Despolitizaci¨®n de la alta inspecci¨®n educativa

Tras 40 a?os de Constituci¨®n, existen competencias del Estado sorprendentemente desconocidas. La Alta Inspecci¨®n educativa es una de ellas. En su art¨ªculo 27, la Constituci¨®n estableci¨® que los poderes p¨²blicos deb¨ªan inspeccionar el sistema educativo haciendo un reparto competencial: a las comunidades les correspond¨ªa la inspecci¨®n ordinaria y al Estado la "alta inspecci¨®n". Los Estatutos de autonom¨ªa salvaguardaron expresamente esta competencia estatal, contemplada tambi¨¦n en las sucesivas leyes educativas.

La LOCE especific¨® el fin de la Alta Inspecci¨®n: "comprobar, verificar o velar por el cumplimiento de la legislaci¨®n del Estado". Cuando la LOE de Zapatero (aprobada con apoyo de nacionalistas catalanes y vascos) la modific¨®, estas competencias se mantuvieron. As¨ª el Estado debe "comprobar, velar y verificar el cumplimiento de la legislaci¨®n educativa" en cuanto a 1) modalidades, etapas, ciclos y especialidades de ense?anza, 2) inclusi¨®n e impartici¨®n de aspectos b¨¢sicos de los curr¨ªculos, 3) condiciones para obtenci¨®n de los t¨ªtulos y sus efectos acad¨¦micos o profesionales e, incluso, 4) adecuaci¨®n de la concesi¨®n de las subvenciones y becas. Pero, adem¨¢s, al Estado le corresponde "velar por el cumplimiento de las condiciones b¨¢sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educaci¨®n, as¨ª como de sus derechos ling¨¹¨ªsticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables".

El reconocimiento de unas competencias es est¨¦ril si no hay c¨®mo ejercerlas. Durante a?os se ha renunciado a la regulaci¨®n y desarrollo de la Alta Inspecci¨®n desistiendo de la efectiva supervisi¨®n para el cumplimiento legislativo en educaci¨®n y para la salvaguarda de condiciones que garantizan la igualdad de los espa?oles en materia educativa y de derechos ling¨¹¨ªsticos. La Constituci¨®n ofrec¨ªa y ofrece un instrumento para la equidad y la libertad que, por razones pol¨ªticas, se ha convenido en desactivar: la inactividad, a complacencia de los nacionalistas, ha sido "la forma" de hacer pol¨ªtica del PPSOE.

De aquellos lodos, estos posos. La impunidad con la que se han violentado derechos b¨¢sicos durante d¨¦cadas ha sido caldo de cultivo para "casos puntuales" de adoctrinamiento (como los denomin¨® M¨¦ndez de Vigo) que hoy est¨¢n en la Fiscal¨ªa. Donde el incumplimiento de la legislaci¨®n se ha tolerado con "normalidad" ha alumbrado una "realidad paralela" al servicio de los nacionalismos.

Las competencias que reconoce la legislaci¨®n a la Alta Inspecci¨®n deben ser activadas ya. Y tiene que hacerse mediante una f¨®rmula organizativa que garantice su despolitizaci¨®n. Con este fin, Ciudadanos present¨® un proyecto de ley para crear una autoridad independiente de las contempladas en la legislaci¨®n administrativa. En la votaci¨®n de la toma en consideraci¨®n del proyecto de ley de la Agencia para la Alta Inspecci¨®n asistimos a la boutade y la ignorancia calculada del PSOE (cuya portavoz se empe?a en confundir la Alta Inspecci¨®n con la inspecci¨®n ordinaria); la agresividad de los nacionalistas y la negligencia del PP, pues la votaci¨®n se perdi¨® por cinco ausencias, entre otras las del presidente de Gobierno.

Lamentablemente, a veces lo evidente es lo m¨¢s dif¨ªcil de ver. Despu¨¦s del no debate de nuestra propuesta, quedan claras dos cuestiones. La primera, que nuestra ley no s¨®lo es necesaria, sino urgente: muchos han convertido el sectarismo (por acci¨®n o dejaci¨®n de funciones) en forma de hacer pol¨ªtica. La segunda, que en este pa¨ªs, velar por la igualdad de los espa?oles y hacer cumplir la ley se ha convertido en revolucionario. Seguiremos insistiendo en ello.