Papeles de ida y vuelta
La oposici¨®n regional quiere seguir investigando los entresijos financieros del Canal y pelear¨¢ por acceder a su documentaci¨®n
La comisi¨®n de investigaci¨®n de la corrupci¨®n de la Asamblea de Madrid, que el PP abandon¨® el 8 de enero al considerarse ¡°linchado¡±, no se rinde. Sus miembros (PSOE, Podemos y Ciudadanos) seguir¨¢n reclamando al Gobierno regional los papeles del Canal de Isabel II que comenzaron a recibir hace dos semanas, tras meses de infructuosas peticiones. Una providencia judicial, que el Gobierno regional asegura que ¡°traspapel¨®¡± cinco meses ante la incredulidad de la oposici¨®n, dio luz verde al env¨ªo, y un auto judicial lo cort¨® la semana pasada. Ambas decisiones proced¨ªan del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga el caso Lezo.
La primera fue emitida el 21 de agosto por el juez Fernando Andreu, que se encontraba temporalmente al frente del juzgado. En ella se dec¨ªa que la entrega de los documentos se reg¨ªa por disposiciones administrativas, donde un juez de instrucci¨®n no tiene nada que decir. Los diputados no supieron nada de esa contestaci¨®n hasta el pasado 15 de enero. Se produjo un ¡°error humano¡±, se excus¨® el Ejecutivo y el fax no sigui¨® el protocolo marcado y se perdi¨®. Una vez detectado, comenzaron a remitir los papeles.
A los parlamentarios les dio tiempo a recibir la mitad (unos 40) hasta que se hizo p¨²blico un auto del 29 de enero, en contestaci¨®n a otra consulta por el mismo motivo dirigida por el Gobierno de Cifuentes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El auto, de Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6, sostiene que ¡°no ha lugar a la entrega¡± de documentaci¨®n ¡°que se est¨¢n conociendo por los jueces y tribunales¡±. Antes, el Ministerio Fiscal Anticorrupci¨®n emiti¨® un informe que sosten¨ªa esa argumentaci¨®n.
Asombro de los grupos
El PP respir¨® aliviado porque el juez les daba la raz¨®n, mientras que la oposici¨®n no sal¨ªa de su asombro por el cambio de criterio. Los grupos insisten en que se trata de informaci¨®n administrativa que, adem¨¢s, han solicitado a la Comunidad de Madrid y no al juzgado. Encarnaci¨®n Moya, representante socialista en la comisi¨®n, explica que los han conseguido ¡°legalmente amparados por una decisi¨®n judicial¡±.
De momento, la oposici¨®n no ha recurrido el auto. Miguel Ongil, portavoz en la comisi¨®n de Podemos, explica que est¨¢n a la espera de recibir toda la informaci¨®n. Tambi¨¦n han pedido suspender el plazo para recurrir el auto, que no es firme, hasta que no se encuentre en su poder el expediente completo.
El letrado de las Cortes y del Tribunal Constitucional, Manuel Fern¨¢ndez-Fontecha, discrepa de los razonamientos del auto. ¡°El juez argumenta que no entrega la documentaci¨®n porque al encontrarse en su poder, est¨¢ sujeta a reserva, pero contin¨²a siendo un documento de la Comunidad de Madrid y est¨¢ sometido al poder de petici¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n¡±, explica. El juez ¡°viene a decir que como los tengo yo son documentos judiciales, pero no administrativos¡±, a?ade.
Al mismo tiempo, el auto plantea que la entrega de los papeles ¡°podr¨ªa conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisi¨®n judicial y a la presunci¨®n de inocencia de los acusados¡±. Fern¨¢ndez-Fontecha tampoco comparte este punto. A su juicio, la presunci¨®n de inocencia no se ve afectada por acudir a la comisi¨®n.
Velar por la intimidad
El letrado recuerda que dicho aspecto se regula en la ley org¨¢nica 5/1984, que desarrolla el art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n y, aunque afecta al Congreso y al Senado, ¡°el esp¨ªritu es el mismo¡±. ¡°La norma atribuye a las comisiones el deber de velar por la intimidad y los derechos de los comparecientes¡±, aclara. La situaci¨®n que se ha creado puede conducir a ¡°interpretar que mientras est¨¦n en marcha procedimientos judiciales no pueden existir comisiones parlamentarias a la vez, y esto no es as¨ª¡±, concreta Fern¨¢ndez-Fontecha. En definitiva, a?ade, se ¡°cambia la doctrina y la forma de cooperaci¨®n con las comisiones de investigaci¨®n¡±.
El auto de Garc¨ªa Castell¨®n, adem¨¢s de caer como un jarro de agua fr¨ªa sobre la oposici¨®n, provoc¨® que la comisi¨®n aplazara de forma indefinida la comparecencia de la presidenta regional Cristina Cifuentes prevista para el viernes pasado, sobre su ¨¦poca de consejera del Canal. Cifuentes sorte¨® as¨ª el complicado momento de declarar ante los diputados por segunda vez. En junio pasado acudi¨® para aclarar su participaci¨®n en la contrataci¨®n de los servicios de cafeter¨ªa de la Asamblea de Madrid de 2009 a 2011, en medio de una gran expectaci¨®n medi¨¢tica.
Desde entonces, sus relaciones con Ciudadanos ¡ªsu socio de investidura¡ª se enfriaron hasta tal punto que la presidenta evita aparecer en ning¨²n acto junto su l¨ªder, Ignacio Aguado. Aunque ambos se siguen necesitando; el PP por estar en minor¨ªa y Ciudadanos para, siendo la ¨²ltima fuerza pol¨ªtica del Parlamento, sacar adelante sus propuestas.
PSOE y Podemos piden que Cifuentes vaya a la comisi¨®n
PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren explicaciones sobre c¨®mo fue posible traspapelar la providencia que dio luz verde a la entrega de los papeles. PSOE y Podemos solicitar¨¢n hoy a la Mesa de la comisi¨®n de corrupci¨®n que reconsidere llamar a declarar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre la cuesti¨®n. Esa comisi¨®n anul¨® su comparecencia el pasado viernes, en la que solo se la habr¨ªa podido preguntar por la ¨¦poca en la que fue consejera del Canal entre 2012 y 2014. El PP y Ciudadanos votaron en contra de ampliar el interrogatorio con cuestiones sobre lo ocurrido con los papeles del Canal. Inicialmente Ciudadanos estaba a favor de la propuesta, pero tras escuchar a la secretaria general de la Asamblea ¡ªplante¨® alguna duda sobre si era pertinente o no¡ª cambiaron su voto porque no se encontraban ¡°c¨®modos¡±. C¨¦sar Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos, pidi¨® el viernes pasado la declaraci¨®n en la comisi¨®n de Presidencia, no en la de corrupci¨®n, de las personas que considera implicadas en el ¡°traspapeleo¡± de las actas. Entre ellas no est¨¢ Cifuentes.
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