El CNI niega al juez datos sobre la supuesta contrataci¨®n de un imputado del ¡®caso P¨²nica¡¯

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido al juez del?caso P¨²nica, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, un escrito en el que rechaza facilitarle informaci¨®n sobre los supuestos tratos que mantuvo durante 2013 y 2014 con el experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro, imputado en la causa de corrupci¨®n por el supuesto cobro de dinero p¨²blico para mejorar la reputaci¨®n en Internet de pol¨ªticos del PP. El magistrado quer¨ªa saber si era cierto, como afirma De Pedro, que este estuvo una decena de veces en la sede del CNI y fue contratado por el organismo.

Garc¨ªa-Castell¨®n hab¨ªa pedido al CNI que certificase en qu¨¦ fechas se hab¨ªan producido esas supuesta visitas de De Pedro a las oficinas centrales del servicio secreto en Madrid. Tambi¨¦n solicitaba el detalle de los supuestos trabajos que una de las mercantiles del inform¨¢tico, Eico Online Comunicaci¨®n SL, hab¨ªa realizado ¡°bien directamente, bien bajo supervisi¨®n¡± para el CNI en el mismo periodo. Finalmente, el juez reclamaba informaci¨®n sobre las ¡°cantidades econ¨®micas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abon¨®¡± al experto inform¨¢tico y a su empresa. De Pedro asegura en sus escritos que buena parte de los 82.250 euros en met¨¢lico que la Guardia Civil encontr¨® en su domicilio en Valencia cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto ¡°por determinados servicios que afectan a la seguridad nacional¡±.

En su respuesta, el CNI evita pronunciarse sobre la veracidad de las afirmaciones de De Pedro, y se escuda, para no informar, en el art¨ªculo 5.1 de la ley que regula su funcionamiento desde 2002. Dicho punto determina que la ¡°organizaci¨®n y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de informaci¨®n y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias¡± est¨¢n consideradas ¡°informaci¨®n clasificada con el grado de secreto¡±. Fuentes de la instituci¨®n a?aden que la misma solo puede ser facilitada a un juez previa autorizaci¨®n del Consejo de Ministros.

La petici¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n se produce despu¨¦s de que el propio De Pedro reclamase dicha informaci¨®n en sendos escritos de los pasados 22 de diciembre y 1 de febrero, en los que ped¨ªa que se le devolviese el dinero que se le intervino en su domicilio al considerar que este ten¨ªa ¡°procedencia l¨ªcita¡± precisamente por ser supuestos pagos del CNI.

Esos supuestos pagos se produjeron, seg¨²n ha reiterado el inform¨¢tico, por realizar trabajos para hacer frente a los mensajes lanzados en las redes sociales contra Espa?a por diversos colectivos. Entre ellos, yihadistas, independentistas catalanes y la izquierda abertzale. De Pedro afirma que el resultado de su trabajo se plasm¨® en varios informes que guardaba, junto a los mensajes de correo electr¨®nico que intercambi¨® con agentes del CNI, en los ordenadores que le intervino la Guardia Civil. Denuncia que ninguno de ellos se ha incorporado al sumario.

Ya anteriormente, el experto inform¨¢tico de la trama hab¨ªa pedido que se aportara a la causa otro material que, seg¨²n ¨¦l, demostrar¨ªa sus tratos con el servicio secreto. En concreto, el contenido de los 25 SMS y 12 llamadas de tel¨¦fono que supuestamente intercambi¨® con integrantes del CNI hasta pocos d¨ªas antes de su detenci¨®n. De Pedro aseguraba que dichas comunicaciones fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigaci¨®n del caso P¨²nicapero que nunca fueron incorporadas a la causa.

Alejandro de Pedro ha pedido hasta en tres ocasiones que estas llamadas y mensajes sean tenidas en cuenta en la investigaci¨®n al considerar que demuestran que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en internet de pol¨ªticos y cargos p¨²blicos del PP de Madrid, Valencia, Murcia y Le¨®n eran absolutamente legales y que, de hecho, fue su ¡°especial profesionalidad y capacitaci¨®n¡± la que llev¨® al CNI a contratarle. Estos contactos se registraron supuestamente entre el 1 de julio de 2014 ¡ªd¨ªa en el que se inici¨® la intervenci¨®n de su tel¨¦fono por orden judicial¡ª y el 8 de octubre de ese a?o, dos semanas antes de que fuera detenido. El inform¨¢tico siempre ha declinado detallar el contenido de estos contactos.?