La fiscal¨ªa acusa a Chaves y Gri?¨¢n de evitar el control sobre las ayudas de los ERE
Arranca la primera vista oral de la macrocausa con las cuestiones previas planteadas

La imagen de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n sentados en el banquillo de los acusados tras haber gobernado la comunidad durante 23 a?os ha marcado este mi¨¦rcoles la primera jornada del juicio de los ERE. Pero poco m¨¢s. El arranque de la vista oral ¡ªque examina el dise?o y mantenimiento del fondo de los ERE supuestamente desde la exc¨²pula del Gobierno andaluz¡ª no ha pasado de las lecturas de los escritos de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y del PP, un tr¨¢mite a menudo innecesario y prolongado esta ma?ana tres horas.
Los 22 acusados ¡ªlos dos expresidentes, seis exconsejeros y 14 ex altos cargos¡ª se sientan en el banquillo por una partida supuestamente malversada que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cifra en 741 millones entre 2001 y 2010, y que los instructores Mercedes Alaya y ?lvaro Mart¨ªn hab¨ªan elevado hasta los 855 millones. La tesis acusatoria es que la exc¨²pula de la Junta andaluza ide¨® un sistema para esquivar los controles de la Intervenci¨®n General y conceder ayudas de manera opaca a empresas afines al PSOE. Las defensas alegan que tal contubernio no existi¨® y que la partida era aprobada con transparencia a?o tras a?o por el Parlamento andaluz.
Tras una entrada en la Audiencia de Sevilla sin declaraciones a la prensa, los exdirigentes del Ejecutivo auton¨®mico estrenaron esta ma?ana las tres filas de asientos que ocupar¨¢n al menos hasta el pr¨®ximo verano. Los expresidentes, la exministra Magdalena ?lvarez y los exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas, Jos¨¦ Antonio Viera y Antonio Fern¨¢ndez, entre otros, est¨¢n defendidos por experimentados abogados que han participado en grandes causas pol¨ªticas juzgadas los ¨²ltimos a?os.

La primera sesi¨®n augura un desarrollo muy lento del juicio, que debe escuchar a 114 testigos y 12 peritos tras los 22 encausados. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, consider¨® preceptiva la lectura del escrito del fiscal, de 44 folios, y el PP reclam¨® como acusaci¨®n su derecho a que su escrito tambi¨¦n fuera le¨ªdo. Uno de los letrados, Pedro Apalategui, que defiende al exviceconsejero Agust¨ªn Barber¨¢, ha rogado que se evitara la lectura del documento ya que las partes estaban ¡°sobradamente instruidas¡±, pero el PP insisti¨®.
Si las 22 defensas se empe?an en la lectura de sus escritos, las cuestiones previas se puede prorrogar durante todo el mes de enero. ¡°Hemos entrado en contramano y empiezan las comparaciones. Se va a armar¡±, vaticinaba un abogado que reclama el anonimato. El letrado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, que defiende a Gri?an, ha intentado quitar hierro al tedioso protocolo: ¡°Habr¨ªa una desigualdad si se leyeran solo los escritos de las acusaciones. Seremos mucho m¨¢s breves¡±. Y Juan Carlos Alf¨¦rez, abogado de Jacinto Ca?ete (exdirector de la agencia p¨²blica Idea, pagadora de los ERE), ha advertido: ¡°Las garant¨ªas procesales son m¨¢s importantes que lo farragoso o no de las sesiones¡±.

El escrito de los fiscales se?ala a la exc¨²pula de la Junta por evitar la fiscalizaci¨®n de la Intervenci¨®n, ¡°que entorpec¨ªa y casi imped¨ªa este sistema de ayudas¡±. Seg¨²n el ministerio p¨²blico, los dirigentes deb¨ªan conocer las irregularidades detectadas por los interventores en los ERE ya en 2003, pero las permitieron para mantener ¡°la paz social¡±.
La clave t¨¦cnica del juicio estriba en el mecanismo de pago de los ERE, las transferencias de financiaci¨®n, un instrumento de ejecuci¨®n presupuestaria que permit¨ªa salvar los controles previos de la Intervenci¨®n General, de ah¨ª que est¨¦ implicada la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Hacienda junto a la de Empleo. Uno de los principales acusados, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, ha resumido tras siete a?os de instrucci¨®n: ¡°Ya era hora de que empezara¡±.
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