Llarena compara la rebeli¨®n del proc¨¦s con el golpe de Estado del 23-F

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena proces¨® este viernes por rebeli¨®n ¡ªuno de los delitos m¨¢s graves del C¨®digo Penal¡ª a los l¨ªderes pol¨ªticos y sociales del proceso independentista catal¨¢n. El magistrado considera que en el intento de secesi¨®n se dieron elementos de violencia y lo compar¨®, de forma impl¨ªcita pero inequ¨ªvoca, con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Llarena entiende que el desaf¨ªo solo est¨¢ ¡°puntualmente larvado¡± y podr¨ªa repetirse.

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El juez Llarena pr¨¢cticamente ha concluido la investigaci¨®n sobre el proceso que culmin¨® el 27 de octubre con la declaraci¨®n de independencia de Catalu?a y la intervenci¨®n estatal de la autonom¨ªa a trav¨¦s del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Ayer entreg¨® a las partes el auto de procesamiento, una resoluci¨®n en la que se imputan formalmente delitos de rebeli¨®n a 13 l¨ªderes del proc¨¦s, y delitos de malversaci¨®n y desobediencia a algunos de estos y a otros 12 integrantes de la c¨²pula soberanista.

Cinco de ellos ¡ªlos exconsejeros auton¨®micos Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell¡ª fueron enviados a prisi¨®n. En la c¨¢rcel hay otros cuatro investigados ¡ªel exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los l¨ªderes de las entidades soberanistas ANC y ?mnium Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart¡ª. Siete procesados permanecen fugados de la justicia, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont. Ayer se sum¨® a la n¨®mina de los huidos Marta Rovira, secretaria general de ERC y exdiputada.

El magistrado sit¨²a el inicio del proc¨¦s en diciembre de 2012, cuando Artur Mas firm¨® con Oriol Junqueras el Pacto para la Transici¨®n Nacional, que permiti¨® a aquel ser elegido presidente de la Generalitat. Fruto de este acuerdo se elabor¨® el Libro Blanco de la Transici¨®n Nacional, un informe presentado en septiembre de 2014, que conten¨ªa los pasos para la creaci¨®n de la hipot¨¦tica rep¨²blica catalana. Este documento le ha servido al magistrado como ¡°Piedra de Rosetta¡± para interpretar los sucesos que desembocaron en el refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del 1 de octubre y la declaraci¨®n de independencia.

Este libro blanco sustituye al documento Enfocats ¡ªintervenido en septiembre al ex n¨²mero dos de Junqueras, Josep Maria Jov¨¦, en su despacho de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa¡ª como canon para analizar las responsabilidades de los imputados. Para Llarena, la credibilidad del Enfocats todav¨ªa est¨¢ pendiente de an¨¢lisis, y apenas si lo cita tres veces en pies de p¨¢gina a lo largo de las 70 p¨¢ginas de su resoluci¨®n.

El magistrado explica que la rebeli¨®n se produce con el mero alzamiento, sin que sea necesario que este alcance sus objetivos, y considera que la violencia que exige el tipo penal se caracteriza por tres elementos: que se use la fuerza, que se use preferentemente contra personas y que esa fuerza sea "de entidad suficiente" como para que pueda "doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige". Estos tres rasgos se dieron en la jornada del 20 de septiembre, cuando una ¡°masa de fuerza¡± de 60.000 personas, congregadas por los l¨ªderes de ANC y ?mnium, Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart, destrozaron coches de la Guardia Civil y lanzaron objetos contra la comisi¨®n judicial que llevaba a cabo la Operaci¨®n Anubis contra los preparativos de la consulta, ordenada por el juez de Barcelona Juan Antonio Ram¨ªrez Sunyer.

En ese acto, en el que la letrada del juzgado tuvo que salir de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa por la azotea, se produjo ¡°una real restricci¨®n de la capacidad de actuaci¨®n¡± del Estado ¡°como consecuencia del uso de la fuerza¡±, se?ala el magistrado del Supremo. Esta actuaci¨®n la compara expresamente Llarena con ¡°un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire¡±, en una referencia apenas velada al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

¡°Fanatismo violento¡±

Desde ese momento, afirma Llarena, los l¨ªderes independentistas ya eran conscientes del riesgo de que las movilizaciones posteriores, entre ellas el refer¨¦ndum del 1 de octubre, "desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia". "Impulsar a todos [sus seguidores] a que hicieran frente al amplio despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ten¨ªan la orden judicial de impedir la votaci¨®n del 1-O y a que defendieran el recuento de la votaci¨®n, supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intenci¨®n de contenci¨®n que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente sucedi¨® el d¨ªa de la votaci¨®n", concluye Llarena.

Seg¨²n el magistrado, los cabecillas del proc¨¦s siguieron adelante con el refer¨¦ndum ilegal y su plan de ruptura a sabiendas de que el ¡°fanatismo violento de muchos de sus seguidores hab¨ªa de desatarse¡±, en especial tras los altercados del 20 de septiembre. Con ello se cumple, entiende el magistrado, el requisito de violencia que el C¨®digo Penal aplica al delito de rebeli¨®n, que se castiga en los casos m¨¢s graves con penas de 30 a?os de prisi¨®n.

¡°Este proceso (...) integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parang¨®n en ninguna democracia de nuestro entorno¡±, se?ala Llarena. El juez destaca el hecho de que el plan secesionista se desarroll¨® ¡°aprovechando las facultades pol¨ªticas y de gobierno que la propia Constituci¨®n otorga [a la Generalitat] para la garant¨ªa de los derechos de todos los ciudadanos¡±.

Los encausados, encabezados por Puigdemont, supuestamente buscaban que ¡°el Estado de derecho se rindiera a la determinaci¨®n violenta de una parte de la poblaci¨®n que amenazaba con expandirse¡±. La aplicaci¨®n del delito de rebeli¨®n es ¡°plenamente exigible¡±, seg¨²n Llarena, a este grupo, que incorpor¨® a su ¡°actuaci¨®n criminal¡± el ¡°ineludible estallido social¡± que pod¨ªa producirse.

Llarena no se cree que el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n interrumpa el desaf¨ªo independentista. El libro blanco de 2014 ya preve¨ªa el escenario de que el Estado interviniera el autogobierno catal¨¢n y planteaba que en ese caso ¡°el apoyo de la sociedad civil movilizada¡± podr¨ªa resultar ¡°decisivo¡± para conseguir la independencia. Seg¨²n Llarena, el ¡°ataque¡± al Estado que atribuye a los procesados ¡°puede estar en desarrollo, por m¨¢s que se encuentre puntualmente larvado¡±. La estrategia y las funciones interrumpidas por el 155, a?ade, ¡°parecen estar latentes y pendientes de reanudaci¨®n una vez que se recupere el pleno control de las competencias auton¨®micas¡±.

El delito de rebeli¨®n, contemplado en el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal, es una versi¨®n m¨¢s grave de la sedici¨®n, y se reserva a quienes se levanten "violenta y p¨²blicamente" para, entre otros objetivos, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constituci¨®n" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Los jefes de la rebeli¨®n, seg¨²n el C¨®digo Penal, se pueden enfrentar a penas de entre 15 y 25 a?os de prisi¨®n. En el caso de que medie un levantamiento armado, las penas se elevan hasta los 30 a?os de c¨¢rcel.