El Parlament aplaza ¡®sine die¡¯ el pleno de investidura de S¨¤nchez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha aplazado sine die el pleno de investidura del candidato Jordi S¨¤nchez, despu¨¦s de que la defensa del encarcelado le haya comunicado que presentar¨¢ una demanda el pr¨®ximo lunes 12 de marzo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "La demanda de medidas cautelares ante el TEDH est¨¢ reservada para casos espec¨ªficos en los que se puede producir un da?o irreparable¡±, ha alegado Torrent.

Seg¨²n ha indicado el presidente del Parlament, "en este caso, se podr¨ªa vulnerar el derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica de S¨¤nchez, en tanto que es diputado electo y puede ser elegido presidente si as¨ª lo decide la mayor¨ªa¡±. El pleno estaba convocado para el pr¨®ximo lunes d¨ªa 12 pero este mismo viernes, el juez Pablo Llarena ha denegado la libertad solicitada por el expresidente de ANC Jordi S¨¢nchez, as¨ª como los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Catalu?a al acto de investidura previsto para el pr¨®ximo lunes. El magistrado ha basado su decisi¨®n en el riesgo de reiteraci¨®n delictiva, al subrayar que los delitos que est¨¢ investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas.

Los letrados del Parlament ya concluyeron cuando estudiaron la candidatura de Carles Puigdemont que el candidato tiene que asistir al pleno de investidura, la misma conclusi¨®n a la que lleg¨® despu¨¦s el Tribunal Constitucional. Con esta premisa, el auto dictado ayer por el juez Pablo Llarena cierra la puerta a la propuesta de Junts per Catalu?a y ERC para que el pr¨®ximo lunes se pueda investir a Jordi S¨¤nchez.

La decisi¨®n del juez era la esperada, aunque hab¨ªa dudas sobre c¨®mo argumentar¨ªa que se impida a un imputado que todav¨ªa no est¨¢ procesado ejercer su derecho de representaci¨®n. El instructor admite que el art¨ªculo 23.1 de la Constituci¨®n reconoce el derecho a participar en los asuntos p¨²blicos, pero recuerda que esta facultad se puede limitar si existen razones ¡°constitucionalmente leg¨ªtimas¡± y considera que, en este caso, las hay.

Llarena, que ha rechazado tanto la petici¨®n de excarcelaci¨®n de S¨¤nchez como el permiso temporal para ir al pleno de investidura, sostiene que permitir al expresidente de la ANC acudir a la C¨¢mara para ser investido ¡°no supone sino favorecer la reiteraci¨®n delictiva que trata de conjurarse¡± y recuerda que el plan de ruptura unilateral que se sigui¨® en la anterior legislatura a¨²n cuenta con adeptos en Junts per Catalunya, la lista en la que S¨¤nchez concurri¨® como n¨²mero dos. Que el expresidente de la ANC sea el candidato a la investidura refuerza a¨²n m¨¢s el riesgo de reincidencia, afirma Llarena, porque los delitos que se est¨¢n investigando se desplegaron precisamente desde el Govern y desde el Parlament, las dos instituciones a las que pretende acceder S¨¤nchez.

En un auto de 26 p¨¢ginas, el instructor afirma adem¨¢s que su decisi¨®n no vulnera el derecho de los electores a que su representaci¨®n pol¨ªtica sea asumida por el expresidente de la ANC por varias razones. La primera, porque afecta a un candidato que ya estaba en prisi¨®n cuando se integr¨® en la lista electoral y que, adem¨¢s, a?ade Llarena, en aquel momento ¡°no ofrec¨ªa para sus electores el liderazgo que ahora reclama¡±.

El juez subraya tambi¨¦n que la candidatura de Junts per Catalunya presenta otros integrantes ¡°en los que no se aprecian los riesgos¡± del caso de S¨¤nchez. Por ¨²ltimo, el juez argumenta que no est¨¢ privando al expresidente de la ANC de poder participar en el Parlamento mediante la delegaci¨®n del voto.

La defensa de S¨¢nchez hab¨ªa alegado el precedente de Juan Carlos Yoldi, el preso de ETA al que Herri Batasuna present¨® como candidato a lehendakari en 1987 y que s¨ª pudo asistir a una sesi¨®n de investidura en la que no sali¨® elegido. Llarena considera que ambas situaciones no son equiparables porque Yoldi estaba acusado de pertenencia a banda armada y acudir al Parlamento vasco no implicaba un riesgo de reiteraci¨®n delictiva, sino de fuga, para lo que se estableci¨® un dispositivo de seguridad. Sin embargo, en el caso de S¨¤nchez una conducci¨®n vigilada no garantiza un traslado seguro, ¡°menos a¨²n en quien ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democr¨¢tico puede aplicar para la observancia de la ley¡±.

Llarena ha dictado su decisi¨®n sin esperar a los escritos de las acusaciones. La Fiscal¨ªa lo present¨® una hora antes de que el juez dictara el auto y coincide en esencia con los argumentos del instructor. El ministerio p¨²blico le pide que no acceda a la solicitud de S¨¤nchez porque existen un ¡°extraordinario riesgo de reiteraci¨®n delictiva¡± que se refuerza con el acuerdo entre PDeCAT y ERC conocido este jueves en el que ofrecen a la CUP un ¡°proceso constituyente¡± y otra nueva consulta.

La oposici¨®n del fiscal a dejar salir de forma temporal a S¨¤nchez para acudir al pleno de investidura se basa en la gravedad de los delitos de rebeli¨®n y sedici¨®n que se le atribuyen al expresidente de la ANC y del que se han acumulado ¡°nuevas e importantes evidencias¡± relativas sobre todo a la existencia de violencia y de otros elementos ¡°directamente imputables¡± a S¨¤nchez.

La Fiscal¨ªa, adem¨¢s, considera que el riesgo de reiteraci¨®n delictiva (decisivo para valorar la prisi¨®n preventiva) es ¡°extraordinario¡± y que este se ha reforzado por el acuerdo entre los dos principales partidos independentistas difundido este jueves.

En su escrito, de 32 p¨¢ginas, la Fiscal¨ªa considera que los indicios contra S¨¤nchez se han incrementado a medida que ha avanzado la instrucci¨®n de la causa. A las pruebas ya conocidas, se suman otras recopiladas por la Guardia Civil, como la agenda intervenida a Josep Maria Jov¨¦, ex n¨²mero dos de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, que, seg¨²n el fiscal, evidencia no solo la reuni¨®n de los partidos independentistas con las asambleas ANC (de la que S¨¤nchez era presidente) y ?mnium, sino que los responsables pol¨ªticos contemplaban la movilizaci¨®n ciudadana ¡°como un elemento estrat¨¦gico para conseguir la independencia¡±. El ministerio p¨²blico alude tambi¨¦n a las ¡°m¨²ltiples¡± convocatorias que se hicieron desde la ANC para que los ciudadanos acudieran a movilizaciones ¡°orientadas a facilitar la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡± o incluso dando pautas de c¨®mo se deb¨ªan ocupar los centros de votaci¨®n en la madrugada del 1 de octubre para impedir que la polic¨ªa cumpliera la orden judicial de evitar la consulta.

Cr¨ªticas nacionalistas

La ANC, asociaci¨®n que presid¨ªa S¨¢nchez, ha reaccionado a la decisi¨®n de Llarena con un duro comentario en Twiter: ¡°Cuando la prevaricaci¨®n entra por la puerta, la Libertad colectiva salta por la ventana¡±.

Josep Costa, vicepresidente de la Mesa del parlament, ha criticado la decisi¨®n del juez, que "est¨¢ usurpando las funciones del Parlament": "Ser presidente de la Generalitat si eres independentista puede ser constitutivo de delito. Basta. Los jueces que hagan su trabajo, que la elecci¨®n del gobierno corresponde al pueblo."Ha llegado la hora de que el Parlament, no un particular, un grupo o un diputado, ejerza todas las acciones pertinentes (incluidas las penales) para acabar con la intromisi¨®n ileg¨ªtima de los jueces en su ¨¢mbito de soberan¨ªa, que incluye investir presidente de acuerdo con el mandato popular¡±.

El diputado de Junts per Catalunya Quim Torra, tambi¨¦n ha criticado la situaci¨®n en su cuenta de Twitter: "La soberan¨ªa del pueblo de Catalu?a est¨¢ en el Parlament de Catalu?a y no en manos de los jueces espa?oles".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ya anunci¨® que se agotar¨ªan todas las v¨ªas para defender los derechos de los diputados y la soberan¨ªa de la C¨¢mara. En este sentido, ya apunt¨® que se recurrir¨¢ a Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para defender los derechos de participaci¨®n pol¨ªtica de Jordi S¨¤nchez.