B¨¦lgica sobre Puigdemont: ¡°Si se quiere quedar debe registrarse en el Ayuntamiento¡±

128 d¨ªas despu¨¦s de su llegada a B¨¦lgica, la f¨®rmula legal por la cual optar¨¢ Carles Puigdemont para seguir residiendo en el pa¨ªs es desconocida. El asunto ha llegado al Parlamento belga. Este mi¨¦rcoles, la diputada socialista valona Julie Fern¨¢ndez interrog¨® sobre el tema al secretario de Estado de Asilo e Inmigraci¨®n, el nacionalista Theo Francken. "Si quiere seguir m¨¢s de tres meses, debe registrarse en el Ayuntamiento como cualquier europeo", afirm¨® el pol¨ªtico flamenco. El expresidente catal¨¢n suma m¨¢s de cuatro meses en territorio belga, pero cuando llevaba 83 d¨ªas viaj¨® a Copenhague para dar una charla en una Universidad de la capital danesa. Francken ha explicado que ese desplazamiento pone el contador a cero. "Cuando un ciudadano de la UE sale de B¨¦lgica tras una estancia inferior a tres meses, puede volver para un nuevo periodo de tres meses".

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El amigo belga de Puigdemont

El intercambio entre ambos, ella descendiente de exiliados asturianos del franquismo cr¨ªtica con los separatismos flamenco y catal¨¢n, ¨¦l declarado defensor de Puigdemont y asistente ocasional a la Diada en Catalu?a, fue ganando en intensidad y mordacidad. "Si lo hace repetidamente [abandonar el pa¨ªs] se podr¨ªa considerar que se incurre en un fraude. Y que no todos somos iguales. Hay quien tiene medios econ¨®micos para salir y quien no los tiene", lanz¨® Fern¨¢ndez. "No se necesita mucho dinero para tomar un autob¨²s a Holanda", replic¨® Francken. Un billete de ida y vuelta a Francia, Holanda, Alemania o Luxemburgo, por citar los pa¨ªses fronterizos con B¨¦lgica, tiene un coste inferior a 40 euros en determinadas fechas. Menos si se hace el recorrido en un veh¨ªculo privado.

Ante la insistencia de Fern¨¢ndez, el responsable de Asilo aclar¨® que tal como marca la libre circulaci¨®n, ning¨²n ciudadano comunitario debe transmitir a las autoridades sus razones para viajar a otro estado miembro, y record¨® la letra de la ley. Si una vez transcurridos tres meses seguidos en el pa¨ªs un ciudadano de la UE no se ha registrado en un Ayuntamiento belga, se enfrenta a multas administrativas de 200 euros e incluso a la expulsi¨®n cuando se convierte en una?¡ªen palabras de Francken¡ª "carga poco razonable" para el Estado. "No creo que el se?or Puigdemont reciba ninguna ayuda social", ironiz¨® el dirigente flamenco. El sucesor de Artur Mas en la Generalitat cobra como diputado un salario bruto de 2.800 euros al mes, y su entorno ha alquilado una casa en Waterloo por la que paga 4.400 euros mensuales.

La posibilidad de que el pol¨ªtico catal¨¢n reciba un trato de favor por parte del Ejecutivo belga ha soliviantado los ¨¢nimos ante el enrevesado laberinto burocr¨¢tico que deben recorrer otros en su misma situaci¨®n. El d¨ªa que Fern¨¢ndez y Francken discut¨ªan sobre las obligaciones de Puigdemont para residir legalmente, Karen Billiet, periodista del diario flamenco De Standaard, public¨® una columna de opini¨®n sobre el tema. En ella denunciaba las numerosas trabas que debi¨® superar su pareja para mudarse de Berl¨ªn a Bruselas a pesar de tener empleo fijo y vivienda, y lanzaba al aire varios interrogantes. "Tras la llegada de Puigdemont a Bruselas empec¨¦ a hacerme una serie de preguntas. ?Acaso solicit¨® su inscripci¨®n en el registro de extranjer¨ªa del Ayuntamiento en el que reside? ?En qu¨¦ categor¨ªa lo han inscrito? ?C¨®mo trabajador? ?Present¨® en ese caso un contrato de trabajo en B¨¦lgica?".

El derecho comunitario permite a cualquier ciudadano europeo permanecer hasta tres meses en otro pa¨ªs de la UE con su DNI como ¨²nico equipaje. A partir de ese momento, el permiso de residencia est¨¢ condicionado a que la persona tenga un contrato de trabajo; disponga de un seguro m¨¦dico y de recursos econ¨®micos suficientes para vivir sin necesidad de recurrir a ayudas sociales; est¨¦ estudiando en alguna instituci¨®n educativa del pa¨ªs o sea familiar de primer grado de alguna persona que cumpla los anteriores requisitos. Si no cumple con al menos uno de estos condicionantes, la legislaci¨®n europea deja la puerta abierta a una expulsi¨®n en casos excepcionales.

En los ¨²ltimos a?os, B¨¦lgica ha sido uno de los pa¨ªses m¨¢s duros con los europeos desplazados al pa¨ªs. Su inflexible interpretaci¨®n de las normas ha supuesto un v¨ªa crucis para cientos de espa?oles. Cada mes, los servicios sociales belgas informan a la oficina de extranjer¨ªa sobre los ciudadanos de la UE que reciben ayudas del Estado. Entonces la entidad vuelve a evaluar su situaci¨®n y si lo considera adecuado, les retira el permiso de residencia. Seg¨²n datos oficiales, 291 espa?oles vieron como B¨¦lgica les quitaba los documentos en 2013. Los dos a?os siguientes fueron 245, y en ambos fue la segunda nacionalidad m¨¢s afectada solo por detr¨¢s de Ruman¨ªa. En 2016, el ¨²ltimo ejercicio del que hay datos, la cifra se rebaj¨® a 101, la quinta nacionalidad.

Ante la opacidad de los movimientos del expresidente, la diputada Fern¨¢ndez quiere evitar cualquier agravio comparativo frente a otros ciudadanos. M¨¢s a¨²n si se tiene en cuenta que fue el propio responsable de Inmigraci¨®n quien ofreci¨® asilo pol¨ªtico a Puigdemont en B¨¦lgica un d¨ªa antes de que abandonara Catalu?a. El cara a cara entre ambos en la comisi¨®n de Interior del Parlamento belga puede ser el primer paso para saber m¨¢s sobre la legalidad de la residencia en B¨¦lgica de Carles Puigdemont. De momento, en caso de que todav¨ªa no se haya registrado, cuenta con cierto margen hasta agotar los 90 d¨ªas de l¨ªmite. Desde que aterriz¨® de vuelta de su accidentado encuentro en Copenhague con la profesora Marlene Wind han transcurrido 44 d¨ªas.