2018, un pa¨ªs en el banquillo

No hace falta ser un genio del an¨¢lisis para vislumbrar que 2018, como los a?os anteriores, estar¨¢ marcado por la inestabilidad pol¨ªtica y social en Catalu?a. En el a?o que comienza la actualidad catalana ¨Cmonopolizadora de la espa?ola¨C se repartir¨¢ entre dos grandes focos: Barcelona, con las instituciones auton¨®micas; y Madrid, con el Tribunal Supremo, donde se investiga y se prev¨¦ juzgar en los pr¨®ximos meses por rebeli¨®n a los l¨ªderes del proceso que desemboc¨® en la declaraci¨®n de independencia del pasado 27 de octubre. La derivada judicial del proc¨¦s eclipsar¨¢ inevitablemente, al menos de forma parcial, a los casos de corrupci¨®n, que han marcado la agenda de los tribunales durante la ¨²ltima d¨¦cada. Sin embargo, estos casos tienen la suficiente fuerza para imponerse y deparar¨¢n m¨¢s de un sobresalto en los partidos y en las redacciones.

El Tribunal Supremo se ha dado a s¨ª mismo diez meses para dictar sentencia a los pol¨ªticos, funcionarios y l¨ªderes sociales que promovieron la v¨ªa unilateral a la independencia de Catalu?a, con absoluto desprecio a la Constituci¨®n y las leyes. Este plazo parece optimista si se tiene en cuenta que el juez instructor, Pablo Llarena, pr¨¢cticamente acaba de iniciar la investigaci¨®n por rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n de fondos contra el anterior Govern liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la antigua mesa del Parlament y los l¨ªderes de los partidos y entidades independentistas. La causa, adem¨¢s, tiene visos de ampliarse con la investigaci¨®n sobre el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre y la actuaci¨®n pasiva de los Mossos d¡¯Esquadra dirigidos por el ex comisario mayor Josep Llu¨ªs Trapero.

De forma paralela, y aunque no es poder judicial, el Tribunal Constitucional deber¨¢ pronunciarse sobre los recursos planteados por Podemos y por el Parlament por la forma en que el Gobierno ha aplicado el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n tras la declaraci¨®n de independencia, y que supuso la destituci¨®n ¨Cy posterior fuga- de Puigdemont y otros cuatro exconsellers y la disoluci¨®n de la C¨¢mara auton¨®mica. La intervenci¨®n de la autonom¨ªa por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy durar¨¢ hasta que el Parlament salido de las urnas del pasado 21 de diciembre elija a un nuevo presidente de la Generalitat. En caso de que los partidos independentistas, que conservan la mayor¨ªa absoluta, hagan interpretaciones o reformas imaginativas del Reglamento de la C¨¢mara auton¨®mica para que los pol¨ªticos huidos o en prisi¨®n y que han sido elegidos diputados puedan votar o Puigdemont ser nombrado presidente desde B¨¦lgica, los partidos probablemente recurrir¨¢n al Constitucional.

En los pr¨®ximos d¨ªas, los tribunales emitir¨¢n sentencias que aunque no tienen que ver con el proceso soberanista, s¨ª afectan a dirigentes hist¨®ricos del nacionalismo catal¨¢n por asuntos de corrupci¨®n. La Audiencia Nacional emitir¨¢ su decisi¨®n sobre el caso Pretoria, en el que el secretario de Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol, y Maci¨¤ Alavedra, exconsejero de Econom¨ªa, reconocieron que ocultaron al fisco 15 y 3,24 millones de euros respectivamente procedentes de comisiones ilegales por favores urban¨ªsticos durante sus mandatos. Adem¨¢s, a principios de enero se espera que se haga p¨²blico el fallo sobre el caso Palau sobre el desv¨ªo de mordidas a Converg¨¨ncia por adjudicaciones de obras p¨²blicas a trav¨¦s del Palau de la M¨²sica de Catalu?a, presidido por F¨¦lix Millet.

Al margen de Catalu?a, el Supremo ser¨¢ protagonista por una sentencia que ser¨¢ examinada con lupa: la del caso N¨®os, prevista para el primer trimestre. El pasado julio, la fiscal¨ªa pidi¨® elevar a 10 a?os de prisi¨®n la pena de seis a?os y medio que la Audiencia de Baleares impuso a I?aki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, por la trama de desv¨ªo de fondos p¨²blicos de las administraciones balear y valenciana a sus sociedades. Una sentencia condenatoria con una pena superior a los dos a?os de c¨¢rcel implicar¨ªa el ingreso en prisi¨®n del cu?ado del rey Felipe VI.

El alto tribunal tambi¨¦n har¨¢ p¨²blica otra sentencia de calado pol¨ªtico: el del recurso del caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en la que 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, encabezados por Rodrigo Rato y Miguel Blesa, que se suicid¨® el pasado 19 de julio, fueron condenados a penas de hasta seis a?os de prisi¨®n. El pasado noviembre, el Supremo declar¨® al fallecido Blesa responsable civil del desfalco de 9,3 millones durante su mandato y orden¨® la venta de los bienes que ten¨ªa embargados.

El otro gran protagonista de este juicio, Rato, recibir¨¢ la sentencia mientras se le sigue investigando en los juzgados ordinarios de Madrid por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Adem¨¢s, en 2018 se conocer¨¢ previsiblemente la fecha del juicio del caso Bankia, por la falsedad en las cuentas anuales de la entidad sucesora de Caja Madrid para su salida a bolsa en julio de 2011.

Entre las causas de corrupci¨®n, la Audiencia Nacional notificar¨¢ en 2018 la sentencia sobre la trama central del caso G¨¹rtel, que termin¨® de juzgarse el pasado noviembre. La Sala de lo Penal tiene en sus manos, adem¨¢s del futuro de los l¨ªderes de la trama, como Francisco Correa, Pablo Crespo o ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes, todos ellos en prisi¨®n, decidir sobre si el Partido Popular se financiaba con una caja b y sobre los supuestos manejos del extesorero Luis B¨¢rcenas para enriquecerse con fondos que empresarios entregaban bajo cuerda a la formaci¨®n conservadora.

En enero, la misma Audiencia Nacional comenzar¨¢ a juzgar la trama de financiaci¨®n irregular del PP en la Comunidad Valenciana, una de las m¨²ltiples ramas del caso G¨¹rtel. En el banquillo se sentar¨¢n 20 acusados, entre ellos Ricardo Costa, ex secretario general del partido en esa regi¨®n y Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana con Francisco Camps. Los empresarios que dieron donativos opacos para las campa?as del partido en aquella ¨¦poca admitieron en bloque la acusaci¨®n del fiscal a cambio de una rebaja en la condena por delitos electorales y de falsedad documental. La vista oral se desarrollar¨¢ hasta el mes de abril.

El partido presidido por Mariano Rajoy previsiblemente se sentar¨¢ este a?o como persona jur¨ªdica en el banquillo de los acusados en un juzgado penal de Madrid por la destrucci¨®n de los discos duros de los ordenadores de B¨¢rcenas durante la investigaci¨®n de la caja b en la Audiencia Nacional, un juicio en el que la fiscal¨ªa ha decidido no ejercer la acusaci¨®n.

Tambi¨¦n en el mes de enero, el lunes 9, se reanudar¨¢ la vista oral del caso de los ERE con la fase de cuestiones previas. Este mes previsiblemente comenzar¨¢ el interrogatorio de los acusados por el supuesto fraude en las ayudas de la consejer¨ªa andaluza de Empleo, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n o la exministra de Fomento Magdalena ?lvarez.