨ªa afectar a la consideraci¨®n de los brit¨¢nicos residentes en Espa?a se concluye que habr¨¢ que determinar el tipo de documentaci¨®n que se les expide (r¨¦gimen general o r¨¦gimen UE) y la normativa aplicable a su entrada, la denegaci¨®n de esa entrada o su expulsi¨®n.
El Ministerio aboga por minimizar los perjuicios que se van a producir en cuestiones de seguridad y cooperaci¨®n policial (en marcos como Europol, Cepol, Pr¨¹m o SIS II) y sobre el control de fronteras se plantea una exenci¨®n del visado para estancias de corta duraci¨®n.
En esta fase transitoria habr¨ªa que obtener garant¨ªas de que el futuro acuerdo definitivo entre ambas partes contendr¨¢ un cap¨ªtulo sobre movilidad de personas con un ¡°sistema fluido¡± que permita ese tr¨¢fico con normalidad; ¡°equilibrado¡±, basado sin desigualdades en la ¡°reciprocidad¡±, y ¡°completo¡±, que pasar¨ªa por considerar ¡°aspectos de entrada y salida de ciudadanos, aspectos de acceso al mercado de trabajo, disposiciones sobre el trato dado a los trabajadores, un r¨¦gimen para familiares, un r¨¦gimen para estudiantes, un r¨¦gimen vinculado al comercio y disposiciones sobre Seguridad Social¡±.
El Ejecutivo espa?ol demanda ah¨ª un modelo ¡°m¨¢s ambicioso¡± que el ¡°insuficiente¡± apuntado inicialmente por la Comisi¨®n Europea y basado en el hist¨®rico acuerdo comercial firmado este a?o con Canad¨¢ (CETA). Y plantea que se exploren opciones como el modelo noruego, que permite la libre circulaci¨®n de personas, o el modelo suizo, que tambi¨¦n la tolera aunque con un ¡°freno de emergencia¡± en caso de movimientos desestabilizadores.
Econom¨ªa, Hacienda, Industria y Comercio
El Reino Unido es el cuarto cliente y el s¨¦ptimo proveedor de Espa?a, las exportaciones espa?olas ascendieron en 2016 a 19.000 millones de euros y las importaciones superaron los 11.000 millones; es el principal destino inversor (82.000 millones en sectores como el financiero, las telecomunicaciones y el suministro de energ¨ªa) y el segundo inversor en Espa?a (44.600, especialmente en telecomunicaciones).
Los departamentos afectados son partidarios de sostener el statu quo y el acervo comunitario actual en esa transici¨®n para reducir las incertidumbres en los mercados y retrasar los planes de contingencia de las empresas lo m¨¢ximo posible hasta conocer el futuro acuerdo comercial, que se prev¨¦ a¨²n m¨¢s ¡°amplio y profundo¡± que el alcanzado con Canad¨¢ (CETA plus).
El objetivo de partida se fija en mantener los flujos econ¨®micos, la igualdad de condiciones y que cuando el Reino Unido no est¨¦ sujeto a la pol¨ªtica y las normas fiscales, sociales, medioambientales y regulatorias comunes, ¡°no se introduzcan medidas que distorsionen la competencia¡± y no se le otorguen ¡°m¨¢s beneficios de los que en justa reciprocidad est¨¦ dispuesto a ofrecer y evitar que incentive la salida de otros miembros¡±.
En el plano bilateral, a ¡°Espa?a le interesar¨ªa que el acuerdo que se negocie con Reino Unido en la segunda fase evite la sustituci¨®n de los productos europeos por productos de terceros pa¨ªses, con los que Reino Unido pueda tener acuerdos comerciales m¨¢s ventajosos¡±.
En materia aduanera, se precisa en el informe del Gobierno de Rajoy, ¡°un acuerdo de facilitaci¨®n de procedimientos entre territorios con soberan¨ªa propia y reg¨ªmenes distintos parece muy limitado, y la propuesta brit¨¢nica de un ¡°nuevo partenariado aduanero¡±, como acuerdo aduanero independiente del acuerdo comercial, resultar¨ªa inaceptable, ya que supondr¨ªa la cesi¨®n de soberan¨ªa de la UE en el control de la entrada de mercanc¨ªas procedentes de terceros pa¨ªses, a las que Reino Unido aplicar¨ªa el despacho aduanero, aplicando el Derecho de la Uni¨®n¡±.
En cuanto a las inversiones, el documento de trabajo admite que ¡°interesa a Espa?a acordar disciplinas en materia de transparencia y objetividad de las regulaciones, as¨ª como mecanismos de cooperaci¨®n regulatoria, puesto que existen importantes inversiones espa?olas en Reino Unido en sectores regulados¡±.
En relaci¨®n con la reubicaci¨®n del negocio financiero de Londres, Espa?a considera fundamental que todas las autoridades de supervisi¨®n se preparen adecuadamente para vigilar nuevos riesgos y aplicar la legislaci¨®n UE. En concreto, los est¨¢ndares de autorizaci¨®n vigentes no se deber¨ªan rebajar y deber¨ªan adoptarse las medidas necesarias para evitar tensiones, incluyendo planes de gesti¨®n y mitigaci¨®n de riesgos.
En materia tributaria, se especifica que uno de los objetivos que deber¨ªa ser de inter¨¦s rec¨ªproco es el mantenimiento de los mecanismos de cooperaci¨®n administrativa. Y se propugna que podr¨ªa establecerse un acuerdo entre la Uni¨®n Europea y el Reino Unido similar a los suscritos ya con Suiza, Liechtenstein, M¨®naco, Andorra y San Marino para luchar contra el fraude, o plantearse la aplicaci¨®n extraterritorial de las directivas oportunas. En el ¨¢mbito de la fiscalidad directa y de la cooperaci¨®n administrativa, a falta de elementos incluidos en el acuerdo general de relaciones bilaterales futuras, se defiende que los Convenios internacionales basados en los est¨¢ndares de la OCDE permitir¨ªan cubrir los aspectos m¨¢s importantes. Adem¨¢s, en algunos casos, se podr¨ªan adoptar acuerdos bilaterales espec¨ªficos, como los convenios para evitar la doble imposici¨®n.
Turismo
Espa?a es el principal receptor y destino l¨ªder de turistas brit¨¢nicos (casi 18 millones en 2016, con un crecimiento del 12,4%). En materia de acceso de ciudadanos brit¨¢nicos a Espa?a, Turismo apuesta por conseguir la exenci¨®n de visados para turistas brit¨¢nicos, por su efecto disuasorio
En cuanto a su acceso a la sanidad p¨²blica y a las pensiones, se reclama el mantenimiento de los acuerdos de asistencia sanitaria tanto para la tarjeta sanitaria europea como para la asistencia de pensionista ("en este ¨²ltimo caso, garantiz¨¢ndolo tambi¨¦n para estancias inferiores a 6 meses, puesto que la legislaci¨®n brit¨¢nica en proyecto que pretende garantizar los subsidios solo a partir de esa duraci¨®n es susceptible de causar serios da?os al turismo brit¨¢nico en Espa?a").
En cuanto a los brit¨¢nicos residentes y propietarios de viviendas en Espa?a, se ve necesario garantizar acuerdos de doble imposici¨®n para evitar incrementos tributarios en la compra de propiedades.
Justicia
En esa fase transitoria se extender¨ªa la aplicaci¨®n del Derecho de la UE y la jurisdicci¨®n del Tribunal europeo en cuanto a la interpretaci¨®n de las normas, planteamiento de cuestiones prejudiciales, resoluciones judiciales y ejecuci¨®n tanto para los procedimientos en curso y hasta su conclusi¨®n (aunque esta se d¨¦ tras la finalizaci¨®n del per¨ªodo transitorio) como para los procedimientos iniciados en ese periodo o a los hechos ocurridos o los da?os producidos en cualquier momento de esa etapa.
Para Espa?a no basta con que los tribunales brit¨¢nicos ¡°tengan en cuenta¡± la jurisprudencia europea porque cuando ¡°no la tengan en cuenta¡± se correr¨ªa el grave riesgo de romper la uniformidad en la interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de un ordenamiento jur¨ªdico com¨²n y provocar el nacimiento bien de un ¡°derecho brit¨¢nico de la UE¡± distinto del com¨²n o bien de un corpus jur¨ªdico UE ¡°interpretado a la inglesa¡±.
El Ministerio de Justicia alerta ah¨ª tambi¨¦n del ¡°rechazo incondicional de la pretensi¨®n brit¨¢nica de someter las controversias mercantiles a arbitraje internacional¡± y demanda que la UE favorezca que el centro neur¨¢lgico de las cortes arbitrales se desplace a Europa.
Para el Ministerio espa?ol, en contra de la posici¨®n manifestada por Reino Unido, no habr¨ªa que aplicar a los procedimientos en curso umbral alguno que determine si el procedimiento est¨¢ iniciado o no.
Y en lo que se refiere al intercambio de datos policiales o penales, se reitera el rango de principio de cumplimiento forzoso, cuya inobservancia exige que los datos sean borrados o destruidos.
Interior
Este departamento defiende una divisi¨®n en dos tiempos de ese periodo transitorio de entre 18 y 24 meses. La primera parte consistir¨ªa en la pr¨®rroga de los instrumentos actuales (pero sin participaci¨®n institucional brit¨¢nica) y la segunda consistir¨ªa en una desconexi¨®n progresiva con puesta en marcha de las soluciones futuras.
Se remarca que en el ¨¢mbito de la cooperaci¨®n policial el objetivo debe pasar por buscar f¨®rmulas para que retroceda lo m¨ªnimo posible, pero sin singularidades o excepciones a la carta. Como el Reino Unido ya no participar¨¢ en las instituciones europeas se ve necesario establecer unas reglas claras (como el principio de seguridad compartida o el de reciprocidad) cumplidas por todas las partes.
El pr¨®ximo per¨ªodo transitorio podr¨ªa afectar a la consideraci¨®n de los brit¨¢nicos residentes en Espa?a. El departamento de Interior apunta que habr¨¢ que determinar el tipo de documentaci¨®n que se expide (r¨¦gimen general o r¨¦gimen UE) y la normativa aplicable a su entrada, la denegaci¨®n de esa entrada y la hipot¨¦tica expulsi¨®n (RD 240/2007 o Ley Org¨¢nica 4/2000).
El Ministerio aboga por minimizar los perjuicios que se van a producir en cuestiones de seguridad y cooperaci¨®n policial (en marcos como Europol, Cepol, Pr¨¹m o SIS II) y en lo que respecta al control de fronteras se plantea una posible exenci¨®n de visado para estancias de corta duraci¨®n.
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Este periodo plantea problemas por la no participaci¨®n de Reino Unido en las instituciones: en materia de pesca el reparto de cuotas se hace a?o a a?o en el Consejo y el Reino Unido ya no estar¨ªa cuando se decida ese reparto. El Ministerio espa?ol propone alg¨²n tipo de metodolog¨ªa para salvar esta falta de participaci¨®n institucional, siempre siguiendo la actual estabilidad relativa.
Tambi¨¦n se considera inadmisible que durante este periodo transitorio se lleven a cabo modificaciones en las condiciones de acceso a las aguas en islas Malvinas.
El escenario ideal ser¨ªa muy parecido al actual. El objetivo principal es lograr un acuerdo de acceso rec¨ªproco a las aguas. Se trata de asegurar que los buques espa?oles o de capital espa?ol que faenan en aguas de Reino Unido puedan seguir haci¨¦ndolo y para ello deber¨ªa negociarse un Acuerdo de Pesca entre la UE y Reino Unido (siendo este ya pa¨ªs tercero) que recoja en mayor medida las condiciones actuales que regula la Pol¨ªtica Pesquera Com¨²n.
Educaci¨®n y Cultura
En Educaci¨®n lo que inquieta son las posibilidades de acreditaci¨®n y reconocimiento de t¨ªtulos. Se afirma ah¨ª que son m¨¢s los profesionales espa?oles que se desplazan a Reino Unido que al contrario, por lo que en un per¨ªodo transitorio el objetivo ser¨ªa mantener la plena aplicaci¨®n de la normativa comunitaria, incluyendo las directivas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.
El periodo transitorio facilitar¨ªa al colectivo de los espa?oles que ejercen funciones docentes en Reino Unido la posibilidad de preparar un potencial retorno futuro. La propuesta del Ministerio es la conservaci¨®n de las condiciones y no incrementar las tasas para acceder a universidades brit¨¢nicas para no perder la posibilidad de acceder a pr¨¦stamos para financiar los estudios durante todo ese periodo.
Cultura precisa, por su parte, que ¡°no debe existir, en ning¨²n caso, servicios prestados desde territorio brit¨¢nico o por empresas brit¨¢nicas al resto de la UE en el ¨¢mbito de las industrias creativas y las plataformas digitales en igualdad con otras empresas domiciliadas en otros Estados miembros¡±. Y se se?ala que cuando Reino Unido salga de la UE debe salir tambi¨¦n de manera absoluta del Mercado ?nico Digital y por tanto no ser¨¢ posible que pueda beneficiarse de ning¨²n modo de la regulaci¨®n comunitaria y libre prestaci¨®n de servicios en este punto.
Se constata, por su parte, que no se espera que el Reino Unido, una vez fuera de la UE, ¡°vaya a mejorar su colaboraci¨®n en lucha contra pirater¨ªa u otros ¨¢mbitos similares¡±. Y se confirma que la misma restricci¨®n debe operar en cuanto a la comercializaci¨®n de derechos.
Sanidad
Una propuesta fundamental de este Ministerio ser¨ªa que se mantengan los ¡°acuerdos de asistencia sanitaria¡± tanto para los pensionistas como para los poseedores de la tarjeta sanitaria europea. Seg¨²n la actual legislaci¨®n, existe un r¨¦gimen de reciprocidad en el acceso a prestaciones por parte de ciudadanos de Espa?a y Reino Unido. Si se mantiene esta legislaci¨®n en el per¨ªodo transitorio, los ciudadanos espa?oles que residen en Reino Unido deber¨ªan tener acceso al cat¨¢logo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud brit¨¢nico en las mismas condiciones que los brit¨¢nicos acceden al nuestro.
De cara al futuro se propugna negociar de forma conjunta entre la UE y el Reino Unido un modelo de asistencia como el vigente con los pa¨ªses del Espacio Econ¨®mico Europeo o con Suiza.
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