El legado legislativo de Rajoy resiste
La p¨¦rdida de la mayor¨ªa absoluta no ha supuesto el final de las leyes estrella del PP
La mayor¨ªa absoluta obtenida por el PP en las urnas el 20 de noviembre de 2011 dio a Mariano Rajoy una legislatura a medida para aprobar con comodidad las leyes m¨¢s definitorias de la ideolog¨ªa de su formaci¨®n. En aquella X Legislatura el PP aprob¨® la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la reforma laboral, la reforma de ley del aborto (que retir¨®) o el cambio de funcionamiento del Tribunal Constitucional. Tras la fallida XI Legislatura, el nuevo Parlamento se marc¨® el objetivo de revertir el legado legislativo de Rajoy, pero pese a la falta de mayor¨ªa del PP, el trayecto est¨¢ lleno de obst¨¢culos.
El movimiento t¨¢ctico realizado por Ciudadanos, en el contexto de su refriega con el PP, para dejar de bloquear algunas de estas leyes en la Mesa del Congreso con las ampliaciones de plazos de enmiendas (ambos suman cinco de los nueve miembros) ha reabierto la posibilidad de desactivar la arquitectura jur¨ªdica de la mayor¨ªa de los populares. Sin embargo, el proceso no es r¨¢pido y, adem¨¢s, se enfrenta al problema a?adido de que la heterogeneidad de la C¨¢mara dificulta los acuerdos.
Desatascadas las iniciativas de derogaci¨®n y reforma de la ley mordaza, la Comisi¨®n de Interior debe abordar ahora una posible fusi¨®n de las dos propuestas (una socialista y la otra del PNV) con el debate e incorporaci¨®n de enmiendas de los diferentes partidos. Y si se alcanza el consenso correspondiente, impulsar una ley que, tras su votaci¨®n en pleno, sustituya a la vigente. Aunque la voluntad de los partidos proponentes es que eso suceda dentro de la legislatura, el desenlace est¨¢ en manos del calendario que marque la comisi¨®n y, sobre todo, de los acontecimientos pol¨ªticos que puedan incidir en la duraci¨®n del per¨ªodo legislativo.
M¨¢s factible deber¨ªa resultar la eliminaci¨®n de la prisi¨®n permanente revisable tras el desbloqueo de la iniciativa del PNV para reformar en ese sentido el C¨®digo Penal. Sin embargo, con el PP y Ciudadanos enzarzados en capitalizar electoralmente la respuesta punitiva al calor de casos como el de Diana Quer (ambos partidos han presentado iniciativas de endurecimiento, a pesar de que el partido de Albert Rivera fue contrario a esta m¨¢xima pena privativa de libertad), la prisi¨®n permanente revisable puede llegar a subsistir el resto de legislatura.
Abatir la LOMCE fue uno de los primeros objetivos de la oposici¨®n tras la p¨¦rdida de la mayor¨ªa absoluta del PP. En abril de 2016 el PSOE present¨® una proposici¨®n de ley para frenar la reforma educativa, que sali¨® adelante con la abstenci¨®n de Ciudadanos y la negativa en solitario del PP. La iniciativa ped¨ªa paralizar una de las leyes m¨¢s discutidas del Gobierno de Rajoy, aprobada en 2013 solo con los votos del PP. La abstenci¨®n del partido de Rivera, que propugnaba su paralizaci¨®n en el pacto suscrito con el PSOE para investir a Pedro S¨¢nchez, apuntaba que el camino no estaba expedito.
Ciudadanos entend¨ªa que era necesario avanzar en un pacto educativo que desembocara en otra ley y se evitase el vac¨ªo legal. La disposici¨®n del Gobierno a pactar una reforma de la ley, desvi¨® el debate a la Subcomisi¨®n de Educaci¨®n, cuya trayectoria se ha visto truncada recientemente con el abandono del PSOE y Unidos Podemos. Mientras tanto, la LOMCE siga viva.
Otra de las iniciativas que puede ahora seguir su tr¨¢mite, con los obst¨¢culos se?alados, es la de la justicia universal, presentada por ERC. Esta norma fue limitada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y eliminada por el de Mariano Rajoy en 2014. La recuperaci¨®n de la capacidad para investigar y juzgar hechos ocurridos en otros pa¨ªses por parte de los jueces espa?oles ha sido una petici¨®n reiterada de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, despu¨¦s de que la reforma del PP supusiera el archivo de numerosas causas.
Leyes a buen recaudo
Pero existen otras leyes del PP que permanecen a buen recaudo, como la de la reforma laboral de 2012. A mediados de diciembre de 2016, el Congreso aprob¨® una proposici¨®n no de ley del PSOE para derogarla, pero este tipo de iniciativas tienen escaso recorrido. Desde entonces, la reforma laboral solo ha sido motivo de preguntas en las sesiones de control del Gobierno. Ciudadanos no apoya su derogaci¨®n (se abstuvo en la propuesta junto al PDeCAT) y, por su incidencia en los Presupuestos cualquier iniciativa puede ser vetada por el Gobierno. Rajoy y Rivera han negociado una serie de puntos que el Gobierno ha incluido en el plan presupuestario remitido a Bruselas con el compromiso de adoptar una nueva reforma laboral que ataje el problema de la temporalidad. Sin embargo, la aprobaci¨®n de los presupuestos depende de otras variables pol¨ªticas y la norma puede mantenerse.
Como las reformas introducidas en la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, aprobadas en oto?o de 2015 por la v¨ªa de urgencia, que establecieron el control previo de constitucionalidad para las reformas de los Estatutos de Autonom¨ªa o la inhabilitaci¨®n directa de quienes incumplen las resoluciones del organismo. Normas que persisten pese a que el Congreso aprob¨® a finales de 2016 iniciativas del PNV y PDeCAT para revertirlas.
Pero sin duda, el caso m¨¢s frustrante para la oposici¨®n lo constituye el de la reforma de RTVE, aprobada en junio de 2017 para que su c¨²pula directiva fuera elegida por consenso en el Parlamento en un plazo de tres meses. La cadena de desencuentros entre los diferentes partidos ha desembocado pr¨¢cticamente en un callej¨®n sin salida. Tras un informe de los letrados que sugiere ahora volver a aplicar la ley del PP aprobada en 2012, la Mesa del Congreso y del Senado ha decidido devolver la pelota a los grupos parlamentarios para que hagan una propuesta que se perfila compleja. Entre tanto, un director general elegido por el PP, Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez, sigue al mando.
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