La oposici¨®n pide a Rajoy una legislaci¨®n com¨²n del borrado del correo de altos cargos

Los principales partidos de la oposici¨®n se declaran a favor de una normativa com¨²n que regule el borrado del correo electr¨®nico de los altos cargos de la Administraci¨®n cuando dejan de desempe?ar su funci¨®n en el ¨¢mbito estatal, auton¨®mico o municipal. La eliminaci¨®n de los mails de Francisco Granados en su etapa en el Gobierno de Esperanza Aguirre, reclamados por el juez de P¨²nica, ha revelado la falta de una legislaci¨®n homog¨¦nea. La Comunidad de Madrid es partidaria de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que declin¨® pronunciarse, impulse una regulaci¨®n.

?ngel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y n¨²mero dos de Cristina Cifuentes en el Ejecutivo madrile?o, se mostr¨® ayer favorable a que el Estado ¡°regule¡± la conservaci¨®n y borrado de los correos electr¨®nicos de los altos cargos mediante una reglamentaci¨®n precisa que unifique los criterios que en la actualidad aplican las diferentes Administraciones. El ministro portavoz del Gobierno, ??igo M¨¦ndez de Vigo, no entr¨® en si debe haber una normativa com¨²n.

La oposici¨®n a Rajoy tambi¨¦n coincidi¨® en reclamar un reglamento ¨²nico para todos los niveles del Estado. ¡°Parece l¨®gico para estos cargos y para que haya cierta protecci¨®n y claridad. Me parece bien que se regule para que no haya un partido que despu¨¦s formatee y borre discos duros¡±, expres¨® Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Se refer¨ªa a que en el PP se borraron los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis B¨¢rcenas. ¡°La inexistencia de un marco legal claro entorpece la labor de la justicia¡±, observ¨® Andr¨¦s Perell¨®, responsable de Justicia del PSOE. ¡°Hace falta una ley marco regulatoria que estipule que durante un tiempo prudencial se guarden los correos de altos cargos. Lo contrario pone en tela de juicio la transparencia de la Administraci¨®n¡±, prosigui¨®. Mercedes Gallizo, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, registr¨® ayer varias preguntas sobre el grado de colaboraci¨®n del Ejecutivo de Cifuentes con las informaciones solicitadas por los instructores del caso P¨²nica y la normativa en que se sustenta la orden de borrado de los mails de los investigados.

¡°Ser¨ªa bueno un criterio com¨²n y con las mismas garant¨ªas para todas las Administraciones, para que no existan diferencias como las que actualmente se dan¡±, prosigui¨® Garrido, que tambi¨¦n es secretario general del PP de Madrid, que preside Cifuentes. Su planteamiento se produce tras la petici¨®n el pasado 30 de enero del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n de una serie de mails de Granados y otros excargos regionales dentro de las investigaciones de las ramificaciones de la presunta trama corrupta de P¨²nica. En este caso afectaban a obras de Metro de Madrid a trav¨¦s de la empresa p¨²blica Mintra y a Arpegio, firma auton¨®mica de la gesti¨®n del suelo y las inversiones del plan Prisma en municipios.

Sin embargo, la Comunidad ya hab¨ªa borrado los correos en una primera tanda en 2012 y en otra a finales del a?o pasado. El procedimiento que aplica Madrid no especifica el tiempo que se deben guardar los correos ni la forma de hacerlo. El Centro Criptol¨®gico Nacional, que depende del CNI, recomienda que el contenido de los mensajes se conserve 90 d¨ªas. A su vez, los correos se borrar¨ªan del servidor a los 120 d¨ªas.

Un mismo reglamento

¡°Lo importante es tener unas bases comunes, un protocolo com¨²n de las diferentes instancias y favorecer la transparencia y mecanismos que eviten la corrupci¨®n como una forma de gobierno¡±, apunt¨® Miguel Urb¨¢n, eurodiputado y miembro de la ejecutiva de Podemos.

Alberto Garz¨®n, coordinador federal de IU, incidi¨® en que el borrado de mails de consejeros y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid ¡°es una muestra de la opacidad y secretismo con la que se trabaja en las administraciones p¨²blicas gobernadas por el Partido Popular¡±. ¡°No parece l¨®gico que no existan copias de seguridad de las cuentas oficiales de altos cargos de la Comunidad, toda vez que estos tienen una gran responsabilidad en la gesti¨®n p¨²blica y m¨²ltiples relaciones con empresas y otras entidades privadas que pueden dar lugar a conflictos de intereses o casos de corrupci¨®n¡±, sentenci¨®.