Una transparencia distinta seg¨²n el que la pida

El derecho a saber, a acceder a informaci¨®n p¨²blica en Espa?a ha calado de manera desigual desde que entr¨® en vigor la Ley de Transparencia hace cuatro a?os. En comunidades como Castilla y Le¨®n y Cantabria los ciudadanos exigen ese derecho hasta siete y ocho veces m¨¢s que en La Rioja y Baleares, seg¨²n la tasa de reclamaciones presentadas en los organismos independientes que velan por su cumplimiento. Muchos de ellos apenas tienen personal ni fondos para darse a conocer a la ciudadan¨ªa.

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¡°No podemos obligar ni multar, y ese es un defecto tremendo de la ley¡±

El director Transparencia achaca el ¡°severo deterioro¡± de su entidad a la falta de medios

La queja del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo estatal, en su ¨²ltima memoria publicada bien se puede aplicar a muchos consejos auton¨®micos: la dotaci¨®n de medios humanos es ¡°insuficiente¡± para la carga de trabajo y las competencias que asume. Seis comunidades (Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Madrid) y las dos ciudades aut¨®nomas encargaron al CTBG que atienda las reclamaciones de sus ciudadanos sobre transparencia: desde el Ayuntamiento que no contesta a una petici¨®n hasta el Gobierno regional que deniega el acceso a un documento.

El CTBG ha asumido esa carga extra de trabajo ¡ªya se ocupaba de las reclamaciones contra la Administraci¨®n General del Estado¡ª con dos personas. ¡°Somos un administrativo y yo¡±, resume la situaci¨®n Enrique Ordu?a, director de la Oficina de Reclamaciones Territoriales del CTBG. Despu¨¦s de muchas quejas al Ministerio de Hacienda, finalmente, les acaban de resolver un concurso y se va a sumar una tercera persona. Todos son funcionarios trasladados desde otros puestos.

Ante la altura que alcanz¨® la ola de la corrupci¨®n hace un lustro, el Gobierno aprob¨® la Ley de Transparencia a finales de 2013 y, aunque con retraso, se sum¨® a la pauta europea. El objetivo era paliar la sensaci¨®n de impunidad, inacci¨®n del Ejecutivo y desafecci¨®n de la pol¨ªtica que hab¨ªa calado en la sociedad, y de paso airear muchas Administraciones acostumbradas al oscurantismo. Hoy la clase pol¨ªtica sabe que la transparencia vende, pero mientras presume de impulsarla, a menudo, impide que los juristas dispongan de medios para implantarla y desempolvar armarios. Un buen term¨®metro para ver c¨®mo se desarrolla este a¨²n reciente derecho ciudadano son los 11 consejos de transparencia, en ocasiones bien dotados de personal y medios y otras maltratados. El caso m¨¢s sangrante es el de Murcia, cuyo consejo estuvo paralizado desde el pasado mayo hasta diciembre tras sus resoluciones cr¨ªticas con el Gobierno de Pedro Antonio S¨¢nchez (PP), que dimiti¨® acosado por la corrupci¨®n.

Mientras, en la Comunidad Valenciana el Gobierno del PP gener¨® una ley con amplias competencias y escaso personal. Resultado: las peticiones tardan hoy 10 meses en resolverse. Tras las elecciones de 2015, el Gobierno formado por PSOE y Comprom¨ªs prometi¨® un vuelco que no ha llegado. ¡°Se pretend¨ªa que no funcionase. Una cosa es lo que dice la clase pol¨ªtica y otra cosa es la realidad. La mayor¨ªa de consejos tienen problemas, pero lo nuestro es exacerbado. Tras 10 meses, la informaci¨®n no es igual de ¨²til que despu¨¦s de un mes¡±, denuncia Ricardo Garc¨ªa, presidente del ¨®rgano valenciano.

En Castilla y Le¨®n, la comunidad donde m¨¢s reclamaron los ciudadanos ante su consejo en 2017, la propia ley auton¨®mica indica que no se pueden incrementar los medios. De hecho, las atribuciones de transparencia son del Procurador del Com¨²n (el defensor del pueblo castellanoleon¨¦s). ¡°Con los mismos medios que se atienden las quejas ciudadanas, se vela por la transparencia¡±, explica una portavoz, que califica de ¡°lento pero imparable¡± el ritmo que va tomando. Entre 2016 y 2017 se han duplicado las reclamaciones ciudadanas (de 102 a 202). A¨²n est¨¢n muy lejos de las 4.000 quejas admitidas en un a?o como defensor del pueblo, pero es un inicio. La mayor¨ªa de consejos auton¨®micos han aumentado el n¨²mero de reclamaciones que tramitan; de media se han doblado en solo un a?o.

En el otro extremo de Murcia y Valencia, el consejo catal¨¢n disfruta de personal y mantiene una cifra alta de reclamaciones ciudadanas, resueltas de media en 54 d¨ªas. Muchas de estas peticiones provienen de concejales de peque?os Ayuntamientos en la oposici¨®n, que desde 2016 han aprovechado esta v¨ªa ¨¢gil y gratuita para reclamar todos los informes que los alcaldes deniegan. Su presidenta, Elisabet Samarra, describe el impulso de esta medida: ¡°En dos meses la v¨ªa pol¨ªtica todav¨ªa est¨¢ activa y ha sido un efecto llamada por el boca oreja¡±. El aumento de reclamaciones entre los concejales ¡ªv¨ªa que proh¨ªbe los ¨®rganos estatal y andaluz, por ejemplo¡ª coincide con varias sentencias penales que han condenado a alcaldes por negar informaci¨®n a los ediles de la oposici¨®n municipal en provincias como Burgos.

Samarra subraya su sorpresa ante el poco uso de esta herramienta de transparencia por parte de periodistas y ONG. ¡°Hemos tenido preguntas sugerentes, pero anecd¨®ticas, solo entre el 2 y 3%. Sorprende que no hagan uso de este canal, porque yo como periodista preferir¨ªa la informaci¨®n en crudo frente a una nota de prensa cocinada¡±, resume.

A diferencia de Espa?a, los modelos brit¨¢nico y alem¨¢n establecen la fusi¨®n entre las agencias que garantizan el derecho a la informaci¨®n y la protecci¨®n de datos. En nuestro pa¨ªs la diferencia, tradici¨®n y relevancia entre la Agencia de Protecci¨®n de Datos, con una plantilla de m¨¢s de 200 empleados y dos d¨¦cadas de historia, y el Consejo Estatal con una treintena de trabajadores y un lustro de recorrido, es clara.?De momento, solo Andaluc¨ªa mantiene la fusi¨®n de ambas facetas, pero el consejo no tiene sus competencias sobre protecci¨®n de datos reguladas, a pesar de que lo establecen el Estatuto de Autonom¨ªa y la Ley de Transparencia andaluza. Hoy, dos a?os despu¨¦s, la Junta sigue sin mover ficha.

Pa¨ªs Vasco se plantea ahora dicha uni¨®n. ¡°La separaci¨®n es mejor para impedir el control. La informaci¨®n es poder y eso te permite frenar las posibilidades de acceder a la informaci¨®n¡±, opina Garc¨ªa. Discrepa la presidenta del consejo catal¨¢n, Elisabet Samarra, que alerta del riesgo de que la fusi¨®n suponga que prime el derecho a la protecci¨®n de datos. ¡°A m¨ª me parece que la competencia [entre los dos organismos] es buena¡±.

Daniel Cerd¨¢n, presidente del comisionado canario, es positivo respecto a la evoluci¨®n de la transparencia, aunque lamenta la escasa movilizaci¨®n de la sociedad: ¡°En general se resuelve bien, pero echamos en falta que la ciudadan¨ªa no produzca tantas preguntas como cab¨ªa esperar porque no hay un gran activismo¡±. Una de las razones para esta par¨¢lisis y dejaci¨®n de la ciudadan¨ªa puede ser el desconocimiento. Ninguna Administraci¨®n ha invertido fondos p¨²blicos para difundir la tarea de estos ¨®rganos de control que debe tirarle de las orejas si incumplen su deber de transparencia. En paralelo, la dif¨ªcil accesibilidad de algunos portales ¡ªtambi¨¦n municipales¡ª echa para atr¨¢s a ciudadanos que exasperados, abandonan sus reclamaciones, confirma un experto. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, lleva ya tres meses sin sede electr¨®nica, a la espera de que se licite un nuevo concurso que no termina de convocarse por falta de presupuesto.

De momento, solo el Consejo andaluz posee potestad sancionadora adem¨¢s de inspectora, aunque puede proponer una sanci¨®n a un departamento de una consejer¨ªa de la Junta, pero finalmente el consejero de turno fija la cuant¨ªa de la sanci¨®n. El andaluz tambi¨¦n es el ¨²nico consejo que admite denuncias de publicidad activa por parte de los ciudadanos, el resto controla de oficio la publicidad activa de las Administraciones.

Los pasos para avanzar en la transparencia son lentos y procelosos. El ¨²ltimo de ellos es la nueva Ley de Contratos del Sector P¨²blico, que entra en vigor el pr¨®ximo mes y que establece c¨®mo cuando una Administraci¨®n quiera omitir un anuncio de formalizaci¨®n de contratos, dicha excepci¨®n deber¨¢ contar con el informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Transparencia. ¡°Hay que pensar en muscular esos ¨®rganos o van a morir de ¨¦xito. Hay que admitir que la transparencia tiene un coste, a veces no es barata. Eso s¨ª, la corrupci¨®n siempre es m¨¢s cara¡±, resume Samarra.