El Congreso languidece en una legislatura sin consenso y a medio gas

El episodio m¨¢s reciente lo constituye el abandono de Ciudadanos de la Comisi¨®n para la Evaluaci¨®n y Modernizaci¨®n del Estado Auton¨®mico por supuestos vetos en comparecencias. Este ¨®rgano impulsado por el PSOE cuyo alumbramiento en medio del conflicto independentista gener¨® no pocas expectativas para tratar de afrontar y corregir las tensiones territoriales de Espa?a. Sin embargo, las ausencias de partida de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT tras la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n en Catalu?a no hac¨ªan prever un desenlace satisfactorio. No solo no se han incorporado en el desarrollo de la comisi¨®n, como se esperaba, sino que la salida de Ciudadanos, que siempre estuvo all¨ª con muchas reticencias, deja el organismo al borde del fracaso antes de que haya alcanzado la velocidad de crucero, aunque PP y PSOE siguen teniendo la mayor¨ªa para reformar la Constituci¨®n.

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En la misma situaci¨®n se encuentra la Subcomisi¨®n del Pacto Educativo, surgida en diciembre de 2016 de la necesidad del Gobierno de pactar una nueva ley de educaci¨®n ante el proceso de derogaci¨®n de la LOMCE iniciado por la oposici¨®n en el Congreso y tras la poda de algunas de sus exigencias m¨¢s pol¨¦micas. Ha saltado por los aires cuando ha habido que abordar el punto de la financiaci¨®n. El PSOE abandon¨® la negociaci¨®n al comprobar que el PP no iba a apoyar una financiaci¨®n que en 2025 deb¨ªa alcanzar el 5% del PIB. Le siguieron despu¨¦s Unidos Podemos, ERC y PDeCAT. Y el martes pasado fue el PNV, siempre "esc¨¦ptico en cuanto a su funcionamiento", el que se descolg¨® alegando que la salida de otras formaciones dejaba el ¨®rgano sin la pluralidad necesaria para un efectivo acuerdo. Solo el PP y Ciudadanos, dos partidos con sinton¨ªa fluctuante, se mantienen en la mesa. Una presencia insuficiente para un asunto tan trascendente.

Pero Ciudadanos tambi¨¦n se distanci¨® a principios de febrero de la Subcomisi¨®n del Pacto por la Justicia por sus diferencias con el PP (y con el PSOE) respecto al mecanismo de elecci¨®n de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, algo que ten¨ªa atado en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy y que ahora se ha convertido en ¡°un obst¨¢culo insalvable¡±. No fue el primer partido en dejar la negociaci¨®n. A finales de noviembre lo hizo Unidos Podemos bajo el argumento de que las dos fuerzas mayoritarias solo buscaban ¡°cambios cosm¨¦ticos¡±.

En ese momento se hab¨ªan acordado unas 80 medidas, ¡°insuficientes¡± para el grupo confederal. La ¨²ltima reuni¨®n de la subcomisi¨®n, celebrada el pasado 1 de marzo, no pod¨ªa resultar m¨¢s gr¨¢fica: sin Unidos Podemos ni Ciudadanos, con la baja m¨¦dica del representante del PSOE y las ausencias (comunicadas) de ERC y Comprom¨ªs. La soledad del PP y el PNV no bast¨® para aprobar las conclusiones de la subcomisi¨®n. Con todo, el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, ha asegurado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas antes de que el pacto se estrellara.

En estos dos a?os, esas geometr¨ªas casi siempre improductivas solo se han podido superar en el acuerdo contra la violencia machista, que fue ratificado por el Congreso el pasado 28 de septiembre con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y Bildu. Era, pese a los matices expresados durante la votaci¨®n, el primer gran acuerdo de la legislatura, aunque quiz¨¢ tambi¨¦n el ¨²ltimo.

Fue encuadernado con el envoltorio de ¡°pacto de Estado¡± para destacar su excepcionalidad, a la altura de los pactos de La Moncloa (1977), el de las pensiones de Toledo (1995) o los cuatro grandes acuerdos antiterroristas contra ETA y el yihadismo logrados entre 1987 y 2015. Pero no bastaba con aprobar las 217 medidas para acabar con la lacra y celebrarlo: hab¨ªa que dotarlo con dinero. Y ah¨ª empezaron los problemas que han deslucido el gran logro de la legislatura. Solo ha habido un compromiso econ¨®mico y un anuncio para poner en marcha 26 medidas en 2018 (el 12% de las 217 anunciadas para los pr¨®ximos cinco a?os).

El Gobierno hab¨ªa acordado con las comunidades financiar la primera partida de 200 millones en el primer trimestre de 2018 (a punto de expirar), con indiferencia de si se cerraba o no un acuerdo para aprobar los Presupuestos. Si no hab¨ªa Presupuestos, la partida ten¨ªa que aprobarse a trav¨¦s de un cr¨¦dito extraordinario, con 100 millones para las comunidades aut¨®nomas, 20 para los Ayuntamientos y 80 para medidas del Gobierno. Tras incumplir el compromiso, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, condicion¨® el pasado mi¨¦rcoles los 200 millones a la aprobaci¨®n de las Cuentas del Estado que se presentar¨¢n en Consejo de Ministros la pr¨®xima semana. Sin embargo, el retraso en la salida del conflicto catal¨¢n y el mantenimiento del art¨ªculo 155 puede complicar la aprobaci¨®n de los Presupuestos en la C¨¢mara, deteriorando m¨¢s, si cabe, la legislatura.

Ese agotamiento tambi¨¦n se refleja en la actividad legislativa con el atasco de iniciativas de la oposici¨®n en los tr¨¢mites de enmienda o los vetos del Ejecutivo a medio centenar de propuestas de la oposici¨®n por su impacto econ¨®mico. El Gobierno solo ha aprobado ocho proyectos de ley; entre ellos, tres directivas de la Uni¨®n Europea, los Presupuestos de 2017 y los dos del Concierto Econ¨®mico y el Cupo vascos. Mientras, una decena de leyes siguen en tr¨¢mite frente sus 27 decretos leyes que le permiten eludir las enmiendas de la oposici¨®n. Un m¨ªnimo hist¨®rico que contrasta con el r¨¦cord de 10 reprobaciones a miembros del Gobierno y una moci¨®n de censura.